La diputada Victoria Donda, de Libres del Sur, amplió este viernes su denuncia por la “posible comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y fraude contra la administración pública, en la que resultan imputados, entre otros, los miembros del Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que preside el jefe de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Emilio Basavilbaso”. Donda había denunciado el pasado 15 de mayo al presidente Mauricio Macri, a Basavilbaso y otros funcionarios por la venta a precio supuestamente bajo de las acciones del FGS en Petrobras Argentina (12% del paquete accionario) a Pampa Energía, del empresario Marcelo Mindlin, y en la química Solvay Indupa (17%) a una empresa del grupo brasileño Odebrecht en 2016.
La diputada pidió ayer al juez del caso, Claudio Bonadio, que investigue la participación de las autoridades de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que autorizaron el precio de la venta de Petrobras Argentina a pesar de que accionistas minoritarios de la sociedad -que sumaban el 17% de la propiedad de la empresa- habían presentado cotizaciones de dos consultoras por encima del valor ofrecido por Mindlin. La CNV, que preside Marcos Ayerra, “debe velar por la transparencia de los mercados de valores y la correcta formación de precios en los mismos, así como la protección de los inversores”, sostiene Donda.
La legisladora pidió además que se solicite a la justicia de Brasil información sobre la investigación que allí está desarrollándose por la sospecha de maniobras fraudulentas de parte de Petrobras Brasil en la venta de su filial argentina -de la que tenía 67%- a Mindlin. Una jueza de Río de Janeiro ordenó el 8 de mayo que se citara a declarar al empresario argentino. Supone que la petrolera brasileña tenía mejores ofertas que la de él para liquidar su subsidiaria argentina.
Otro diputado, el kirchnerista Rodolfo Tailhade, había denunciado también que la Anses vendiera las acciones de Solvay Indupa a Odebrecht y que suscribiera en 2016 un bono de la provincia de Córdoba para financiar gasoductos que está construyendo la empresa brasileña. El fiscal Jorge Di Lello, que instruye ambas denuncias, imputó por la de Tailhade el 10 de mayo al ministro de FInanzas, Luis Caputo, a Basabilvaso, al ex secretario de Política Económica Pedro Lacoste, al ex secretario de Hacienda Gustavo Marconato y al ex director del FGS Luis María Blaquier. Bonadio, que también instruye en ambas denuncias, ordenó el 19 de mayo allanamientos en el Minsterio de Finanzas, la Anses y Pampa Energía en búsqueda de documentación.
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