"Muchachos, no podemos abandonar a esta piba. Su accionar fue respuesta a un acoso previo, no es que iba por la calle discriminando. Los brazucas están ensañados en cagarle la vida solo por ser argentina. Toca bancar a una compatriota", posteó Ramiro Marra en su cuenta de la red social X. El ex legislador porteño adjuntó, junto a su mensaje, un video de Agostina Páez, la abogada e influencer argentina que fue acusada de discriminación racial por los gestos realizados al personal de un restaurante de Brasil.
En la grabación, Páez afirmó: "En este momento me llegó una notificación de prisión preventiva por peligro de fuga, siendo que tengo una tobillera electrónica que tengo puesta y estoy a disposición de la Justicia desde el día uno. Se están vulnerando todos mis derechos, estoy desesperada, estoy muerta de miedo y hago este video para que se haga eco de la situación que estoy pasando".
Hace semanas, una discusión por el cobro de una cuenta en un bar de Ipanema, en Río de Janeiro, se transformó en un caso judicial de impacto internacional cuando la turista argentina fue acusada de realizar gestos racistas y expresiones discriminatorias contra empleados de un local de comida. El episodio ocurrió el 14 de enero, cuando, según la denuncia presentada por el personal del establecimiento, la mujer de 29 años profirió "insultos" y "gestos" considerados racistas mientras intentaba resolver un desacuerdo sobre el pago del consumo. Testimonios y registros fílmicos capturados por cámaras de seguridad muestran cómo se dirigió al personal con términos asociados a un simio, hechos que en Brasil constituyen delito bajo las leyes contra la discriminación racial.
La identidad de la acusada quedó rápidamente difundida en medios de comunicación y redes sociales. Páez, oriunda de Santiago del Estero, se encontraba en en la región carioca acompañada de amigas cuando se produjo el incidente. Además de su profesión como abogada, se le reconoce presencia en plataformas digitales con miles de seguidores antes de que sus cuentas fueran desactivadas o puestas en modo privado tras el episodio.
Desde el inicio, las autoridades brasileñas trataron el caso con rigor. La Policía Civil de Río de Janeiro informó que el incidente fue denunciado de inmediato por los empleados del bar al percibir insultos raciales y gestos ofensivos. En ese aspecto, Brasil tiene una política de tolerancia cero frente al racismo y los delitos de injuria racial, con penas que pueden ir desde multas hasta prisión de varios años, y no admiten fianza en muchos casos. Las imágenes registradas en el bar sirvieron como evidencia para formalizar la denuncia ante la comisaría correspondiente.
En respuesta a la denuncia, la justicia brasileña incautó el pasaporte de Páez y ordenó la colocación de una tobillera electrónica para asegurar que permanezca en el país mientras avanza la investigación. La medida cautelar fue ejecutada pocos días después del incidente, en el marco de la etapa de instrucción judicial, y busca evitar la fuga de la acusada mientras se recaban pruebas y se evalúa su responsabilidad penal. Esta resolución fue confirmada por fuentes oficiales y medios que cubrieron la noticia en los días siguientes a los hechos.
A medida que el proceso se desarrolló, la Policía Civil de Río de Janeiro cerró la investigación preliminar y remitió el expediente al Ministerio Público, lo que implicó la formal imputación de Agostina Páez por el delito de “injuria racial”. Ese avance procesal marca el traslado de la causa desde la fase policial de recopilación de pruebas hacia la instancia en la que la fiscalía evaluará si presenta cargos formales ante un juez, y bajo qué calificación legal específica. En paralelo, las autoridades también imputaron a una amiga de Páez por presunto falso testimonio, según comunicó la fuerza policial.
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