La segunda medida que anunció Luis Caputo en diciembre de 2023 fue la eliminación de la pauta oficial para los medios. Javier Milei, que venía haciendo de esta decisión una de sus banderas de campaña, la celebró.
Sin embargo, la realidad está bastante lejos de eso. De igual manera que hicieron otros gobiernos en el pasado -como el kirchnerismo-, La Libertad Avanza utiliza a la caja de la pauta publicitaria para castigar o premiar medios. En este caso ya no lo hace directamente a través del Ejecutivo, sino con sociedades anónimas con mayoría estatal como Aerolíneas Argentinas o empresas público-privadas como YPF.
Esta última es la gran canilla publicitaria del Gobierno, que por ahora maneja el caputismo, a través de Guillermo Garat, mano derecha del asesor presidencial.
Como viene contando el investigador Agustín Espada, el gasto en publicidad de YPF viene en expansión: en 2025 invirtió US$ 73 millones en ese rubro, 10% más en dólares que en el 2024. A su vez, ese año había aumentado 40% el gasto publicitario, en términos reales, comparado al 2023 (de $ 31.749 millones a $ 97.110 millones). Solamente, está claro, para medios amigos.
Es decir que, además de látigo, también hay chequera, como demuestra lo que sucede en YPF. Esa es apenas una de las canillas por las cuales el oficialismo riega a medios alineados. También se inscriben ahí otros organismos como ARCA, Banco Nación, o Aerolíneas Argentinas.
¿Cuál es el norte de Milei? Basta ver los casos de Nayib Bukele, en El Salvador, y Víctor Orbán, en Hungría, ambos presidentes con los cuales el libertario se ha reunido y muestra simpatías. Orbán creó un Consejo de Medios controlado por el gobierno, que “supervisa” medios, otorga o quita licencias e impone multas, impulsó la compra de medios por oligarcas afines (según el historiador italiano Steven Forti, el holding oficialista KESMA controla el 90% de la prensa), a la vez que impulsó ataques a periodistas. Bukele dio un paso más: según Reporteros sin Fronteras, sus ataques obligaron, sólo el año pasado, al exilio de 53 periodistas, mientras que el pasado denunció la detención ilegítima de otros.
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