El fiscal Jorge Di Lello, el mismo que impulsó los juicios contra Amado Boudou por el caso Ciccone y César Milani por presunto enriquecimiento ilícito, no solo ha imputado al presidente Mauricio Macri y otros cinco funcionarios en la causa Avianca por los supuestos delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación contra la administración estatal y tráfico de influencias. Además pidió que fuera citada a declarar como testigo Isela Costantini, la mujer que había ingresado como ejecutiva estrella a presidir Aerolíneas Argentinas en enero de 2016 y que 11 meses después reconocía entre lágrimas ante sus entonces empleados que estaba sorprendida porque la habían despedido. Era 21 de diciembre.
Con fecha del día siguiente el estudio de abogados Beccar Varela le advertía al entonces vicepresidente de Aerolíneas, Manuel Álvarez Trongé, que media biblioteca de derecho avalaba el ingreso de la colombiana Avianca al mercado de cabotaje, dado un decreto de Carlos Menem de 1994 que eliminó la prohibición de empresas extranjeras en ese negocio que regía por el Código Aeronáutico de 1967, pero otra media biblioteca lo rechazaba con el argumento de que una decisión presidencial no podía contradecir una ley. Ese mismo 22 de diciembre, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la línea de bandera le elevaba a la gerencia general un dictamen que directamente objetaba la legalidad de la entrada de Avianca. Pero ese razonamiento no se escuchó de boca de ningún representante de Aerolíneas en la audiencia pública del 27 de diciembre en la que se discutió la concesión de rutas internas a Avianca, la empresa del brasileño Germán Efromovich que aterrizó en la Argentina en marzo de 2016 tras comprar Macri Airlines (Macair), la firma de vuelos privados de los hermanos, hijos y sobrinos del jefe de Estado. Es que para entonces ni Costantini, ex CEO local de General Motors (GM), ni Álvarez Trongé, ex director de la filial de Telefónica, habían quedado en la empresa. Los había echado el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, otro de los imputados por el fiscal Di Lello.
¿Contará todo esto Costantini en caso de ser citada por el juez Sergio Torres? En el entorno de la ejecutiva, que busca trabajo otra vez en el sector privado, reconocen que la despidieron por su resistencia a Avianca, que había pagado 10 millones de dólares por Macair, y porque le exigían un mayor ajuste presupuestario en la deficitaria y subsidiada Aerolíneas. La ex GM quería que le permitieran acomodar la empresa con mayor gradualidad antes de competir con la colombiana que ocupa el puesto 36 en el ranking mundial de líneas aéreas por facturación. La estatal argentina está 65ª y la chilena Latam, 20ª. Este 9 de marzo, cuando rindió cuentas ante comisiones de la Cámara de Diputados, Dietrich alegó que Costantini sabía cuando asumió el control de Aerolíneas que el Gobierno quería introducirle competidores.
Memos
NOTICIAS publicó los memos de Beccar Varela y de Asuntos Jurídicos de Aerolíneas el 25 de febrero pasado. Dos días después, Dietrich reconoció de facto que el Gobierno había echado a Costantini, que ella no había renunciado por “motivos personales”, como había afirmado un comunicado de su ministerio en diciembre. El funcionario explicó en Radio La Red que Costantini se marchó tras una discusión por la cancelación de vuelos ante un paro de pilotos. También defendió el ingreso de Avianca al mercado de cabotaje, que su ministerio debía aprobar o rechazar tras la recomendación de autorizarla que había expedido el 13 de febrero el presidente de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Juan Pedro Irigoin, otro imputado.
Pero el 1 de marzo, Di Lello presentó su imputación. Se basó en una denuncia del diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, que dos días después amplió su demanda con los documentos publicados por NOTICIAS.
Dietrich terminó anunciando este 6 de marzo en rueda de prensa que la entrada de Avianca sólo sería definida una vez que Macri firmara los decretos para evitar conflictos de intereses que decidió redactar después del escándalo del Correo Argentino, otra firma de su familia que fue concesionaria del servicio postal entre 1997 y 2003. En cambio, aprobó rutas para tres empresas argentinas que ya venían operando a pequeña escala (Andes, Alas del Sur y American Jet), mientras que postergó también la autorización a la naciente FlyBondi hasta que presentara los contratos de compra de aviones, pues por ahora carece de ellos.
En el círculo íntimo de Costantini alguién envió un WhatsApp mientras miraba por televisión la conferencia de prensa: “Solo falta que vuelva ella. Si se lo piden… ja. Depende de la prensa… ¡Qué poder tiene, mi Dios!”. En la Casa Rosada no relacionan el retraso en el aterrizaje de Avianca al escándalo mediático ni a la imputación de Di Lello, pero admiten que existía un “runrún” y que optaron por aprovechar que la Oficina Anticorrupción, que dirige Laura Alonso, estaba preparando un marco jurídico sobre resolución de conflictos de intereses para que el caso Avianca lo inaugurara. Allí mismo dicen desconocer el rumor de que Macri le habría ofrecido un cargo a Costantini por fuera del área que conduce quien se enfrentó a ella, Dietrich.
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por Rodis Recalt, Alejandro Rebossio
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