Cuando Mauricio Macri dijo que, una vez instalado como espera en la Casa Rosada, pondría fin a “los curros” de los derechos humanos, aludía a los negocios de integrantes de la rama empresarial de Madres de Plaza de Mayo que, a cambio de cantar loas al gobierno kirchnerista y sumar sus voces al coro de aplaudidores que asistirían a los actos propagandísticos que montaría, recibieron vaya a saber cuántos millones de dólares que pronto se esfumarían. El jefe de Gobierno porteño pudo haber ido mucho más lejos. Con astucia envidiable, el pragmático matrimonio santacruceño se las arregló para apropiarse de una causa que le aseguraría un barniz ético que de otro modo nunca hubiera conseguido.
Al erigirse en paladines un tanto tardíos de los derechos humanos, Néstor Kirchner y su esposa lograron congraciarse con una parte sustancial de la progresía local, en especial con la vinculada, aunque sólo fuera emotivamente, con los grupos terroristas que, luego de perder la guerra sucia, triunfarían en el terreno político. Andando el tiempo, se oxidaría el blindaje moral que les prestaron a los kirchneristas sus nuevos aliados, pero así y todo sigue siéndoles útil.
A los Kirchner les resultó asombrosamente fácil reemplazar el relato que escribieron mientras estaban en Santa Cruz por otro decididamente mejor. En el Sur acumularon poder y dinero aprovechando con habilidad las oportunidades para lucrar que les ofrecieron primero los militares y, después, los menemistas “neoliberales”. Aunque virtualmente todos sabían muy bien que, antes de trasladarse a la Capital Federal en mayo de 2003, Néstor y Cristina nunca habían manifestado el menor interés por los derechos ajenos, ya que a su juicio se trataba de un tema minoritario que no les brindaría ninguna ventaja política o material, la gente de las agrupaciones formadas por los parientes de los desaparecidos y sus simpatizantes no se dejaron preocupar por tal omisión. Sin vacilar un solo minuto, los abrazaron.
Se entiende: billetera mata no sólo galán sino también a “idealistas” politizados. Con muchísimo dinero aportado por los contribuyentes, los Kirchner se compraron una nueva identidad, la de defensores heroicos de las víctimas de la brutalidad castrense. Se trataba de una proeza que le permitiría a Cristina andar por el mundo sermoneando a los mandatarios de otros países que, en su opinión, no estaban a su altura, además, claro está, de ensañarse con “la derecha” nativa.
Al hablar de “los curros” posibilitados por la voluntad de los kirchneristas de hacer creer que les importan los derechos humanos, Macri sorprendió a los muchos que, por sus propios motivos, han preferido no arriesgarse criticando la forma en que Cristina ha sacado provecho de un asunto tan sensible. Aun cuando lo atribuyeran a una maniobra política cínica, guardarían silencio por miedo a ser acusados de solidaridad para con la represión ilegal. Pero después de coincidir con el juicio del presidenciable porteño Graciela Fernández Meijide y Julio César Strassera, dos personas intachables que, a diferencia de los Kirchner, sí se habían opuesto al terrorismo estatal cuando hacerlo era peligroso, Sergio Massa intervino afirmando que ha llegado la hora de “cerrar la etapa de los derechos humanos”, ya que a su entender no sirve para nada seguir mirando para atrás. Como fue de prever, Florencio Randazzo, Agustín Rossi y otros kirchneristas renombrados por su apego a principios humanitarios elevados reaccionaron con furia, acusándolo de querer dejar al pueblo argentino a la merced de lobos genocidas sueltos.
Délfico como siempre, Daniel Scioli fue más cauto: aseveró que “el compromiso con la verdad y la justicia no se clausura, en esto debemos estar unidos los peronistas”. Sin embargo, sucede que, tanto para Cristina como para los demás compañeros de la gran familia peronista, el fervor por “la verdad y la justicia” no significa querer que rindan cuenta los terroristas o sus enemigos de la Triple-A que fue creada, con la aprobación evidente del general Juan Domingo Perón, por “el brujo” José López Rega para eliminar a los imberbes del ala revoltosa del movimiento, por lo que hicieron antes del golpe militar de marzo de 1976 cuando la Argentina estaba, al menos formalmente, en democracia.
Para casi todos los autoproclamados militantes de los derechos humanos, las únicas violaciones realmente condenables fueron las perpetradas por integrantes del régimen militar y sus auxiliares policiales o civiles. Como Massa ha señalado, el gobierno kirchnerista y sus socios insisten en aferrarse a un período determinado que terminó hace más de treinta años.
Que Cristina y los suyos se esfuercen por impedir que el país salga por fin de la década de los setenta del siglo pasado puede comprenderse. Si bien les ha sido necesario cambiar muchas cosas, entre ellas su propio pasado, creen que les conviene continuar reeditando las batallas ideológicas de su juventud cada vez más lejana. Parecen convencidos de que en aquel entonces todo era mucho más sencillo, que se trataba de una guerra entre el bien y el mal en la que ellos mismos desempeñaban un papel histórico y que, a pesar de algunos reveses coyunturales, finalmente ganaron.
Como la Presidenta nos informa en sus arengas ya cotidianas, el Gobierno que encabeza sigue luchando con coraje sobrehumano contra golpistas agazapados, poderes corporativos concentrados que sirvieron a la dictadura y que sueñan con volver, medios de difusión colaboracionistas, neoliberales y otros demonios igualmente malignos. Da a entender que la única alternativa al kirchnerismo es una tiranía militar, lo que es absurdo puesto que las fuerzas armadas, hambreadas y humilladas por un gobierno que no las respeta, no están en condiciones de tomar el poder y, de cualquier modo, son plenamente conscientes de que intentar salvar a la Patria de sí misma una vez más no podría sino culminar en un nuevo desastre.
Así y todo, Cristina habla y, lo que es peor, gobierna como si aún se viera frente a una oposición representada por un régimen que se fue hace mucho tiempo. Su negativa a adaptarse a los tiempos que corren ha tenido consecuencias catastróficas para el país que, por injusto que le parezca a la señora, ya se encuentra en la segunda década del siglo XXI.
Sería reconfortante suponer que el entusiasmo por los derechos humanos de la Presidenta, los muchachos ya no tan jóvenes de La Cámpora y los dechados de virtud democrática que ocupan cargos en su gobierno se basa en un compromiso sincero con la justicia, pero no hay demasiadas razones para creerlo. El que tantos “militantes” de la causa sean familiares de desaparecidos politizados hace temer que lo que los motiva tenga menos que ver con la esperanza de que la Argentina deje atrás un pasado violento que con el deseo de continuar librando una vendetta personal contra los uniformados, una vendetta que, como sucede en Sicilia, será heredada por sus descendientes.
El contraste con lo que sucedió en la mayor parte de Europa después de la Segunda Guerra Mundial es notable. Luego de una etapa breve en que las víctimas de la barbarie nazi procuraban vengarse contra todos los alemanes y otros involucrados, casi todos optaron por intentar reconciliarse, limitándose a perseguir a los jefes más responsables, como en efecto haría el gobierno del presidente Raúl Alfonsín. La actitud de los “militantes” kirchneristas ha sido mucho más dura; quieren que no haya excepciones, a menos que sea cuestión de acusados de abusos graves como el jefe del ejército César Milani que juran sentirse parte del proyecto “nacional y popular” y por lo tanto merecen ser perdonados. Al permitirle a Milani hacer gala de sus opiniones en tal sentido, Cristina abrió la puerta a la eventual repolitización de instituciones armadas que, en una democracia sana, deberían permanecer totalmente despolitizadas.
En otros países, como Sudáfrica y España, los gobiernos democráticos que sucedieron a dictaduras crueles decidieron que sería mejor desistir de tratar de aplicar retroactivamente la ley. Antes de la llegada al poder de los Kirchner, la Argentina pareció haber adoptado una versión parcial de la estrategia así supuesta, ya que el gobierno de Alfonsín impulsó el procesamiento de los militares y cabecillas terroristas acusados de cometer graves crímenes de lesa humanidad, pero por motivos más políticos que éticos, la tregua que siguió fue abrogada por los santacruceños.
Pudieron hacerlo no sólo porque las fuerzas armadas, desdentadas y desmoralizadas, no planteaban una amenaza real, sino también porque a ciertos sectores les resultaba más atractivo reanudar los conflictos de tiempos ya idos que sentirse constreñidos a enfrentar los desafíos planteados por el enésimo fracaso socioeconómico y político de una serie ya insólitamente prolongada. Es escapista suponer que, para la Argentina actual, ha de ser prioritario castigar a militares por lo que jefes ya muertos les ordenaron hacer casi cuarenta años atrás, pero los kirchneristas se han destacado más por su voluntad de aprovechar políticamente los gravísimos problemas estructurales del país que por intentar solucionarlos o, por lo menos, atenuarlos, razón por la que optaron por seguir rebobinando la historia para luchar contra un enemigo que hacía décadas había abandonado el campo de batalla.
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