Mundo / 27 de octubre de 2017

Cataluña se queda sin aparato estatal y marcha rumbo a la quiebra

España retirara su presencia en la región: jueces, policía, ejército y funcionarios. Mientras tanto, unas 1000 empresas se fugaron y el PBI catalán caería en picada.

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Marchas en Barcelona, delante del Parlamento regional a la espera de su decisión sobre el desafío independentista.
Marchas en Barcelona, delante del Parlamento regional a la espera de su decisión sobre el desafío independentista.

A minutos de que el Parlamento catalán aprobara una resolución para declarar la independencia, Mariano Rajoy, pidió “tranquilidad” y prometió restaurar la ley .

“Pido tranquilidad a todos los españoles. El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña”, escribió el presidente del Gobierno español en Twitter, y abrió un escenario de conflicto inédito en España.

Matices. Aunque Cataluña no declaró la independencia en términos estrictamente jurídicos, la resolución aprobada hoy fue celebrada por los independentistas como si de la proclamación de una nueva “república” se tratara.

El “Parlament” aprobó una resolución propuesta por las fuerzas que apoyan al Gobierno regional de Carles Puigdemont para iniciar un proceso que acabe con la constitución de un “Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social”. Claro, sin fijar un plazo, lo que mantiene cierta duda.

Para los madrileños, por el contrario, la votación cierra la puerta a una solución dialogada. Y el Gobierno de Mariano Rajoy deberá definir hoy en el Senado una repuesta.

En paralelo, habrá una guerra judicial: la Fiscalía General del Estado había avisado que, en caso de que se proclamara la independencia, presentaría una querella contra el líder catalán, su Gobierno y la Mesa del “Parlament” por rebeldía, un delito castigado con hasta 30 años de prisión.

Quiebra. Otra posible consecuencia de la declaración es el camino a la quiebra de Cataluña. La hégira masiva de empresas recortaría en un año el PBI de la región a la mitad.

El consejero del área de Empresa de “Govern”, Santi Vila, renunció en la noche del jueves para mostrar su rechazo a la vía unilateral de Puigdemont, no compartida por todos sus seguidores.

Por eso, sin dar una respuesta por la fuerza, la mejor contra respuesta para Madrid es asfixiar a la región desde lo económico, bloqueándola también en el ámbito internacional.

El plan secesionista de la “república catalana” requeriría reconocimiento internacional, y España retirara su presencia en la región (jueces, policía, ejército, funcionarios, etc.): dos condiciones que hoy nadie en Cataluña parece plantearse.