La ilusión del elenco gobernante de poder reencausar la economía sin acudir a ningún acuerdo sustancial con el resto de las fuerzas no oficialistas duró menos todavía que la anterior utopía de poder emitir alegremente sin impacto en los precios durante la pandemia. Si hubo un plan hecho y derecho, ya se fue transformando en una versión más “realista” y que toma nota de un dato inapelable: la fragilidad numérica de la fuerza legislativa del Gobierno.
El origen. Durante la crisis sanitaria de 2020, el Banco Central lanzó un tsunami monetario por 7,8% del PBI. Apresuradamente, economistas “heterodoxos” creyeron que, finalmente, se cumplía la máxima de la expansión fiscal: no generaba inflación. El espejismo terminó cuando, una vez más, el dólar blue picó en punta y estiró la brecha con el oficial a 120%. A partir de ese momento (octubre 2020) controlar la cotización de la divisa en los mercados financieros animó una carrera contra el tiempo y una suerte de frazada corta donde lo que se podía cubrir, desnudaba otro agujero.
El economista Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group, estima que la cifra final del déficit fiscal correspondiente a 2023 de 6,1% continúa una larga tradición de rojos en la Tesorería con un promedio de los últimos 60 años del 4% del PBI. Si bien la cifra del año pasado fue más alta que lo que estimaba el equipo económico antes de asumir, refleja el resultado de la política expansiva durante el año electoral. En realidad, el gran desvío de 2020 (más de 9% del PBI) no pudo ser corregido en los dos años siguientes. Por eso planteó Luis Caputo la necesidad de achicar la brecha fiscal antes que la otra brecha, la cambiaria, continúe reflejando dicho desequilibrio y la devaluación se transforme en el verdadero “plan B”. “No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico”, tuiteó el ministro de Economía mientras en Diputados la negociación se tensaba.
La ecuación no es fácil: la actividad económica en noviembre (el último dato conocido) cayó 0,9% interanual y todo apunta a que diciembre y enero también verán bajas. Esto implica que no se puede esperar por el momento, una estabilización automática de la economía o sólo sobre la base de expectativas. Tampoco allí hay buenas noticias: el Índice de Confianza del Consumidor de enero que mide la Universidad Di Tella cayó 10,6% respecto a diciembre y su Encuesta de Expectativas de Inflación arroja un 230% como proyección para todo 2024.
“Básicamente lo que cambió es el paradigma o por lo menos el escenario base que tenía planteado el Gobierno, con una inercia deficitaria que casi aumentó un punto el resultado final. Esto implica adentrarnos en un terreno aún más pantanoso en términos fiscales a lo que se agregan la perspectiva de diferentes concesiones que se vayan a hacer en la discusión de la “Ley ómnibus”, detalla Vitelli.
Los puntos del conflicto. Además de la cuestión medular de la reforma electoral, que cruza horizontalmente a todos los partidos o exceptuar a la venta de YPF del permiso para privatizar, las discusiones se centraron en tres cuestiones: el tratamiento arancelario para las exportaciones (retenciones), la actualización de los haberes jubilatorios y la reinstauración del impuesto a las Ganancias para personas físicas (ahora rebautizado “a los Ingresos”).
En el caso de las retenciones que estaban dispuestas para que fueran del 15% (salvo para la soja que eran 33%) se acordó quitar de esa lista a muchos productos de economías regionales, pero aún enfrenta la oposición de los representantes de las provincias agropecuarias de la Pampa Húmeda, que precisamente son aliadas cercanas al oficialismo.
La restauración del impuesto a las Ganancias coparticipable es la otra zanahoria que el Gobierno ofrece a los gobernadores para que voten las reformas. Claro que la discusión se centrará en las escalas y la forma de actualización para que no sea, de hecho, un salto abrupto del 0% al 35% (porcentaje máximo).
Finalmente, el otro campo de disputa es el de la fórmula jubilatoria, algo muy relevante en el resultado fiscal. La medida adoptada de continuar con los bonos de $55.000 por mes va achatando al grueso de los haberes en torno a los $160.000 y la promesa de actualizarlos primero con un porcentaje diferente cada mes y luego con una cifra trimestralmente suena atractiva, pero olvida un detalle que es el que divide aguas dentro de los “amigos” del oficialismo: los jubilados son uno de los grupos que más vienen sufriendo la altísima inflación de 2023 y este verano, sin una solución que les ayude a recupera esa pérdida. Para dimensionarlo: en octubre 2020 el total del gasto en jubilaciones y pensiones era el 8,1% del PBI y a fin del año pasado había caído a 6,2%, que igualmente requirió de 2,8% de aportes del Tesoro. El rojo se debe a una baja recaudación por la caída en la masa salarial fruto del estancamiento del empleo y los bajos salarios promedio. Desde 2012 el empleo formal privado creció sólo 5%, o sea casi 10% menos que el crecimiento de la población económicamente activa.
El sector previsional es el más sensible, pero otros blancos predilectos del lápiz rojo sin distinción partidaria fueron las transferencias discrecionales a las provincias, la obra pública nacional y los salarios estatales. Para una economía que no crece desde 2012, la política expansiva del gasto obligó a aumentar la presión tributaria, a buscar formas de endeudamiento o a acudir a la emisión monetaria. Desde 2010, el gasto total del gobierno central en América Latina osciló entre el 20 y el 22% del PBI, muy por debajo de las magnitudes argentinas. No es extraño, entonces, que el año pasado la inflación argentina no sólo haya sido la más alta de la región sino también del mundo.
La trampa. El maximalismo enunciado por el propio Presidente y su ministro de Economía todavía no se sabe si es parte de una gran negociación o es el ADN de su visión económica. Para Javier Timerman, managing partner de Adcap, que el Gobierno plantea bien sus objetivos y eso atrae mucho al inversor, que observa un cambio de paradigma cuando se propone otro funcionamiento de la economía. Pero eso no basta y cita como ejemplo a un héroe “libertario”, Ronald Reagan, que recién pudo plasmar cuatro años más tarde de iniciar su primer mandato una ley tributaria que contenía el corazón de sus propuestas. “La estrategia y el éxito del plan económico será evaluado en términos de cómo genera el apoyo político en las diferentes etapas de la implementación de este plan económico. Cualquier persona que entiende de riesgo sabe que cuando vas a todo o nada, vas a todo o nada. Y el Gobierno cree que va a todo o a ‘más o menos’. Y eso es muy difícil” concluye.
En síntesis, un juego de alta tensión en la que la sostenibilidad del propio programa está en juego si el propio oficialismo no prioriza objetivos y celebra lo que logré conseguir con sus mini bloques legislativos.
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