Las últimas semanas de Mayra Mendoza estuvieron atravesadas por las acusaciones de desvío de fondos a cooperativas de trabajo locales contratadas por el municipio de Quilmes que serían de los propios funcionarios de su gestión. La última novedad del caso fue que el juez Ariel Lijo pidió informes al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que administra los fondos que se destinan para cooperativas; al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), a la AFIP, y a la Inspección General de Justicia (IGJ). Todo con la finalidad de entender cómo es el entramado de cooperativas que trabajan en Quilmes.
Lo que se sabía es que la intendenta, la única con ese cargo en La Cámpora, salió a responder estas acusaciones con un video de diez minutos en el que explica que ella no tiene ningún vínculo con esas cooperativas y que incluso se autodenunció. Pero lo que era un secreto es que también le pidió explicaciones al funcionario involucrado en la denuncia que se originó por una investigación del portal El Disenso, y él respondió que tampoco tenía relación con las cooperativas que le adjudicaban. El apuntado es el ex subsecretario de Hábitat del municipio, Sebastián Raspa, quien renunció cuando surgió el caso. En la investigación periodística se sostiene que Raspa había creado sociedades en Miami, supuestamente fondeadas con el dinero desviado de las cooperativas, pero él le habría jurado a la intendenta que esas sociedad no eran suyas. También se desligó de las cooperativas que le adjudicaban. Según explicó, su nombre aparece en el sistema de licitaciones públicas Comprar como presidente de la Cooperativa de Trabajo La Estrella Limitada, pero al parecer habría sido un error. Raspa envió una carta documento al sistema Comprar para solicitar la rectificación de la información, que ya fue cambiada en el sistema. Es decir que hoy, el funcionario ya no figura como presidente.
La incógnita está alrededor de Martín Bordalejo, un amigo de Raspa que fue empleado municipal en Quilmes y es responsable de la cooperativa La Estrella Limitada y además es quien creó las sociedades en Estados Unidos, Raspa Investments y Borda Investments.
Intrigas
Mayra Mendoza, en su video-respuesta, apunta contra los medios y también contra “la vieja política”. Sucede que, además de mirar con resquemor a la oposición y a los medios de comunicación, también está pendiente del “fuego amigo”, en especial de aquellos funcionarios que puedan tener algún vínculo con Aníbal Fernández, el hoy ministro de Seguridad que fue intendente de Quilmes a principios de la década del ‘90. Aníbal Fernández siempre tuvo interés en la política local de Quilmes. El dato que generó desconfianza fue que la oficina de contrataciones, de la que depende el portal Comprar –donde se colocó el nombre de Raspa en una cooperativa– estaba a cargo de una funcionaria que respondía a Aníbal.
La intendenta Mendoza mostró en su video imágenes de periodistas como Baby Etchecopar o Viviana Canosa, que esta semana la mencionaron en sus programas. El primero fue parte de una polémica con la también periodista Cristina Pérez, quien no quiso dejar pasar un comentario de Etchecopar en el que insinuaba que Mayra Mendoza y la titular del PAMI, Luana Volnovich, tenían algun affaire utilizando el eufemismo de “amigas íntimas”.
Canosa, en su programa, dijo que Mayra Mendoza estaba “imputada por fugar el dinero de los quilmeños a Miami”. Cinthia Fernández, en el programa de Fabián Doman, deslizó que había sido novia de Máximo Kirchner. Toda esa información le llega a Mendoza y alimenta su rechazo a los medios.
Victimización
Mendoza es el globo de ensayo más importante de La Cámpora y sobre todo de Cristina Kirchner. Hablan con bastante frecuencia y la vicepresidenta es su consejera, además de preguntarle por el día a día del municipio. Quilmes tiene 700 mil habitantes, por lo que también es un distrito de peso electoral.
A la intendenta, como dejó claro en su video, le molesta la distinta vara que se aplica a la hora de criticarla. Se compara con otros intendentes y se queja de que ninguno sufre denuncias como ella, que se siente “discriminada” por su doble condición de mujer y dirigente camporista. A los otros barones del conurbano que no forman parte de la agrupación ultra K no les cuentan las costillas de su gestión ni les instalan un móvil de televisión cuando hay un asesinato en su distrito, argumenta. Pobre Mayra.
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