Efectos políticos siempre hay. El punto es cuánto efecto y en qué aspectos. En este caso creemos que la lectura es más política que legal, ya que nada de lo que se anuncie en el juzgado cambiará el tablero político.
Primero, la película no termina el martes. La vicepresidenta apelará y luego presentará recursos ante la Corte Suprema. De modo que nada es definitivo.
Segundo, la gran mayoría de la sociedad la considera culpable. Estén equivocados o no, siete de cada diez electores no tienen duda sobre su responsabilidad legal.
Tercero, los tiempos judiciales hacen que nada le impida ser candidata a algo el año que viene, aunque se haya bajado en su discurso tras la condena del martes 6.
El efecto será más mediático que político. A diferencia de otras situaciones, los principales actores aparecieron hasta ahora un tanto cautos respecto al barullo. Esto genera una complicación estratégica. En la medida que ella desee continuar con la línea iniciada en el acto en La Plata -la de extender los brazos para contener a todo el Frente- va a entrar en contradicción con su necesidad de confrontar por sus causas.
Ese relevante detalle sí tendrá efectos sobre las decisiones estratégicas. La gran mayoría de los gobernadores oficialistas no cambiarán su decisión de adelantar elecciones. Obvio porque creen que se pierde, pero también porque no ven en Cristina Kirchner alguna idea mágica que dé vuelta un pronóstico negativo. Otro salvador como Alberto 2019 no suena probable. Lo mismo aplica mayormente a los intendentes de la provincia de Buenos Aires.
Para la mayoría social se producirá el sesgo de confirmación, sellará el techo electoral de CFK y los actores relevantes no jugarán fichas fuertes por un destino ajeno. Salvo que suceda un milagro económico y la opinión pública relativice la importancia de los temas que se tramitan en tribunales.
* Por Carlos Fara, analista político, titular de Carlos Fara y Asociados,
por Carlos Fara*
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