Mientras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se aferraba a su poder a pesar de que la gran mayoría del mundo afirma que las elecciones en su país fueron en favor de Edmundo González Urrutia, Estados Unidos negociaba una amnistía para que deje el poder.
El Wall Street Journal, Washington aseguraba la semana pasada que la administración Biden discutía con el régimen, la posibilidad de indultos para Maduro y los principales lugartenientes que enfrentan acusaciones en el Departamento de Justicia de Estados Unidos: tres fuentes de la Casa Blanca confirmaron al WSJ que el gobierno estadounidense “puso todo sobre la mesa” para persuadir a Maduro de que se vaya antes de que finalice su mandato en enero.
Incluía el perdón de las causas en las que se lo implica: en 2020 Estados Unidos ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera al arresto del líder venezolano, acusado de conspirar “para inundar Estados Unidos de cocaína”.
Las conversaciones se habían llevado a cabo virtualmente entre Jorge Rodríguez, presidente del Congreso de Venezuela y hombre de confianza de Maduro, y Daniel P. Erikson, responsable de la política de Estados Unidos hacia Venezuela en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
La negociación es una esperanza para la oposición venezolana, que recopiló y publicó en Internet los recuentos de votantes que indican que su candidato, el poco conocido ex diplomático Edmundo González, derrotó a Maduro de manera aplastante en las elecciones del 28 de julio.
Sin embargo, las fuentes del WSJ apuntaban que Washington ya había hecho una oferta de amnistía a Maduro durante conversaciones secretas en Doha el año pasado, y el presidente venezolano las había rechazado de lleno, asegurando que no dejaría el cargo.
“No se metan en los asuntos internos de Venezuela, eso es todo lo que pido”, contestó públicamente Maduro en una conferencia de prensa el viernes pasado. Pero Estados Unidos apostaba al apoyo de otras tres naciones sudamericanas para inclinar la balanza: Brasil, México y Colombia, también, también involucradas en el intento de resolver el enfrentamiento.
Los ministros de Relaciones Exteriores de los tres países se habían reunido con su homólogo venezolano con el objetivo de planificar una reunión entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el colombiano Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, con Maduro en una fecha cercana. Pero esa línea de negociaciones parece definitivamente caída.
Lula Da Silva propuso un nuevo llamado a elecciones. Y la propuesta fue retuiteada por Petro. Pero la rechazó López Obrador, que está más inclinado a aceptar la victoria de Maduro; y también los Estados Unidos, en la vereda opuesta. "Estamos tratando de trabajar junto con Colombia. Hay varias salidas. Maduro puede hacer un gobierno de coalición con la oposición. Hay mucha gente que está en mi gobierno que no votó por mí y otros sí", consideró Da Silva como alternativa media.
A la par, Colombia promueve un acuerdo inicial de buena fe en el que Maduro liberaría a todos los presos políticos y cesaría la persecución de la oposición a cambio de un alivio parcial de las sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Pero esto no sería un “quid pro quo”, aseguran, sino que Maduro debería mostrar el primer gesto de buena fe.
Equivaldría para el chavismo reconocer que ha mentido: el fiscal general de Maduro ha abierto una investigación criminal sobre los líderes de la oposición actualmente escondidos, y Maduro ha llamado “terroristas” a los organizadores locales de la oposición y ha arrestado a miles de personas en redadas de seguridad desde las elecciones.
A la par, anuló los pasaportes de activistas y periodistas, y ordenó a los venezolanos eliminar WhatsApp, y decretó que la plataforma X, quedaba prohibida durante 10 días, en una guerra con su propietario, Elon Musk, que lo llamó “dictador”.
La Casa Blanca cree por su parte que es muy poco probable que Maduro acepte una transferencia de poder en el corto plazo, o en su defecto, un acuerdo para compartir el poder con la oposición. Pero las negociaciones podrían establecer condiciones para un espacio democrático en las instituciones gubernamentales de Venezuela y para elecciones legislativas competitivas en 2025.
Acuerdos en ese sentido, que permitan que Maduro tome posesión por tercera vez en enero, probablemente pondrían a prueba la voluntad de Estados Unidos de pasar a un segundo plano frente a los negociadores latinoamericanos. La administración Biden insiste en que el resentimiento histórico contra el dominio estadounidense en el hemisferio occidental creció, junto con el éxodo de millones de refugiados venezolanos que emigraron a EE.UU., Colombia, México y Brasil justamente, y que eso abre la puerta a la influencia hemisférica de actores autoritarios como Rusia, China e Irán.
Pero la estrategia de esperar y darle algo de aire a Maduro con la esperanza de que flexibilice sus posturas es para muchos un error, y la prueba de que las negociaciones internacionales son un fracaso que Maduro y el régimen aprovechan una vez más a su favor.
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