La suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil en Buenos Aires abrió una disputa política y judicial. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, cuestionó a la jueza Marta Elba Pascual y calificó su postura como un “garantismo bobo que no termina de entender la dimensión del problema”.
Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, suspendió por 60 días la Ley 27.801 en territorio bonaerense. La cautelar hizo lugar a un hábeas corpus presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de la libertad.
La magistrada no se pronunció sobre la constitucionalidad de la norma. Se concentró en las condiciones para aplicarla. Advirtió que el ingreso de adolescentes de 14 y 15 años ampliará la población de dispositivos con problemas de capacidad, educación, formación profesional, reinserción y aislamiento.
“Hacinar menores tarde o temprano incrementa los niveles de inseguridad y violencia”, sostuvo Pascual. Aclaró que no rechaza la baja de la edad de punibilidad, sino su ejecución sin infraestructura, personal y programas. También afirmó que el encierro sin educación, oficio ni tratamiento puede agravar el delito.
Pullaro respondió hoy con una mirada opuesta. “Los jueces están para que las leyes se cumplan”, escribió en X. Para el mandatario, la norma busca impedir que quienes delinquen queden impunes por su edad. Recordó la experiencia de Santa Fe con menores utilizados por organizaciones criminales y exigió intervenir frente a quienes “roban y matan”.
El gobernador afirmó que su provincia se preparó para la entrada en vigencia del régimen. Enumeró tobilleras electrónicas, institutos de menores y módulos penitenciarios especializados para los casos más graves. “La ley se tiene que aplicar”, remarcó.
La Ley 27.801, sancionada en febrero y reglamentada por el Gobierno nacional, establece la responsabilidad penal desde los 14 años, prohíbe la prisión perpetua para adolescentes y fija un máximo de 15 años de privación de la libertad. También contempla medidas alternativas y monitoreo electrónico.
El fallo no anuló la ley nacional ni cerró su aplicación en la provincia. La cautelar rige mientras se evalúan los recursos disponibles. El 16 de septiembre deberán presentarse autoridades de Seguridad, Justicia y Niñez para informar medidas y plazos. La disputa enfrenta la exigencia de aplicar la ley con la obligación de garantizar los derechos de los adolescentes.
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