El peronismo -“el sentido común de los argentinos"- está luchando a muerte contra su enemigo ancestral: la inflación, o sea, contra sí mismo, ya que desde el día en que nació, el movimiento fundado por “el general” depende de su capacidad para repartir recursos entre los dispuestos a suministrarle los votos que necesita para mantener su hegemonía. Cuando tales recursos comenzaron a escasear, los primeros gobiernos peronistas se pusieron a crear dinero ex nihilo, inundando al país de billetes y provocando así el prolongado proceso inflacionario que, con el correr de los años, haría de la Argentina un pantano económico que sólo los inversores más imaginativos, o ilusos, se animarían a explorar.
Si bien un mandatario peronista, Carlos Menem, logró frenar la inflación aplicando medidas llamativamente “liberales”, le era ajena la disciplina fiscal que le hubiera permitido eliminarla de cuajo, de suerte que, andando el tiempo, todo volvería a la normalidad. No se equivocó por completo Alberto cuando afirmó que la inflación es en buena parte “autoconstruida” porque “está en la cabeza de la gente”, pero olvidó decir que los más afectados por el extraño mal que diagnosticó son políticos como él que, sin prestar atención a la evidencia concreta que los rodea, insisten en comportarse como si la Argentina fuera un país mucho más rico de lo que efectivamente es. Tal actitud los ayuda a sumar votos pero, por desgracia, las consecuencias de su miopía principista han sido terribles para decenas de millones de familias. Aunque pocos lo hacen con tanta tenacidad como los peronistas, todos los políticos profesionales se aferran a los cargos que han sabido conquistar y procuran defender a sus colaboradores. Es por lo tanto lógico que, al agravarse el desastre socioeconómico, el sector público que administran haya reaccionado incorporando más gente.
Es su forma de luchar contra la pobreza que los políticos mismos provocan cuando estimulan la inflación. Hoy en día, los más resueltos a continuar engordando un Estado ya clínicamente obeso son funcionarios kirchneristas que dan por perdidas las elecciones venideras. Además de preocuparse por su futuro personal, se sienten obligados a ayudar a sobrevivir a sus familiares, amigos y otros que podrían serles útiles. Es por tal motivo que Axel Kicillof salvó a Victoria Donda del destino triste de los expulsados de la clase política nombrándola para un cargo fantasmal, el de “Subsecretaria de Análisis y Seguimiento Político Estratégico” del gobierno bonaerense. Se entiende: siempre hay que dar una mano a militantes caídos en desgracia y de tal modo asegurarse la lealtad de quienes podrían sentirse tentados a cambiar de jefe. El peronismo y, en menor grado, la UCR y partes del PRO, son estructuralmente inflacionarios.
Con escasas excepciones, sus dirigentes están convencidos de que la mejor manera de resolver los problemas más urgentes, como los planteados por la pobreza extrema, la inseguridad ciudadana y el deterioro educativo, consiste en entregar más plata a las reparticiones pertinentes. Aunque comprometerse a hacerlo puede ser electoralmente provechoso, también sirve para impulsar la inflación. Asimismo, garantiza que a quienes están preparándose para oponerse a un gobierno obligado a combatir el flagelo no les faltarán argumentos morales contundentes: podrán acusarlo de indiferencia frente a las deficiencias educativas de los jóvenes, de querer hambrear a los pobres o esclavizarlos, forzándolos a hacer trabajos denigrantes y, si les parece ventajoso aludir a un tema tan urticante, de negarse a apoyar a las fuerzas de seguridad para que den batalla contra los narcos y los delincuentes comunes que infestan los centros urbanos.
Los peronistas ya están pertrechándose de armas retóricas que usarán contra un eventual gobierno de Juntos por el Cambio que, prevén, iniciará su gestión con un ajuste severísimo. Algunos se sienten tan impacientes que ya han comenzado a probarlas atacando a Alberto Fernández y, de modo menos frontal, a Sergio Massa. Con la presunta aprobación de Cristina, La Cámpora ha adoptado una postura ambigua frente a lo que está haciendo el ministro de Economía, aunque es de suponer que la jefa no quiere romper con el movedizo tigrense ya que no le sería tan difícil acusarla de ser la principal responsable de la debacle resultante. Por lo demás, de fracasar prematuramente el “plan llegar” de Massa, la bomba que según los macristas el kirchnerismo está armando estallaría en las manos de quienes la están construyendo, fuera con alevosía o porque no saben muy bien lo que están haciendo.
En última instancia, lo mismo da. ¿Está gobernando el Gobierno? A menudo parecería que no, que sus integrantes, comenzando con Alberto, están tan obsesionados por la alternativas de la laberíntica interna oficialista que no tienen tiempo para asuntos que a su juicio son menos importantes que los dolores de cabeza judiciales de Cristina. Por su parte, los demás peronistas, sean “barones” del conurbano o miembros menos encumbrados de la nobleza política nacional, están concentrándose en conservar el dominio sobre los territorios que creen suyos por derecho natural.
Para muchos, sería calamitoso perder el control de tales lugares, razón por la que distintos miembros del gabinete nacional, como el tucumano Juan Manzur y el mandamás de Hurlingham, Juan Zabaleta, optaron por regresar a sus reductos respectivos donde, creen, les será más fácil capear la tormenta que ven acercándose. No sólo el peronismo sino también otras variantes del populismo -una modalidad política que se basa en la noción de que hay que dar al pueblo lo que pide sin preguntarse de dónde saldrán los recursos precisos- son intrínsecamente incapaces de manejar crisis económicas como la que está depauperando la Argentina. Sólo pueden aprovecharlas, lo que hacen ensañándose con quienes procuran superarlas, de tal manera minimizando la posibilidad de que tengan éxito. Es lo que ha ocurrido una y otra vez en las décadas recientes. El ciclo perverso así supuesto continuará hasta que el desastre sea tan colosal que el grueso de la población llegue a la conclusión de que no habrá más alternativa que la de dar la espalda al populismo facilista que, a pesar de todo lo sucedido desde mediados del siglo pasado, sigue siendo el credo de la mayor parte de la clase política.
Para Massa, que esperaba hacer del hipotético éxito parcial de su gestión como ministro de Economía la plataforma de lanzamiento de una campaña electoral acaso quijotesca pero aún así lo bastante digna como para convertirlo en el nuevo caudillo del movimiento peronista, el índice de febrero fue un golpe feroz al plexo solar. Sabe que no le será dado impedir que la tasa de inflación anual salte sobre la barrera simbólica de los tres dígitos para entonces continuar su viaje hacia la estratósfera. Por mucho que los economistas considerados ortodoxos juren creer que no habrá otro tsunami hiperinflacionario como los desatados por los gobiernos de Raúl Alfonsín y, antes de ponerse en marcha el plan de convertibilidad, de Menem, el optimismo tenue que manifiestan es poco convincente. Sin un gobierno capaz de tomar medidas más impactantes que las ensayadas por el armado de Cristina, la inflación seguirá cobrando fuerza.
Es paradójico, pero para solucionar lo que de acuerdo común es el mayor problema que sufre la población del país se necesitaría una estrategia que, en opinión de casi todos, sería políticamente suicida. Es dolorosamente evidente que el gobierno formalmente encabezado por Alberto no tiene la menor idea de cómo enfrentar la catástrofe económica. Tampoco parece tener muchas ideas sobre cómo solucionar o, al menos, atenuar otros problemas mayúsculos, entre ellos los planteados por la expansión del imperio narco que ya ha sentado sus reales en Rosario y está colonizando zonas del conurbano, o el activismo de los mapuches, auténticos o por adopción, en Patagonia y la provincia de Mendoza.
¿Hay colaboracionistas narco en las filas oficiales? Puede que no haya ninguno, pero no cabe duda de que se encuentran personajes que estarían dispuestos a ceder amplias zonas del territorio nacional al Estado todavía ficticio de Wallmapu. Se trata de un movimiento que se parece a otros en Estados Unidos y Canadá, donde las reivindicaciones de los “pueblos originarios” precolombinos cuentan con el apoyo entusiasta de blancos de clase media y alta que se aseveran avergonzados por lo hecho por sus antepasados.
Como todas las sociedades modernas, la Argentina está lidiando no sólo con problemas tradicionales vinculados con la distribución del producto económico sino también con otros, de apariencia nueva, relacionados con las diferencias étnicas y sexuales, que han sido importados de Estados Unidos. Para muchos integrantes del gobierno peronista actual, tales temas son decididamente más interesantes que los que, mal que les pese, inciden directamente y, por lo general, de manera sumamente negativa, en la vida diaria de virtualmente todos sus compatriotas. Lo mismo que las interminables reyertas internas y, desde luego, la lucha por liberar a Cristina del imperio de la ley, les brindan a ideólogos de inclinaciones escapistas pretextos para concentrarse en problemas ajenos a los planteados por una economía que gira fuera de control y que dista de haber tocado fondo
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