"Si Moreau y Tailhade critican, para nosotros es un elogio”, dice entre risas un camarista federal sobre dos de los principales impulsores del juicio político contra la Corte. Lo había pedido Alberto Fernández en el inicio del año y se lleva adelante en Diputados, pero en cada reunión va perdiendo fuerza. Las balas que salen de la comisión no hieren al máximo tribunal y hasta los propios ya no confían en que haya, ni siquiera, un operativo desgaste para los cortesanos.
Tanto bajaron las expectativas que, en los últimos días, dirigentes peronistas de peso empezaron a buscar por otras vías. José Luis Gioja le metió presión a Alberto Fernández: “Ampliemos la Corte con un DNU”, soltó. Jorge Capitanich ya había pedido que se instrumentara esa idea.
Ataques. El bloque oficialista vive con algarabía cada testimonio jugoso que consiguen. Los últimos celebrados fueron los de Aldo Tonón, el ex titular de la Obra Social, y el de Héctor Marchi, ex administrador general de la Corte. Pero las denuncias caen en saco roto.
En el Palacio de Justicia los apodaron como “el club de los despechados”. Es que, dicen, declaran allí quienes salen heridos del máximo tribunal, sea por causas judiciales o por haber sido removidos de cargos. “Además, van cambiando el objeto de la denuncia”, indican cerca de un ministro de la Corte. La última ampliación realizada por el kirchnerismo tuvo que ver con las elecciones suspendidas en San Juan y Tucumán. Ahora los acusan por “intromisión”.
La comisión parece destinada a fracasar contra los enemigos que Cristina Kirchner eligió. En el palacio de Tribunales se atajan: “¿De qué hablan? Si la mayoría de los cortesanos fueron parte del peronismo”.
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