“Sueños compartidos” era un proyecto habitacional que funcionó entre el 2006 y el 2011. El Estado contrataba a la Fundación Madres de Plaza de Mayo -que se creó especificamente con este fin, separada de la histórica Asociación- para crear viviendas en los lugares más carenciados del país. Hebe de Bonafini, la máxima autoridad, delegó la responsabilidad en quien decía que era “su hijo adoptivo”, Sergio Schoklender. Durante esos seis años, el parricida se convirtió en el apoderado de la Fundación y su hermano Pablo en el tesorero, en un proyecto de 1300 millones de pesos, que se supondría construiría 4500 viviendas. Cuando terminó, a la Fundación le habían derivado $ 700 millones, equivalentes a 2500 casas, de las que sólo se construyeron 822.
En la Justicia no tienen dudas: ven cada movimiento de la maniobra delictiva con absoluta claridad. En el juzgado de De Giorgi sacan pecho con el fallo de 552 páginas y se muestran orgullosos de su trabajo. Desde allí avisan que el litigio venidero -estiman que podría llegar a juicio oral dentro de un año- no solo podría complicar a los actuales procesados, sino que quizás se convierta en la clave para desenmarañar la red de corrupción de la era K. Es decir: la investigación de De Giorgi, que realizó junto a la Auditoría General de la Nación de Leandro Despouy, podría determinar el futuro político del país.
La Justicia reconstruyó el siguiente patrón de comportamiento para el desvío de fondos. Desde la Secretaría de Obras Públicas, José López firmaba y liberaba cada partida, que era entregada a cada provincia o municipio por el subsecretario, Abel Fatala. Los gobernadores e intendentes -Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, entre otras-, apenas recibían el dinero se lo entregaban a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, por eso los titulares de los ejecutivos locales zafaron del procesamiento: como las obras estaban otorgadas sin licitaciones, su tarea se limitaba a ceder las partidas enviadas. En el momento que ese dinero llegaba a la Fundación, y a las manos de Schoklender, empezaban los manejos espurios. Una parte del dinero era, efectivamente, usado para la construcción. Pero no todo.
De ese millonario descontrol, la AGN pudo determinar que 206 millones de pesos fueron desviados de su fin específico por el mayor de los hermanos, efectuando giros a empresas cuya actividad no estaba relacionada con la construcción de obras (por $ 123 millones), realizando extracciones en efectivo (por $ 52 millones), transfiriendo a funcionarios públicos ($ 553 mil) y pagando a personas físicas con cheques de menos de $ 5000 (por $ 31 millones). “Meldorek era el foco de la corrupción”, asegura alguien que trabajó en la investigación. Esa empresa, comprada en un 90% por Schoklender en el 2010 -por más de 1 millón de dolares, “con algo de plata ahorrada y un préstamo de un empresario amigo”, según dijo el hombre a NOTICIAS-, era el centro desde el cual se apropiaban los fondos. Según la Justicia, a través de Meldorek -sociedad que tenía la propiedad de dos aviones, un yate y una Ferrari, y que fue comprada para darle una “fachada legal” al asunto-, Schoklender cambiaba cheques por dinero en cuevas financieras o en cooperativas, sin documentación que respaldase las transacciones o el monto fehaciente de cada operación. “Hacíamos eso para pagar sueldos y gastos materiales. Casi todas las empresas lo hacen, no solo la Fundación”, se defendió el acusado en el 2011, cuando habló por primera vez en NOTICIAS, haciendo referencia a la urgencia de dinero en efectivo que tenía una empresa que llegó a contratar a 6500 personas.
¿Meldorek podría ser el equivalente a Austral Construcciones, la sociedad de Lázaro Báez, sospechada de ser usada para el lavado del dinero estatal proveniente del mismo ministerio? En la Justicia piensan que es una posibilidad latente. De hecho, hay nombres y empresas que se repiten en otras complicadas causas. Cabaña Agropecuaria Del Zonda SA y Agropecuaria Monte León SA, ambas pertenecientes a Adolfo Bus y Cristian Terdjanian -y en la primera también tiene participación Pablo Sette-, aparecen en la causa de los desmanejos en el proyecto Fútbol Para Todos. Aunque suene raro, las empresas agropecuarias, que nada tienen que ver con el rubro de la construcción, figuran en dos litigios distintos, pero bajo la misma sospecha: ser la fachada para lavar activos. No solo eso: según el fallo, hay pruebas para establecer que el financista Guillermo Greppi, amigo personal de Carlos Liuzzi -el segundo de Carlos Zaninni en la Secretaría Legal y Técnica del kircherismo-, era otro de los accionistas en las sombras de las agropecuarias. Además, en la investigación que se le hizo al círculo de Lázaro Báez, se determinó que Greppi había tenido llamadas telefónicas con Federico Elaskar y Leonardo Fariña.
por Carlos Claá, Juan Luis González
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