Casi una tormenta perfecta. Los jubilados vienen sufriendo desde hace tiempo la erosión continua a manos del enemigo público número uno del sector previsional: la inflación eterna. Sin embargo, si bien el 211% que convirtió a Argentina también en campeón mundial de esa calamidad, el tema se agravó por el casi 60% que se proyecta para el primer trimestre del año, pero sobre todo por el diseño de la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios en vigencia desde 2020.
La carrera
A medida que la inflación aceleraba la pérdida para los jubilados aumentaba. Es que la modificación aún en vigencia realiza una actualización trimestral elaborando un índice en el que participa el aumento de la recaudación tributaria y el índice de variación salarial, pero que en épocas de alta inflación va corriendo muy atrás ya que el rezago suele ser de 6 meses en el caso de los indicadores de ingresos de trabajadores. Todo esto hizo que ya en la recta final de la campaña electoral el método de compensar esa pérdida fue con bonos, que la actual administración continuó ante el naufragio de su intento de modificar dicha fórmula.
Con esa inyección ($55.000), el piso jubilatorio del sistema del ANSES se eleva a $160.000, aumentando también el porcentaje que coba el mínimo en el ámbito nacional. Se estima que más de dos tercios de los jubilados están cobrando este piso, achatando el sistema de forma tal que se fue pareciendo a lo que se denomina “ingreso universal” para la tercera edad.
Rafael Rofman, economista e investigador de CIPPEC, pone la lupa sobre el defecto de origen de la fórmula de actualización que no está pensada para una economía con alta inflación. “La fórmula de 2020 era mala por diseño porque ajustaba para variables que no eran relevantes para política económica. Hay que proteger el poder adquisitivo porque el jubilado tiene lo que le toca y no puede negociar nada”, enfatiza.
A su juicio, existe además un problema adicional: tanto la variable salarial como la tributaria son “procíclicas”, es decir que cuando la economía se contrae baja la actualización jubilatoria y cuando se expande, hace subir los haberes por su sólo efecto.
Esto ocurre porque en recesión hay más evasión y menos ventas, además de la lógica caída en la demanda de trabajo. Así, el mes que viene, lo que se aplicará es el porcentaje de aumento del RIPTE (el índice de salarios) entre septiembre y diciembre pasado, pero la parte impositiva refleja la variación de la recaudación fiscal del cuarto trimestre 2023 vs 2022. Una ruina. Asi, el haber jubilatorio cayó en términos reales 39% desde el inicio de la fórmula vigente, sin contar el impacto del primer trimestre de 2024.
El rojo
Sin embargo, esta fórmula viene bien para ajustar cuentas con inflación creciente. Algún mal pensado, observando que el gasto previsional es más de la mitad del presupuesto nacional podría apuntar a que es la forma de licuar el gasto. Si no lo es, salió bien de casualidad: en 2022 el sistema previsional absorbía el 13% del PBI, una cifra importante a nivel global. Para fin de diciembre, estaba alrededor de 8,5% del PBI, esto fruto de la erosión jubilatoria.
El sistema se financia con aportes y contribuciones de los trabajadores y las empresas, pero la diferencia se cubre con impuestos especialmente afectados o directamente desde el Tesoro. La ANSES financia sólo la mitad del gasto con aportes salariales, luego se le mete todo el impuesto del cheque y el 11% de IVA más una parte del impuesto PAIS y el tributo sobre los cigarrillos, pero aún queda un 20% del gasto sin financiar que lo tiene que afrontar el Tesoro: aproximadamente 1,5% del PBI.
Un sistema “de reparto” que como no puede cubrir sus propios beneficios con recursos propios se convirtió en un híbrido con los de asignación universal. Por eso, el alivio fiscal actual gracias a esta licuación se convertirá en un dolor de cabeza para Hacienda cuando la inflación disminuya y la economía, finalmente, vuelva a crecer.
“La discusión actual, en el fondo, debería ser un tema menor, porque lo más importante es saber quién tiene derecho a recibir una jubilación y cómo se fija su valor inicial”, agrega Rofman. En Argentina, el presente sistema sólo funciona para, a lo sumo, un 25% de los que están en actividad porque no todos pueden cubrir el mínimo de los 30 años de aportes y entonces y el PUAM (Pensión Universal para Adultos Mayores) se irá ampliando y migrando de a poco hacia un derecho universal.
Replantear cuestiones como el abismo de beneficios entre ciertos regímenes y el general, la institución de la pensión por fallecimiento o el doble beneficio, entre otros aspectos; constituyen un campo minado para debates que no entran en la agenda política de corto plazo.
Horizonte fiscal
La obsesión por cortar de raíz con el agujero negro del déficit se coló en la intención de cambiar la fórmula jubilatoria. pero fue de las primeras cosas que volaron de la fallida Ley Ómnibus. Sin embargo, la tendencia es indisimulable y en todas partes del mundo las jubilaciones se fueron transformando en un lastre para el Tesoro.
Podrá cambiar la magnitud del impacto, pero la combinación de una menor tasa de crecimiento demográfico (en el caso argentino, un módico 1,2% anual), una precarización del trabajo (agudizado en nuestro sistema que casi no genera empleo formal desde hace una década) y la proliferación de regímenes diferenciados, amenazan sustraer más recursos. En la última década, casi el 80% de las nuevas jubilaciones fueron sobre la base de moratorias, una señal inequívoca que algo no funciona. Aun cuando se ordene y racionalice el sistema, el retraso es tan grande que de todos modos seguirá necesitando de recursos de toda la sociedad.
En ese contexto, el economista Jorge Colina, presidente de IDESA, destacó que el Gobierno busca que los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) se transfieran al Tesoro, pero en su opinión, deberían utilizarse para cancelar la deuda que la ANSES tiene –desde hace larga data– con los jubilados nacionales por juicios con sentencia firme y con las cajas provinciales no transferidas a la ANSES. Precisamente, un caso particular es el de los sistemas jubilatorios provinciales. Con la creación de las AFJP el ANSES fue absorbiendo los sistemas provinciales, pero 13 jurisdicciones quedaron sin hacerlo, entre ellos la Provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, por las condiciones especiales de dichos regímenes, constituyen una erogación permanente para las cuentas públicas. Según datos del Ministerio de Economía en 2023 los aportes y contribuciones de los empleados públicos que trabajan en provincias que transfirieron sus cajas fueron de $84 mil millones. El gasto en jubilaciones y pensiones de los exempleados públicos de las provincias que transfirieron sus cajas fue de $364.000 millones. Es decir, que el déficit que le generan las cajas transferidas a la ANSES asciende a $280.000 millones. Un “mal negocio”.
Lo que propone Colina, es parecido a lo que se denominó la “reparación histórica” en donde se utiliza el FGS para cancelar un pasivo del ANSES que son los juicios con sentencia firme de los jubilados. Dicho Fondo estaba valuado en US$32.658 millones a noviembre del año pasado, con un 68% de títulos públicos nacionales. La tentación para Hacienda es hacer un cambio de titularidad y así bajar el stock de deuda, pero la opción de cancelar dicha deuda, pero en instancia judicial también atrae. “Pero en este caso también correspondería utilizar el Fondo de Garantía y Sustentabilidad para pagar una deuda que ANSES tiene acumulada con las provincias con cajas no transferidas”, recuerda el economista. Por eso le parece positivo que como hay acreencias cruzadas entre el FGS y el Tesoro, se compense y se cancele. Pero nuca se va a cerrar el déficit presente porque, advierte, “el país ya entró en una lógica de envejecimiento y lo que más se puede lograr ordenando el sistema es que no crezca el desborde”, concluye.
Todo este complejo replanteo del sistema realizado en una mesa de negociación que viaja a toda velocidad y que cualquier demora sigue profundizando la verdadera variable de ajuste que viene teniendo la economía argentina en los últimos años: el ingreso de los jubilados.
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