La llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia no fue el único movimiento relevante en el rediseño del área judicial del Gobierno. Junto a él desembarcó Santiago Viola, un abogado con fuerte presencia en los tribunales federales y considerado uno de los operadores jurídicos de mayor confianza de Karina Milei.
Su nombramiento como número dos de la cartera confirma un cambio de equilibrio dentro del oficialismo: el objetivo es concentrar en un hombre propio de la secretaria general de la Presidencia el vínculo cotidiano con Comodoro Py, un terreno clave para cualquier gobierno.
El apoderado de La Libertad Avanza
Viola es abogado y apoderado nacional del partido La Libertad Avanza, rol desde el cual participó del armado legal del espacio libertario desde sus primeros pasos electorales. En ese lugar se convirtió en una figura habitual en las gestiones ante la Justicia Electoral y en el manejo de cuestiones jurídicas vinculadas al partido.
Su cercanía política con Karina Milei lo ubicó como uno de los hombres de confianza para ordenar el frente judicial del oficialismo. Dentro del universo libertario lo describen como un técnico de perfil bajo, habituado a los pasillos de tribunales y con experiencia en expedientes sensibles.
La decisión de ubicarlo en el Ministerio de Justicia responde, en gran medida, a la intención de la secretaria general de la Presidencia de tener un interlocutor directo con jueces y fiscales, evitando intermediarios en la relación con el Poder Judicial.
Trayectoria en causas de alto impacto
Antes de su desembarco en el Gobierno, Viola intervino en varios expedientes judiciales de fuerte repercusión pública. Entre ellos se destaca su participación como abogado en causas vinculadas al empresario Lázaro Báez, así como la defensa de personas involucradas en investigaciones por apropiación de bienes vinculados a la última dictadura.
Su nombre también apareció ligado a operaciones judiciales durante la última década. En el pasado fue señalado por su participación en una estrategia legal que intentó desplazar al juez Sebastián Casanello de una investigación relacionada con la llamada “Ruta del dinero K”. Aquella maniobra incluyó la aparición de testigos que luego fueron acusados de falso testimonio.
En paralelo, desarrolló vínculos con distintos actores del sistema judicial y político, lo que lo convirtió en un interlocutor frecuente en el mundo de los tribunales federales.
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