Dice el saber popular que hay amores que matan. Convertir en infractores a los mayores de 70 que en la Ciudad de Buenos Aires salgan a la calle sin un “permiso de circulación obligatorio” por encima de las normas generales de la cuarentena se parece demasiado a un ensañamiento terapéutico. No alcanza con la regla general para protegernos solidariamente. Los vamos a cuidar, incluso a pesar de ellos.
La medida anunciada implica decirle a esa enorme franja de gente –más y menos activa e independiente- que, a diferencia de los de hasta 69, no tiene discernimiento ni responsabilidad. Una discriminación que de positiva (a diferencia de los cupos para representar minorías) tiene poco y nada.
Supone además que todos los adultos mayores tienen aceitado el suministro de alimentos y otras necesidades básicas. Que tienen familias solícitas y disponibles, vecinos y porteros gentiles a su servicio. Porque de no ser así, deberán concursar para acceder al servicio telefónico que les habilitará, solo por ese día, por ejemplo, el acceso al alimento. En caso, claro, de que no tengan un freezer bien surtido como se debe, o sigan empeñados en desconocer las aplicaciones de delivery que nos solucionan la vida.
Lo que sí podrán hacer es salir libremente para cobrar sus jubilaciones, como ya lo han hecho en ingrato montón, porque quedó probado que masivamente se resisten a las facilidades del homebanking y otros saltos tecnológicos que impone este tiempo.
Se saben más vulnerables al virus que el resto. Están más solos, tal vez enfermos, tristes. Y por su bien ahora también se los considera inimputables, como se identifica a quienes actúan sin voluntad o conciencia. Para aquietar los ánimos, avisaron que no se penalizará a los que no puedan ofrecerle al policía de la esquina ese número que valide su salida al mundo exterior. Una “probation” al menos les reconocería cierta utilidad social.
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