POLíTICA | 21-10-2019 13:39

Quiénes son los dueños de los pobres: organizaciones sociales, Gobierno y oposición

Cuáles son los principales planes sociales que creó Macri y cómo los reparte. Denuncias marginales. Los proyectos de Alberto Fernández.

¿De quiénes son los pobres? ¿Del peronismo? ¿Del kirchnerismo? ¿De la Iglesia? ¿De los pastores evangélicos? ¿De las organizaciones sociales que recibieron cuantiosos fondos del gobierno de Mauricio Macri desde 2016, de la mano de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, para disgusto de su par de Seguridad, Patricia Bullrich, de los radicales y del candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto? ¿Serán en el futuro de Alberto Fernández o de aquellas "orgas" que planean seguir en la calle en 2020, desde la de Juan Grabois, que lo vota con resignación pese a que le puso candidatos como Itai Hagman y Ofelia Fernández, hasta las de los trotskistas?

En la crisis de 1998/2002 eran los piqueteros, pero Néstor Kirchner fue habilidoso para incorporarlos en su mayoría a sus filas. Con Cristina Fernández de Kirchner se creó el plan Argentina Trabaja, que fue bajando de 150.000 a 100.000 beneficiarios entre 2010 y 2015. Eran cooperativas de trabajo manejadas por los intendentes y donde la mayoría se ausentaba de las jornadas laborales.

En 2016, Macri transfirió el poder de los jefes comunales a unas organizaciones sociales que venía de criticarle al kirchnerismo, pero que en el último año se aliaron a él. Allí aparecieron los llamados "cayetanos", tres estructuras que marchaban el Día de San Cayetano: Barrrios de Pie, que lidera Daniel Menéndez; la Corriente Clasista y Combativa (CCC), de Juan Carlos Alderete; y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), donde se agrupan los movimientos Evita, de Emilio Pérsico; de Trabajadores Excluidos (MTE), de Grabois, y Popular La Dignidad, de Rafael Klejzer, que organizó y luego se arrepintió de la reciente protesta en shoppings.

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Macri les dio sobre todo a los "cayetanos" pero también a otras "orgas" de izquierda el salario social complementario para 450.000 cooperativistas integrados en unidades productivas. Los fondos se transfieren directamente a las cajas de ahorro de las personas, aunque las organizaciones deben informar si cumplen o no con la asistencia. El subsidio alcanza a medio salario mínimo, unos 8.400 pesos de hoy.

Reconversión. En 2018, el Gobierno, con la sospecha de que muchos cooperativistas incumplían con las horas laborales y en un intento por quitarle a las "orgas" el poder que les había dado, mudó a 250.000 beneficiarios del salario social complementario al nuevo plan Hacemos Futuro. El subsidio es el mismo, pero la contraprestación es la formación educativa.

Los que no completaron la secundaria deben terminarla y además cumplir con 120 horas anuales de formación para el trabajo. Aquellos que sí acabaron el nivel medio deben cumplir 300 horas. Además, todos deben asistir una vez por año al médico. En Desarrollo Social sostienen que comenzaron con un 25% de graduados de la secundaria y ahora llegaron al 96%.

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Los beneficiarios de Hacemos Futuro también reciben el dinero en su cuenta bancaria y eligen dónde capacitarse. El Gobierno destina 500 millones de pesos a unidades de capacitación instaladas por los gobiernos provinciales, municipales pero también de las "orgas", que toman lista a los que asisten. Por ejemplo, Barrios de Pie ha fundado una universidad popular a la que asisten 5.300 participantes.

Cuánta plata reciben. El presupuesto total de Hacemos Futuro son $ 25.000 millones anuales, menos de un décimo de lo que se destina a subsidiar tarifas de energía, transporte y empresas públicas. El salario social complementario, a su vez, demanda 20.000 millones. Pese a que son de las "orgas" más duras con el Gobierno, en el ministerio consideran que La Dignidad y la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) son las que más cumplen con el trabajo productivo. También es cuestión de visitar los merenderos de Barrios de Pie o las sedes de cartoneros del MTE para ver su acción.

Desarrollo Social además dispone de 1.000 millones para fomentar la economía social por cuatro vías: los microcréditos, la ayuda a la comercialización mediante el plan Mercados Solidarios, la asistencia técnica y los subsidios a emprendimientos productivos. En el ministerio sostienen que ese dinero se reparte entre ONGs convencionales y organizaciones sociales.

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“Las ‘orgas’ son ONGs pero que necesitan cortar calles para que les den plata porque no tienen un amigo o un pariente que les done o les consiga donaciones de empresas”, explican en Desarrollo Social. “El 100% de lo que se les da es sobre la mesa, con firma de convenios y rendiciones, sin dar un segundo desembolso hasta que se rinda el primero. En ningún lado se dice que es plata para choripanes o bondis”, se defienden, mientras sospechan que los intendentes son los que ponen los micros para las marchas.

Stanley creó un área para recibir denuncias de beneficiarios de planes sociales contra las "orgas" -o sus punteros- en las que se emplean o capacitan. En casi cuatro años recibieron unos 1.500 reclamos de todo tipo, algunos que prosperaron y otros no, la mayoría de ellos por el salario social complementario. Por ejemplo, detectaron que había personas que iban al cajero con diez tarjetas de beneficiarios. “Pero es marginal el porcentaje en el que ‘orgas’ o punteros les sacan parte de la plata que reciben”, se atajan en Desarrollo Social.

¿Y por qué las personas que reciben el salario social complementario o se capacitan en las "orgas" por el Hacemos Futuro asisten de forma masiva a las protestas? En las huestes de Stanley esgrimen tres motivos: “Porque las ‘orgas’ pueden darlos de baja del plan por ausentismo. Por una cuestión cultural en un país con décadas de punteros. Y porque la ‘orga’ genera apropiación en la gente, es el espacio de sociabilización e integración que encuentran en su barrio”.

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El eventual ministro de Desarro Social de un gobierno de Alberto Fernández, Daniel Arroyo, planea seguir trabajando con las "orgas". Quiere crear con ellas mercados populares donde las personas en situación de pobreza puedan acceder a alimentos básicos y también impulsar un esquema de producción propia, como los desarrollados por la UTT o el MTE Rural. “La gente reclama porque no le dan pero nosotros queremos una economía popular fuerte y que se cree empleo privado”, argumentan en las filas de Fernández. 

Pero los pobres beneficiados por estos planes sociales son solo 450.000. Si consideramos el grupo familiar promedio, son casi 2 millones. Es decir, una porción muy acotada de los 14 millones de pobres que hay en las ciudades del país.

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Alejandro Rebossio

Alejandro Rebossio

Editor de Economía y columnista económico de Radio Perfil.

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