La inflación ya está asimilada al panorama económico argentino como un elemento más de paisaje. Quizás esa lenta suba de escalones fue acostumbrando a una realidad que no tiene nada de ordinario en el resto de la región. En Uruguay, por ejemplo, el IPC de mayo bajó 0,01%, acumuló en los cinco primeros meses del año un alza del 4,26% (diez veces menos que en nuestro país) y en la medición interanual arrojó 7,1%. Esto significa que las muy cercanas economías vecinas, conviven con una inflación que es aún menor que la que mide el INDEC en sólo un mes.
Las cifras
Esto sirve para dimensionar las distorsiones que un larguísimo proceso inflacionario tiene sobre la dinámica económica, pero sobre todo sobre las más sensibles variables sociales. En primer lugar, si la inflación fuera neutra (es decir, si todos los rubros subieran de la misma manera) no habría cambios en los precios relativos. Esto es relevante porque no todos los grupos consumen igual combinación de bienes, por lo que puede afectar en función del tipo de consumo que se realice. El problema con estas diferencias radica en que no es posible, desde el lado de la producción, planificar inversiones con tanta inestabilidad en los precios. Y desde el consumo, en problemas en la provisión o un salto abrupto cuando no se pueden sostener en el tiempo.
Para corregir algunos de estas peculiaridades es que se toma la medición del IPC “desestacionalizado”. El proceso de ajuste cuantifica los patrones estacionales y luego los excluye del índice para permitir el análisis de movimientos de precios sin estos efectos.
El economista Martín González Rozada, de la Universidad Torcuato Di Tella elabora un índice de precios al consumidor sin estacionalidad (IPCse) para realizar estas mediciones. Por ejemplo, en abril, el IPC (INDEC) arrojó 8,4% y el IPCse 8,3% porque se aisló el efecto estacional en las frutas y verduras y el rubro “estrella”, la vestimenta, que había subido en ese mes sólo 10,8%. Pero para mayo, el índice oficial arrojó 7,8% y el IPCse dio 8,2%. Con estos datos, se pone paños fríos a la supuesta baja de la inflación y la llegada de meses con inflación en un escalón abajo (entre 6% y 7%).
Desaceleración
En su último informe semanal, la consultora Eco Go sostiene que la suba mensual sigue siendo elevada y gran parte de la desaceleración obedeció a cuestiones de mayor oferta de alimentos. “Excluyendo estos efectos, el incremento en el GBA de los alimentos hubiera pasado de 5,7% mensual a 9% y el dato general de 8% mensual a 8,8% mensual”, advierte.
El esfuerzo oficial por mantener a raya el índice de precios que termina determinando la decisiva variable electoral del salario real, debe navegar entre aguas tormentosas: la ya remanida escasez de dólares que termina ahogando la actividad económica y la dificultad de poder cumplir con los acuerdos en el programa de “Precios Justos” y los atrasos en la indexación de tarifas. También incide la aceleración de las devaluaciones diarias que obliga al ministro de Economía a un dilema: cumplir con el acuerdo con el FMI para conseguir algo de dólares o pisarlo para no agregar nafta al fuego.
La otra opción para aplacar un eventual rebrote inflacionario es que la recesión podría jugar un rol de ancla "por las malas. El IERAL considera en ese sentido que “las ventas de productos de consumo masivo habrían entrado en terreno negativo en mayo en la medición interanual, fenómeno que se está profundizando en junio, ante la pérdida de poder adquisitivo de la población”.
A esto también se suma que, simultáneamente, el stock de crédito en pesos al sector privado se achicó un 16,2% en términos reales en los últimos 12 meses, una trayectoria descendente que incluye una contracción de 8,5 % en lo que va de 2023. Esta conjunción de factores ya comienza a reflejarse en algunos indicadores, caso el “proxy” del PBI que elabora el estudio de Orlando Ferreres, con una caída interanual del nivel de actividad de 3,8% para abril que podría profundizarse en lo que resta del segundo trimestre.
Pobres medidos
González Rozada también el “nowcast” de la pobreza: esto es una estimación de lo que luego dará a conocer el INDEC. Recordemos que en diciembre había arrojado 39% pero la aceleración inflacionaria desgastó el poder adquisitivo y afectará la próxima medición. “La tasa de pobreza del primer semestre del año que INDEC publicará a fin de septiembre (unos días antes de las elecciones) la estamos proyectando en alrededor del 44% y significa que esperamos una incidencia de la pobreza oficial que esté en ese rango”, explica. En cambio, para el segundo semestre del año la proyección no está clara por el alto grado de incertidumbre, el resultado de las PASO y la evolución de la inflación de la canasta básica total y los ingresos de los hogares.
Empleo insuficiente
Con relación a la variable tradicional del empleo, la paradoja es que esta situación de incertidumbre no afectó (todavía) el desempleo. “Lo que hemos observado hasta ahora es que durante 2022 y principios de 2023 el crecimiento del empleo se dio por un aumento de trabajo registrado de menor calidad (monotributistas y monotributistas sociales) y de los trabajadores informales, que son los estratos de menores ingresos”, apunta el economista.
Pero el hecho que el crecimiento del empleo se haya dado en los trabajadores de los estratos más bajo de la distribución del ingreso más el aumento de la canasta básica total de más del 100% anual, “sugiere que los ingresos totales familiares difícilmente se incrementen por encima de esos valores”. En el primer trimestre de este año los ingresos totales familiares en la CABA crecieron “sólo” 85%, por lo que se espera un crecimiento aún menor en el conurbano. El cálculo arroja una nueva derrota en la guerra contra la inflación.
En conclusión, además de la desigual carrera precios-salarios, hay que considerar el movimiento de los precios relativos en el peso de la canasta básica y la particularidad del mercado laboral en el que se desempeña la persona. Hasta ahora, la evolución del empleo fue decisiva para explicar el crecimiento de la pobreza. En un reciente trabajo del Observatorio de la Deuda Social (ODSA) de la UCA, “A 20 años de la salida de la crisis de la convertibilidad: dos décadas de segmentación laboral, deterioro de las ocupaciones y la pobreza en la Argentina urbana (2003-2022)”, se concluye que, en las últimas dos décadas, “alrededor de la mitad de la población urbana laboralmente activa afrontó algún tipo de problemática vinculada a la calidad de su inserción laboral”.
En este lapso, el empleo en segmento secundario o no regulado se convirtió en la principal problemática, alcanzando a casi un cuarto de la fuerza laboral activa de la Argentina. También, que casi 4 de cada 10 ocupados se vinculaban al sector informal urbano, en modalidades asalariadas o por trabajo independiente y 7 de cada 10 ocupados estaba en una situación laboral precaria o en un trabajo con ingresos de indigencia. Como recordaba Agustín Salvia, el director del ODSA, toda esta dinámica terminó arrojando otra “grieta”: las remuneraciones de los asalariados privados formales, del empleo público y de los ocupados de manera independiente en el sector formal siempre estuvieron sustantivamente por encima del promedio general, aunque las brechas favorables a estos grupos se retrajeron en los últimos años. Una paridad, que, en este caso, viene igualando para abajo.
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