En las primeras horas del martes 16, el cabo Rodrigo Gómez se quitó la vida en la Quinta de Olivos, a metros de donde descansa el Presidente. Tenía 21 años. Esa misma tarde el gendarme Diego Kalilec, de la misma edad, se suicidó en Salta. En la madrugada del día siguiente encontraron ahorcado al suboficial del Ejército Juan Peireira, de 48 años. El jueves 18 el soldado Facundo Lima se disparó y terminó con su vida en Ushuaia. Tenía también 21 años y estaba bajo licencia psiquiátrica.
Salvo el último caso, en los tres primeros la malaria económica aparece como un factor. Estos hechos conmocionaron a las fuerzas y recorrieron el país. Pero la realidad de fondo es aún más preocupante: parecerían no ser para nada sucesos aislados. Crisis salarial y habitacional, una obra social hecha pedazos que hace imposible, entre otras cosas, el acceso a terapias de salud mental, a lo que se suma el hecho de las características particulares de estos oficios (entre ellos, el acceso a un arma), evidencian un panorama aún más complejo.
Radiografía
Este año el sociólogo Santiago Galar, ex director nacional de Bienestar Policial, publicó “El suicidio policial en Argentina, aportes para la comprensión del fenómeno en clave sociológica (2016-2023)”. Ahí aparece un dato estremecedor: la tasa de suicidios de los miembros de las fuerzas era de 0,18 cada 1000 habitantes, contra el 0,09 de la población general de esa misma franja etaria, entre 20 y 60 años. Exactamente el doble.
Esa estadística estaba hecha con los registros del 2018. El dato preciso de estos hechos dentro de las Fuerzas suele estar guardados bajo siete llaves, una lógica que mezcla el no querer alentar estas situaciones con la intención de evitar quedar en medio del ojo público (y el político). Sin embargo, más allá de los últimos casos aparecen otros. En julio el policía Alejandro Tejerina se suicidó en el Hospital Churruca y, según publicó la periodista Ivy Cángaro, dejó antes una carta para el director del lugar -es la principal institución de salud de la Policía Federal- donde dejaba quejas por la mala atención. El último día de octubre el oficial de la Prefectura, Cristian Roa, de 37 años, se quitó la vida. El 20 de noviembre fue el prefecto Brian Filliez, de 32 años. En el arranque de diciembre se suicidó el prefecto Gastón Viassolo, de 37 años, en las afueras de Rosario. En la Prefectura, por lo bajo, hablan de 15 casos solamente este año.
Casi doscientos años antes del trabajo de Galar, el sociólogo frances Émile Durkheim escribió quizá su obra más famosa. En su libro “El suicidio” desarmaba la idea de que este acto se trataba solamente de una decisión individual, para sostener en cambio que está profundamente ligada a la crisis que atraviesa una sociedad en determinado momento. Y la tesis del francés parecería volver para aplicarse a Argentina.
Es que son varios los factores que explican el contexto en el que se dan estos casos. El primero es la enorme crisis salarial que atraviesan las fuerzas. A pesar del relato del gobierno de Milei, que destaca a esta institución y a sus integrantes cada vez que puede, la realidad efectiva está muy lejos. El primer escalafón de un soldado del Ejército arranca poco arriba de los $600 mil, mientras que un informe de la Fundación Encuentro -de agosto- muestra que en las fuerzas de seguridad la situación es igual de dramática: el sueldo de un gendarme arranca en $688 mil, un prefecto en $757 mil, un policía federal en $848 mil y un policía de seguridad aeroportuaria en $551 mil.
Según el trabajo, la caída del salario real de diciembre del 2023 a esta parte es del 40%, y la cantidad de bajas son récord: 4752. A este sueldo dramático hay que agregarle que a muchos integrantes de las fuerzas se los traslada a distintos territorios por su trabajo, y el alquiler sale de ese mismo sueldo. De acuerdo a las primeras investigaciones de la Justicia, el gendarme Kalilec estaba apremiado por su situación habitacional: compartía el techo con tres gendarmes, pero estos fueron movidos a otra provincia sólo un día antes de que terminara con su vida. Es apenas un ejemplo.
Al pésimo salario hay que sumarle la crisis de la obra social de las fuerzas, IOSFA, que tiene un déficit enorme: según los especialistas supera los $160 mil millones. Eso significa menos y peores prestaciones, y por ende menor contención para la salud física y emocional. “En este mundo tener un problema de salud mental es visto como un factor de debilidad. A eso hay que sumarle que es imposible pagarle a un psicólogo con lo que están cobrando. La gente implosiona”, aporta Sabina Frederic, ex ministra de Seguridad. “Además, pedir una licencia psiquiátrica significa menos plata, el sueldo sigue igual pero los adicionales los dejas de cobrar”, aporta Natasa Loizou, ex directora de la Anmac.
Está claro que esta dramática situación encaja con una más general: según un informe de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera, el suicidio en Argentina alcanzó su récord histórico (9,8 cada 100.000 habitantes), causando más del doble de muertes que la inseguridad. El panorama es oscuro.
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