Más de 600 periodistas de 170 medios internacionales cubren el juicio mediático en el que Tribunal Supremo español evalúa la suerte de los doce procesados por la declaración de independencia catalana.
Litigio central para la democracia española que vive un proceso de crisis política (en pleno debate presupuestario y ante la sombra de un avance electoral de la extrema derecha), en el que la promoción de la violencia será la excusa de la Fiscalía para pedir una condena ejemplar para Oriol Junqueras (ex vicepresidente de la Generalitat), Carme Forcadell (ex presidenta del Parlament), Jordi Sánchez (ex presidente de la ANC), Jordi Cuixart (presidente de Òmnium Cultural), y los ex consellers Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila.
Los nueve primeros están ya presos desde hace un año, acusados de los delitos más graves: rebelión y sedición. Junqueras, Forcadell y "los Jordis" como "promotores". Y se les suman cargos por malversación, desobediencia y organización criminal.
Justicia. "El juzgamiento sobre la democracia lo hacen a diario los españoles, incluidos los catalanes, cuando votan”, marca el embajador de España en Argentina, Javier Sandomingo Núñez.
“Todos vimos lo que sucedió con coches propiedad del Estado con los que incluso se robaron armas”, agrega. Si esa violencia es suficiente o no para configurar el delito de rebelión le tocará al Tribunal Supremo definirlo.
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“Lo que está sometido a juicio es haber ignorado la Constitución española, haberla derogado en territorio catalán y haber derogado el estatuto de autonomía”, sigue Núñez. Por otro lado se les acusa de haber desobedecido insistentemente las advertencias del tribunal constitucional español. "En el sentido de que lo que se proponían hacer estas personas era anticonstitucional", explica el embajador. “En el siglo XXI pretender destruir un Estado que, mejor o peor, lleva viviendo junto siglos, no puede hacerse al margen de la ley”, concluye.
En las veredas de enfrente, Junqueras, pone en tela de juicio el proceso y denuncia una supuesta persecución contra el independentismo; mientras que la acusación particular del partido de extrema derecha Vox, sostiene que integraban una organización criminal, en busca de un golpe de imagen en las próximas elecciones generales.
Capítulo aparte para el prófugo ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que sigue el juicio desde Bélgica. "Por el momento no hay forma de enjuiciar a Puigdemont porque se escapó”, apunta el embajador. El año pasado, el Tribunal Superior Regional de Schleswig-Holstein autorizó la entrega de Puigdemont a España por un presunto delito de malversación de fondos públicos, pero no por los de rebelión y sedición, por lo que el juez Pablo Llarena que seguía la causa, dio de baja la euroorden.
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Culpables. La Fiscalía pide para los enjuiciados penas de 7 a 25 años de prisión por considerarlos diseñadores de la estrategia para quebrar el orden constitucional y lograr la independencia de Cataluña sin renunciar a la violencia. La acusación también afirma que apelaron a “la fuerza intimidatoria de las grandes manifestaciones y el uso de los Mossos d'Esquadra (policía catalana) como cuerpo armado”.
El Tribunal Supremo tendrá la última palabra, pero la opinión pública española ya se ha expedido: culpables. Así lo siente el 80% de todos los españoles, e incluso la mayoría de los catalanes (53%).
Las opiniones se dividen en cuanto a la gravedad de la pena. Y si deben ser amnistiados: el 44% está a favor, pero el 56% los quiere ver tras las rejas.
Los múltiples sondeos encargados por la consultora Metroscopia revelan la esperanza de una salida pactada y pacífica que permita un encaje satisfactorio de Cataluña en España.
Sólo el 20% de los catalanes se muestra deseoso de seguir con el proceso independentista cueste lo que cueste. El resto cree que el único logro del proceso independentista ha sido partir Cataluña en dos: así lo percibe el 56% de la ciudadanía en Cataluña (y el 83% en el resto de España). Sin embargo, el 95% de sus ciudadanos se definen inequívocamente como catalanes: ante la repregunta, el 70% se acepta tanto catalanes como españoles.
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Por otro lado, los enojos anti-independentistas van de la mano de la merma en el empleo en la región: el BBVA estima que le ha costado 25.000 empleos a Catalunya.
Elecciones. Jaqueado por la oposición, el tibio Pedro Sánchez apura las elecciones para el primer domingo tras las vacaciones españolas de Semana Santa. El núcleo duro del presidente eligió el 28 de abril, y emprenderían la retirada ante la crecida de las tres ramas de la derecha que bloquean el presupuesto en el congreso. Una vez que la mayoría de las derechas y los partidos independentistas tumbaron las cuentas, en el Gobierno y en el PSOE se dio por hecho que las cartas estaban echadas.
Y el desgaste en las negociaciones con los partidos independentistas le terminó costando caro: Sánchez decidió ponerles un freno y dio un ultimátum a los independentistas el pasado jueves: el viernes la vicepresidenta del Gobierno (que negociaba con representantes del PDeCAT y de Esquerra Republicana de Cataluña), reconoció a los medios que todo estaba roto y la negociación con el independentismo había acabado. Desde ese momento, el gabinete del presidente empezó a valorar la idea del adelanto electoral.
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Un mal momento para que haya turbulencia política en España y en toda Europa: el continente ya está siendo dividido por Brexit: el proceso de separación del Reino Unido de la Unión Europea se empieza a concretar desde el 29 de marzo. Y en Europa central y del este, desde Italia hasta Francia, avanzan las derechas populistas que han puesto a prueba la unidad del bloque.
Baluarte de los socialdemócratas en Europa, España parecía ser hasta hace poco uno de los pocos sitios estables. Pero la probable convocatoria de elecciones anticipadas desequilibra el escenario europeo una vez más, y España se convierte más en la regla que en la excepción.
por Soledad Beato
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