A 10 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual cuesta imaginar el futuro. La ley que fue aprobada en el 2009 respondía a un análisis de mercado que ha variado sustancial y dramáticamente en estos 10 años.
Lo primero que hay que señalar es que, si bien se cumplen los 10 años, la ley se aplico por muchísimo menos tiempo. Apenas promulgada, fue suspendida por diversas cautelares, que fueron inequívocamente ganadas por el Estado Nacional. El proceso de judialización concluyó en 2013 cuando se expidió la Corte Suprema, desestimando el planteo de Clarín respecto a las cláusulas antimonopólicas que contenía la ley. La Corte consideró que dichas clausulas eran constitucionales.
Pero no duraría mucho la vigencia de las cláusulas antimonopólicas. En diciembre del 2015 el recientemente electo gobierno de Macri, modificó por DNU, derogando buena parte de sus normas anti monopólicas. El Gobierno lo hizo bajo la promesa de hacer una nueva ley, mas moderna. Han pasado casi cuatro años sin que la ley prometida sea presentada siquiera para su tratamiento legislativo.
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Ante la ausencia de una norma aprobada por el Congreso, el sector audiovisual ha sufrido un retroceso significativo. El nivel de concentración, que ya era dramático, se ha agravado a través de la autorización de fusiones como la de Telecom con Cablevisión. La concentración de redes (las carreteras de fibra por las que circula la información) no solo implica un riesgo al derecho a la información, sino una espada de Damocles al básico derecho de acceso a esa información. El remate de frecuencias a poco de terminar el gobierno, practica que conocimos en menemismo y que este gobierno pretende reiterar, solo implicará, como en los años 90, un largo proceso de nulidades y cautelares, que impedirán por años la normalización del sector.
Una de las más valiosas instituciones creadas por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Defensoría del Público, cuyas funciones fueron muy efectivas a los fines de dar respuesta a las audiencias, fue intervenida hace poco mas de un año, sus profesionales expertos en la materia, removidos de sus funciones y está actualmente conducida por un señor con nulos antecedentes en comunicación y que jamás podría haber sido designado allí, conforme los requisitos que establece la ley para ser designado como defensor.
Alberto Fernández, candidato a presidente del espacio político que apoyo, promueve que la regulación del sector puede ser efectuada mediante la ley de defensa de la competencia. Las legislaciones extranjeras y los especialistas han fundado por qué no basta con la ley de defensa de la competencia para garantizar la libertad de expresión, tesis que sostengo en lo personal.
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La nueva realidad del mercado audiovisual y las innovaciones tecnológicas pondrán en crisis muchos de los paradigmas existentes. Lo que no puede entrar en crisis es la certeza respecto a la información como derecho inescindible de la democracia. Y que los medios de comunicación, más allá de realizar una actividad de evidente contenido económico, deben subordinarse en su actividad al pleno y efectivo ejercicio del derecho de acceso la información de los ciudadanos.
*Abogada, co-redactora de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
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por Graciana Peñafort
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