Sociedad / 30 de julio de 2018

Planned Parenthood, la más denunciada de los antiaborto

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Un “holding con la mayor cantidad de empresas dedicadas al aborto”, una organización que “se dedica al tráfico de órganos de fetos”. Una “multinacional del aborto”. Así definen algunos grupos pro-vida a “Planned Parenthood”. Una ONG que provee servicios de salud reproductivos en los Estados Unidos, y que está siendo investigada por el FBI por presunta venta de tejidos y órganos de los fetos desechados en los abortos quirúrgicos. Esta semana, en medio del caliente debate de la ley por la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el plenario de comisiones del Senado, algunos referentes y senadores que están en contra del aborto, la mencionaron en sus discursos. La acusan de haber financiado a agrupaciones argentinas a favor de la ley y de que estaría haciendo presión para poder “instalarse en el país”. “Nosotras no tenemos contacto con Planned Parenthood. Ellos mezclan todo y mienten. Todo lo que recibimos es transparente”, indica a NOTICIAS Marta Alanis, presidenta de “Católicas por el derecho a decidir”, una de las ONG señaladas por varios representantes del activismo antiaborto. ¿Pero de qué se trata “Planned Parenthood”?

“Planned Parenthood” o la “Federación americana para la planificación familiar” (PPFA, por sus siglas en inglés) nació en 1942. Su fundadora fue Margaret Sanger, precursora en la investigación de la píldora anticonceptiva, pero también una referente polémica por sus ideas sobre la eugenesia. Sanger, además, es una de las mujeres que impulsaron la creación de la “Federación internacional de planificación familiar” (IPPF), una organización global que congrega a la norteamericana y que trabaja con más de 170 socios en el mundo, incluyendo 45 en América Latina y el Caribe. Fue una de las pioneras en la prestación de servicios de salud y el desarrollo de políticas públicas. En la Argentina, su miembro representante es “Casa FUSA”, una asociación civil que promueve que “adolescentes, jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad, tengan acceso pleno a sus derechos sexuales y reproductivos, y una salud de calidad”. Sin embargo, es la sede norteamericana la que en los últimos años ha sido foco de controversias y hoy es objeto de una investigación por parte del FBI.

Una de las primeras en mencionarla fue la senadora por Cambiemos de Tucumán, Silvia Elías de Pérez: “Tiene la mayor cantidad de empresas que se dedican al tema de aborto, y en las distintas formas jurídicas va interviniendo en los diferentes países hasta conseguir meter ese negocio”, señaló. La senadora, contraria al dictamen del proyecto aprobado por diputados, les preguntó a los expositores a favor del aborto, si eran financiados por esta organización. Primero lo hizo con la Fundación Huésped. Siguió con los representantes del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), de Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Católicas por el Derecho a Decidir.

Si bien es cierto que la sede estadounidense no financió a ninguna de estas organizaciones, sí lo hizo la “Federación internacional de planificación familiar”, vinculada a la anterior, tal como se desprende de los reportes financieros que la organización publica cada año en internet. Allí se observa que entre 2014, 2015 y 2016, la asociación global distribuyó un promedio de un millón y medio de dólares a distintas organizaciones argentinas, entre las que también figura la Fundación Universidad de Palermo y “Casa FUSA”.

Tanto “Fundación Huésped” como “Casa FUSA” -contra la que también apuntó Elías de Pérez-, redactaron un comunicado en el que niegan la conexión con la “Planned Parenthood”, pero sí admiten la colaboración con la PPFI. “La Planned Parenthood Federation of America es el socio de la IPPF en los Estados Unidos. FUSA AC no tuvo ni tiene ningún vínculo con la PPFA. Toda la información que circula es falsa y malintencionada”, explicaron a NOTICIAS desde la entidad. Cuando se les consultó sobre cómo había sido distribuido el dinero no volvieron a responder.

Investigación. En Estados Unidos, la “Planned Parenthood” es una de las mayores proveedoras de centros de salud –aproximadamente unos 597- donde además de estudios ginecológicos, se realizan abortos.

En el 2015 quedó en el centro de la polémica tras conocerse unas cámaras ocultas donde su directora Déborah Nucatola discutía la supuesta venta de órganos y tejidos de fetos abortados. Además, explicaba cómo se podría manipular el feto al momento del aborto para no dañar esos requeridos órganos. En Estados Unidos, tanto la venta de órganos como la manipulación de los métodos está penada por la ley. “Mucha gente quiere corazones intactos”, es una de las frases que desliza la ejecutiva. Sin embargo, la Justicia determinó que los videos habían sido editados, y no la encontró culpable. Pero en diciembre del 2017, el FBI volvió a abrir una investigación sobre las prácticas que se hacen con los desechos fetales.

El periodista pro-vida Mariano Obarrio justamente relacionó esta situación de “Planned Parenthood” con el hecho de que el proyecto de ley de IVE no contempla qué se haría con los desechos de los fetos. “No regula qué hacer con los restos humanos que se producen en un aborto. Y esto es muy sospechoso habiendo tantas informaciones periodísticas que dan cuenta de que hay grandes organizaciones en el mundo que se dedican al tráfico de órganos con este tipo de desechos”.

Al respecto, desde el ala pro-aborto de Cambiemos, dijeron a NOTICIAS: “Es parte de esta campaña para mal informar. La mayoría de los abortos no son quirúrgicos, son farmacológicos. Ni siquiera son con internación, por lo que no hay desechos. Esto no tiene por qué tener regulación en la ley. En todo caso, es un tema para la reglamentación”.