El empresario que más creció en la “década ganada”, el amigo personal de los Kirchner y zar del juego, Cristóbal López, no sólo financió la expansión de su imperio con el Impuesto a las Transferencias de Combustible (ITC), maniobra que investiga la Justicia y por la que fue citado a declaración indagatoria. También lo hizo con un escandaloso megacanje tributario que el gobierno le confeccionó a medida y que le permitió dejar de pagar todas las obligaciones fiscales de sus empresas de medios, a cambio de publicidad oficial.
Corría el año 2014. Las elecciones nacionales estaban a la vuelta de la esquina y el gasto en propaganda –que no paraba de crecer año tras año- casi duplicaba los 950 millones de pesos aprobados originalmente en la Ley de Presupuesto: un total de más de 1700 millones. Ya se habían agotado los mecanismos directos –la pauta distribuida a través de la Secretaría de Comunicación Pública- y los indirectos, como el programa Fútbol Para Todos y los fondos de la Anses. Pero nada era suficiente. Apareció entonces la idea de inaugurar una cuarta “caja”: la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
A través de la Resolución General 3681 y la Resolución 885/2014 firmada en forma conjunta por el entonces Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich y el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray –ambos a su vez citados a indagatoria por desvío de fondos de Futbol Para Todos y por lavado en la causa “la ruta del dinero K”- se dotó de legalidad al “plan perfecto” que le permitiría al gobierno, por un lado, saciar su sed propagandística, y al patagónico, por el otro, seguir comprando medios “adictos”, fundamentales para la entonces venidera campaña presidencial.
“El negocio era redondo y beneficiaba a ambas partes: se le permitió a López dejar de pagar impuestos para así con esos fondos salir rápido a comprar más empresas de medios, y a su vez, pagar esas deudas con lo que él mismo vendía (y vende): pauta publicitaria. O sea, no sólo se le permitió estatizar una deuda privada, sino además convertir al gobierno en su cliente cautivo, quien logró así aumentar la publicidad oficial en pleno año electoral. Todos ganaban”, cuenta Gonzalo Espinosa Paz, abogado que denunció la maniobra ante el juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart. ¿Todos ganaban? Si se toma en cuenta que, además, parte de las ganancias del Grupo Indalo volverían en forma de habitaciones de hotel “alquiladas” a la familia presidencial -tal como se investiga en la causa Hotesur- más aún. Todos, menos las arcas públicas.
Una asociación ilícita, un delito penal y un modus operandi. La idea no era nueva. De hecho, todos los gobiernos, de Menem a esta parte, hicieron uso del recurso de cambiar deudas impositivas de las empresas de medios por publicidad. Pero, como en tantas otras áreas, el Kirchnerismo lo llevó a un extremo. En 2011, en oportunidad de otro canje (la Resolución 132/10) la diputada Margarita Stolbizer (GEN), había interpuesto un pedido de informes “sobre el manejo de recursos extraordinarios provenientes de la condonación de deudas registradas hasta 2008”. Pero, fieles al estilo K, fueron por más.
El 2 de octubre de 2014 se emitió la norma que dispuso una moratoria, cuando menos, “llamativa” -por no decir escandalosa- ya que no sólo incluía las obligaciones contraídas hasta la fecha, como es lo habitual, sino que establecía que también se canjearían las “deudas impositivas, aduaneras y previsionales devengadas hasta el día 31 de diciembre de 2015, inclusive”. O sea: una moratoria a futuro. O, lo que es lo mismo, el propio Estado instando a sus contribuyentes a que dejaran de pagar impuestos por un año, más concretamente, hasta pasadas las elecciones y finalizado el mandato de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué un gobierno, a través de su ente recaudador, fomentaría el no pago de las obligaciones fiscales? Para abultar así la deuda que sería canjeada por publicidad oficial, y de esta forma aumentar al máximo su presencia en los medios.
El no cumplimiento de las obligaciones fiscales es un verdadero modus operandi del empresario: cada compañía adquirida por él dejó automáticamente de pagar todo tipo de tributos y cargas sociales. Esto le permitió hacerse de los fondos para financiar su meteórico ascenso, tal como lo investiga la Justicia.
Este plan, reconocido en declaraciones públicas por el propio ex empleado y luego socio de Cristóbal, Fabián de Sousa, no podría haberse llevado a cabo sin la complacencia de las altas autoridades políticas: cualquier conglomerado cuyas empresas acumulen un sinfin de deudas con el fisco, es, por lo menos en algún momento, intimado al pago o hasta inhabilitado para operar comercialmente. No fue el caso de Indalo.
Sin embargo, hasta ahora, se creía que los favores de Echegaray se agotaban en los benévolos planes de pago, con plazos de 10 años y tasas irrisorias del 1,35% mensual. No. La resolución 885/2014 prueba que el actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) fue más allá, conformando lo que se sospecha es una verdadera asociación ilícita.
Si bien el artículo 32 de la Ley de Procedimiento –suspendido por el nuevo titular del ente recaudador, Alberto Abad apenas asumió- le daba discrecionalidad en el otorgamiento de moratorias, la normativa es también muy clara en cuanto a que las empresas deben acreditar una situación de crisis financiera que les impida hacer frente a las obligaciones. Indalo no sólo no estaba en crisis, sino que, muy por el contrario, estaba en pleno plan de expansión con la compra de más y más empresas.
Según la definición, se denomina asociación ilícita a un grupo de individuos constituido con el objetivo de cometer un acto contrario a la ley, ya sea un ilícito civil o un delito sancionado por la ley penal. ¿Cuál sería el delito penal cometido en este megacanje a medida de Indalo Media? La retención y el no pago de los aportes previsionales de los empleados, un delito tipificado en la Ley Penal Tributaria, con penas que van de los 2 a los 6 años de prisión, y que aumentan en un tercio en el caso de los funcionarios que lo permiten, con la consecuente inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Documentos a los que Noticias tuvo acceso en exclusiva muestran que las distintas empresas que conforman Indalo Media repiten este patrón delictivo. Es el caso de Votionis SA, titular de Radio 10, que adhirió al megacanje por 81 millones de pesos.
Amor, amor, amor. ¿Y quién definía cuánto valían, en segundos publicitarios, los impuestos adeudados? Según la resolución, se establecía mediante “acuerdos entre la Secretaría de Comunicación Pública y los titulares de medios”. Dicho organismo, que multiplicó el gasto publicitario nada menos que un 3811% durante la “década ganada”, era comandado por Alfredo Scoccimarro, pero el verdadero poder era de quien decidía discrecionalmente el destino de los millonarios fondos distribuidos entre los medios “filo-K”: el subsecretario de Comunicación Pública, Hernán Reibel Maier. Conocido como el “cajero de La Cámpora”, el joven funcionario es no sólo amigo íntimo de Máximo Kirchner desde la infancia, sino, nada más y nada menos, que novio de la Gerenta General de Producciones Periodísticas del Grupo Indalo, la también camporista Desiré Cano, encargada de que la línea editorial del grupo esté alineada al gobierno. Dicho de otro modo, la resolución avalada por Capitanich y Echegaray permitió que la negociación del monto final de la deuda de C5N, Radio 10, y las FM Pop y Mega –no menos de 400 millones de pesos- terminara siendo una charla entre las sábanas.
Como dijo De Sousa en una entrevista a su propio diario, Ambito Financiero: “en Argentina tenemos todo para seguir invirtiendo”.
por Guadalupe Vázquez
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