Este mes se cumplirá el primer aniversario de otra guerra, la declarada por el Presidente contra la inflación. En el medio, hubo de todo: declamaciones sobre el mal endémico que afectaba a la economía argentina, la elevación de la teoría de la inflación importada a la categoría de dogma indiscutible, la elección de sectores sospechosos de empujar los precios y, como siempre, el inoportuno descontrol del dólar para postergar la victoria final. No pudo ser: si en febrero de 2022 la inflación interanual ya era de 52%, las estimaciones hablan de casi el doble para el período marzo 2022-febrero 2023: 101% si, como se supone, los cálculos del INDEC terminarán arrojando entre 6 y 6,5% para el mes que recién terminó.
Causa y efecto. La dificultad para bajar frenar la aceleración de precios del verano tiene que ver con varios factores que paradójicamente, ayudaron a proyectar una inflación del 60% para este año y una convergencia durante el próximo trimestre, del IPC en el orden del 4% mensual para luego ilusionarse con romper ese piso e ir por el premio del 3% al mes. No pudo ser y todo indica que será otra materia adeudada para la próxima administración. La consultora C&T Asesores Económicos estimó un alza de 6,2% del índice general (contra 4,1% de un año atrás) pero inferior, todavía, al 9,2% del rubro Alimentos y Bebidas, impulsado por la suba de la carne en los últimos dos meses por iniciarse un nuevo ciclo ganadero por la sequía. Es decir, a diferencia del año pasado, lo que está subiendo más que el promedio son los segmentos más sensibles que golpean de lleno en la canasta familiar. Para su directora, María Castiglioni, la inflación no baja porque la dinámica indexatoria se va acelerando, por ejemplo, ahora con el reajuste del transporte para evitar aumentar los subsidios. “El Gobierno quiere que las paritarias se negocien al 30% en el semestre, pero el primer trimestre ya acumulará 20% de inflación. El tema fiscal viene complicado y la emisión indirecta lo sigue alimentando”, agrega.
Otra consultora que mide habitualmente los precios con resultados muy congruentes a los del INDEC es EcoGo: para febrero les dio 6,4% pero 7,7% para Alimentos y proyectan algo cercano al 7% para marzo. Dentro de las dificultades que atraviesa el Gobierno para hacer bajar un cambio al IPC está la escasez crónica de dólares, agudizada por la expectativa de una mala cosecha. Su director asociado, Sebastián Menescaldi estima que, en total, la proyección de faltante será de US$25.000 millones sobre lo dispuesto el año pasado, combinando la baja de exportaciones por el factor climático, los anticipos de liquidaciones por el dólar soja y los pagos al FMI. Esto, claro, si no aparece algún oportuno salvavidas contable.
El otro aspecto a tener en cuenta es el rojo fiscal que, si bien estuvo mejorando en el segundo semestre pasado, todavía arrastra la masa de vencimientos mensuales con los que el Banco Central intenta no largar todos esos pesos al mercado y por consecuencia, alimentar la demanda de dólares “financieros” y ampliar la brecha cambiaria. La última licitación arrojó una tasa de casi 120% anual, lo que explica la facilidad para renovar las letras, pero también marca un límite: la bola de nieve de Leliqs. Lo que se dice, una manta financiera muy corta.
El dólar, firme. Esta difícil búsqueda del equilibrio monetario y cambiario, la inflación va socavando una elemento clave: la demanda de dinero. O sea, a determinado nivel de ingreso, cuánta liquidez el público está dispuesto a mantener. Obviamente, a medida que el IPC trepa, ésta se va desinflando. Según el cálculo de Esteban Domecq, presidente de Invecq, la base monetaria bajó de casi 10% del PBI en noviembre de 2019 al 4% el mes pasado. Esto resta márgenes de maniobra para poder amortiguar contingencias y desvíos, como los probables en este año electoral-presidencialista. Invecq calcula que, sólo de intereses de Leliqs se emitieron en enero $700.000 millones, y proyecta una emisión del 6% del PBI para este año. Pero como la aceleración de la inflación erosionó la demanda de dinero, se reduce “la base imponible del impuesto inflacionario”. En síntesis: se necesitará cada vez más inflación para recaudar lo mismo en términos reales.
Además, cualquier exceso de pesos previsto va a impactar en la demanda presente de dólares que, además, atravesará un año de vacas flacas, esta vez dicho con crudo realismo. Mientras se discute si la dolarización de la economía (o una símil convertibilidad) sería una solución, los propios agentes económicos van tomando cartas en el asunto. Durante febrero, el Banco Central perdió US$1.081 millones de sus reservas, casi el triple que el mismo mes del año pasado.
Una tasa de inflación descontrolada alienta la dolarización de algunos precios, como ocurre hace muchos años con el de los inmuebles, maquinaria agrícola o el precio de algunos productos más vinculado con el comercio exterior. Pero también avanzó en otros que se habían mantenido a salvo: los alquileres (acosados por actualizaciones que no siempre son las mismas que los ingresos) y ahora con la integración del salario formal.
En las empresas de servicios que forman parte de Argencon (la entidad que nuclea a empresas prestadoras de servicios la “economía del conocimiento”) vienen pidiendo desde hace tiempo facilidad para poder exportar y eludir la brecha cambiaria, el enemigo número uno del sector. Se habló de “dólar tecno” o de un mix de cotizaciones, pero todavía la interpretación de normas y su aplicación tiene una brecha aún más grande que la cambiaria. Pero mientras tanto, las compañías del sector se enfrentan con una competencia atomizada: profesionales y técnicos deciden votar con los pies (en realidad, desde el mismo lugar) y trabajar en forma remota para clientes del exterior que pagan en moneda extranjera. Y todo pasa por fuera del circuito oficial.
Tanto que grandes empresas del rubro intenta compensar esto pagando en dólares un porcentaje (entre 20% y 50%) del sueldo neto. Esta semana hubo algunas que se sumaron y provocaron un intenso tráfico en las redes sociales en los que los beneficiarios y analistas intentaban establecer el porcentaje efectivo de dicha mejora y el costo final para la empresa. Un mecanismo previsible para quienes, como el economista Alfredo Romano (autor del libro “Dolarizar”), observan que se acentuará en sectores vinculados con servicios profesionales: “si no, las empresas se van a quedar sin gente, porque los salarios medidos en dólares son realmente muy bajos”. Un proceso que, si nada cambia, parece inexorable.
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