Un operativo inédito en un activo estratégico. El Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), dispuso la intervención del Puerto de Ushuaia por un plazo de 12 meses tras constatar irregularidades administrativas y financieras en la gestión del ente provincial encargado del puerto. La decisión fue formalizada mediante la Resolución 4/2026 firmada por el titular del organismo, Iñaki Arreseygor, luego de que las inspecciones oficiales no obtuvieran respuestas satisfactorias de las autoridades fueguinas.
La principal acusación oficial apunta al desvío de recursos que debían destinarse al mantenimiento y mejora del puerto hacia otros gastos de la provincia. Según el análisis de la ANPyN, la administración provincial habría utilizado un 33% del presupuesto portuario para subsidios a las arcas provinciales, dejando apenas un 1,3% para obras y servicios de mejora en la terminal marítima. Este uso de los fondos contradice lo establecido en la Ley de Puertos, que obliga a que los recursos generados por una terminal se empleen exclusivamente en su infraestructura y operación.
Además del manejo de los fondos, las inspecciones revelaron deficiencias en la infraestructura del puerto: faltantes estructurales en el muelle, defensas deterioradas, problemas en el tablestacado y fallas en la carpeta asfáltica, entre otros puntos críticos. También se detectó ausencia de registros formales de ingresos y egresos, con gestiones tercerizadas a una empresa cuestionada por no estar vinculada a actividades portuarias.
La intervención desató un fuerte rechazo del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quien calificó la medida y sus fundamentos como infundados y aseguró que “no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud”. Desde el entorno gubernamental nacional, en cambio, afirman que la relación podría normalizarse si la provincia desplaza a uno de los funcionarios señalados por las irregularidades.
Un puerto estratégico bajo la lupa nacional
El Puerto de Ushuaia es considerado un activo de alta importancia estratégica por su cercanía al continente antártico y por ser uno de los principales puertos de cruceros del país. Aunque no es el de mayor volumen comercial, su rol en la conectividad internacional y turística lo convierte en un punto sensible tanto en lo operativo como en lo político.
Mientras la ANPyN asume la administración, con apoyo de la Prefectura Naval Argentina para tareas de seguridad, la intervención promete mantenerse e incluso podría prolongarse si no se obtienen respuestas claras de parte de las autoridades provinciales.
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