Piel para ajuste

Los números son inapelables. Argentina terminó el año 2023 con un déficit fiscal del 6% del PBI, que incluye lo operativo (el “déficit primario”) y lo financiero (pago de servicios de deuda. Pero si sumamos el cuasi fiscal (el generado por los intereses del Banco Central) habrá pasado el 14% del PBI si se considera que sólo la emisión monetaria para financiarlo durante el año pasado fue del 12% del PBI. Cifras insostenibles, aludiendo al caballito de batalla del ahora resurgido Martín Guzmán. Pero para corregirlo, con una economía con una inflación corriendo a más del 200% anual, con huida del peso, con reservas netas negativas, con amenaza continua de corte del suministro de insumos importados por falta de pago de la deuda privada y con índices de pobreza cerca de su pico histórico de 2002, los caminos para corregirlo son pocos y antipáticos: subir impuestos, aumentar la base imponible o reducir gastos. Lo demás, hoy es imposible en el plazo ante el riesgo de un colapso inflacionario.

Medidas. Ya el ministro Luis Caputo lo reconoció frente a un grupo de empresarios: “estamos tomando medidas que son desagradables y que van en contra de nuestras propias convicciones”. A la luz de la interminable discusión en el Congreso por la letra chica de la “ley ómnibus” parece que quedó muy lejos la consigna electoral del ajuste pagado por la “casta”. Salvo que se entienda en esa categoría a los gobiernos provinciales, con nula presencia de las filas libertarias en todo el territorio que hasta el presente mostraron una polifonía de distancia con la Casa Rosada.

Y allí viene el otro dato inapelable: para poner en marcha las modificaciones en las cuentas públicas y poder cerrar la brecha fiscal sí o sí tienen que pasar por el escrutinio de votos del Congreso y es allí donde las castas provinciales, las partidarias y las permeables a los lobbies de todo tipo llevan la voz cantante. El oficialismo puro sólo tiene 15% de las bancas en diputados y 10% de las del Senado. Con esas cifras se propone lograr un cometido tan improbable como ambicioso: que el ajuste necesario para equilibrar rápidamente las cuentas del Tesoro caiga sobre las espaldas (y los bolsillos) de los gobiernos provinciales.

Cabe recordar que dentro del fárrago de artículos del DNU no se contemplaba contenido fiscal alguno por mandato constitucional. Así que desde el momento cero era sujeto a la discusión parlamentaria, con las idas y vueltas típicas de este tipo de negociación. Y de esa manera, muchos de los contenidos iniciales del proyecto de ley fueron tachados o debidamente recortados para ser tratados más adelante para no entorpecer la dificultosa aprobación de la ley “Bases”.

Uno de los tachados fue lo que se denomino la “reforma política” que entre otras cosas cambiaba la representación de diputados de cada provincia, con una fuerte ganancia para la postergada Provincia de Buenos Aires (+27 bancas), Córdoba (+3) en desmedro de las sobre representadas o con población estancada (las patagónicas, excepto Neuquén en el primer caso y CABA en el segundo). Un terremoto en muchas agrupaciones y regiones, con una importancia mayúscula en la configuración de impuestos y subsidios.

Los números. La postergación de muchas medidas, como la pedida por los propios gobernadores de la reimposición del impuesto a las Ganancias (con la debida corrección semántica renombrándolo como “a los Ingresos”), quedó para más adelante, cuando la corrección obligada de un tributo que se había distorsionado con la inflación y las enmiendas que creaban bolsones de excepciones, vuelva a tratarse. También la resistencia al restablecimiento de las retenciones de las provincias más próximas al Gobierno, con economías basadas en el sector agropecuaria y que constituyen su base electoral.

En el último informe mensual del IARAF, los fondos que se coparticiparon automáticamente durante enero fueron un 11,1% menor en términos reales e interanuales. Pero también es una caída récord en casi una década y, además, muestra un comportamiento desigual según las jurisdicciones. Por ejemplo, la Provincia de Buenos Aires fue lo que más lo sufrió con una caída del 13,5% en contraste con las de CABA (-8,1%). Su presidente, el economista Nadin Argañaraz, señala que la baja performance de este flujo se debe a varias razones, pero fundamentalmente a la virtual desaparición del impuesto a las Ganancias para personas físicas (o “4° categoría”) pero tuvo una recuperación del 15% real interanual de los fondos provenientes del IVA, luego de la abrupta merma de diciembre.

A nivel de monto por habitante, la caída es más pronunciada en aquellas jurisdicciones más chicas y en las que el aporte nacional se corresponde con una porción mayor de los ingresos fiscales totales. Tierra del Fuego ($-16.572), Catamarca ($-15.412) y Formosa (($-15.112) están en el podio de las más perjudicadas. Y allí nomás les sigue Catamarca (-13.654), que se convirtió en estos días en el ícono del desarreglo fiscal y la rebeldía monetaria.

Caso testigo. El gobernador Ricardo Quintela enarboló la bandera de la resistencia federal cuando recurrió a un viejo artilugio institucional de las provincias cuando están ahogadas en sus cuentas: la emisión de un bono de cancelación de deuda con circulación monetaria que lo enfrentó con las autoridades nacionales. “Prontamente estará en uso la nueva herramienta financiera que nos permitirá ordenarnos mejor en un contexto difícil”, comunicaba el gobernador, mientras termina de definir qué pasará con las finanzas provinciales y los detalles de su bono, entre los cuales se cuenta el dato clave: qué se podrá pagar con esa nueva cuasi moneda. El ministro del Interior fue enfático: “hay un pacto fiscal que impide la posibilidad de emitir cuasi monedas y eso le será comunicado al gobernador de La Rioja”. Pero más allá del escarceo dialéctico, el caso riojano fue emblemático porque es la provincia que acentuó su dependencia fiscal del Tesoro en los últimos meses. En un estudio de IDESA, se señala que la provincia recibió en concepto de transferencias del Tesoro $94.000 por habitante durante 2023, más del doble que el promedio del resto ($42.000) pero en el conteo de empleados públicos, La Rioja tenía 114 cada mil habitantes, contra 50 del promedio de las demás jurisdicciones. Un caso que sólo muestra las contradicciones de un sistema fiscal que abandonó la responsabilidad para la “construcción” de administraciones más vulnerables a la recesión y hasta de los avatares climáticos.