El viernes 26 de diciembre el Senado aprobó, tal como llegaron de Diputados, tanto el Presupuesto 2026 como la Ley de Inocencia Fiscal. En el caso del Presupuesto, sin escuchar a sus bases, incluso los senadores radicales —incluido Valdés, de Corrientes, quien surgió a la política desde Franja Morada— aprobaron la desfinanciación de la educación en todos los niveles de nuestro país, rompiendo la regla de intentar alcanzar el 6% del PBI anual. Ese objetivo se cumplió por última vez en 2015, ya que entre 2017 y 2019 el porcentaje se fue reduciendo hasta valores cercanos al 2,3%, mientras que en 2023 llegó apenas al 3,5%.
Durante 2025, ese porcentaje terminó siendo cercano al 1,5%, porque el presupuesto que se utilizó fue el de 2023 ajustado por inflación, inflación que entre 2024 y 2025 acumuló casi un 160%. Para 2026, el número presupuestado es del 0,8%, eliminando además fondos para la educación técnica, o lo que muchos recordamos como el viejo CONET.
También, en conjunto con ello, se aprobó la Ley de Inocencia Fiscal que, más allá de actualizar los valores de evasión para personas físicas y jurídicas, genera múltiples ruidos. No realiza preguntas sobre el origen de los fondos que se incorporan al sistema financiero; impone valores de multas incoherentes a los contribuyentes de todo el país y va a terminar generando una baja de recaudación, pero ya no por caída del consumo —como ocurrió desde el 12/12/2023— sino por la eliminación de contribuyentes (actores económicos) a partir de pedidos de quiebra impulsados desde el propio Estado, con el fin de proseguir con el “ajuste permanente hasta la implosión del Estado”, tal como lo aclaré allá por marzo de 2024.
El desconocimiento del origen de los fondos incorporados al sistema financiero, aun con montos establecidos como topes, permite el lavado de activos provenientes de delitos precedentes. Es decir, para que se entienda mejor: los fondos depositados pueden ser consecuencia de robos, secuestros y/o narcotráfico y/o tráfico de armas. En ese contexto, lo menor de todo es el caso de quienes hayan comprado dólares en el mercado negro por no contar con autorizaciones durante los distintos cepos cambiarios aplicados en nuestro país, producto de la falta de dólares por exportaciones entre 2011 y 2015 y/o por la salida de capitales facilitada entre el 15/01/2016 y el 31/08/2019. Ese esquema volvió a aplicarse el 01/09/2019 y, por el período 2016–2019, en 2021 el gobierno de Alberto Fernández, a través de la Oficina Anticorrupción, realizó una denuncia por fuga de capitales por un total de U$S 85.000 millones, causa que la Justicia decidió cajonear y nunca investigar.
Además de ello, la Ley rompe el acuerdo internacional por el cual nuestro país se incorporó al GAFI contra el lavado de activos, acuerdo que posee rango constitucional desde la reforma de 1994, ya que fue aprobado por el Congreso Nacional. Por ese motivo, podemos quedar excluidos del mundo civilizado y ser considerados un paraíso fiscal, como lo son, por ejemplo, Seychelles, Paraguay y otros países incluidos en la lista del 02/01/2018 por la Ley 27.430. Este escenario no atrae ninguna inversión seria o productiva y nos deja a merced de delincuentes.
Por otro lado, si bien las multas por incumplimiento de los deberes formales —como la falta de presentación de declaraciones juradas— quedaron completamente desfasadas (actualmente son de $200 y $400 para personas físicas y jurídicas, respectivamente), tampoco resulta lógico que se las eleve a $220.000 y $440.000. Muchos responsables inscriptos no facturan en un mes lo suficiente para asegurar la rotación de mercadería y el pago de sueldos, y el remanente se vuelve exiguo. La consecuencia será que ARCA los llevará a la Justicia y, ante el no pago ejecutivo —incluso con embargos—, esos contribuyentes terminarán quebrando. Esto provocará una reducción de la actividad económica en todo el país y, posteriormente, una caída aún más abrupta de la recaudación que la generada por la recesión autoinfligida y el sacrificio inútil al que sometieron a la población desde el 12/12/2023, empujando a grandes sectores a la pobreza. Pobreza que luego intentan confundir con declaraciones cruzadas entre datos del INDEC, la UCA y el Consejo Nacional de Políticas Sociales, cuando siempre las comparaciones deben hacerse sobre un mismo indicador, ya que no todos miden de la misma manera.
Volviendo al tema de la Inocencia Fiscal, en materia tributaria todos los Consejos Profesionales del país enviaron sendas notas explicando la situación, pero, como es habitual, se hizo caso omiso a ellas.
Durante la semana también se conocieron novedades sobre las reservas de oro del Estado Nacional. Ante los tres pedidos realizados por el diputado nacional Sergio Palazzo y el efectuado por la Auditoría General de la Nación, la Justicia exigió esta semana que se informe dónde se encuentran las 11 toneladas de oro en lingotes que fueron compradas en 2021 por el Estado Nacional. Recordemos que durante los meses de julio y agosto de 2024 se pudo observar, a través de los medios de comunicación, cómo eran trasladadas en camiones de caudales del propio BCRA hasta el aeropuerto de Ezeiza para ser embarcadas en aviones de una línea aérea extranjera, y nunca más se supo de su destino.
Ahora, tanto el presidente del BCRA como el ministro de Economía deben declarar dónde se encuentran y/o por pedido de quién se realizó esa operación. El presidente del Banco Central tiene entre sus funciones, estipuladas en la Carta Orgánica modificada en 2012, resguardar los fondos destinados a sostener la economía. Al no hacerlo, ambos se encuentran en condiciones de ser imputados por negligencia en el cumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de fondos públicos (como eufemismo por no decir “choreo”) e integración de asociación ilícita, delitos que indefectiblemente los llevarían a la cárcel.
Pero, ¿cómo afecta esto a la vida diaria? Muy simple: dentro de las reservas brutas internacionales se encuentran los U$S 4.981 millones que representa el oro. Si a eso le agregamos que la cotización del oro creció casi un 5% solo esta semana, nos encontramos con que las reservas no son de U$S 43.610 millones al viernes 26, sino de U$S 37.109 millones reales, llevando las reservas netas a más de U$S -23.000 millones. No se puede contabilizar dentro de las reservas un oro cuyo paradero nadie conoce.
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