Antonio Aracre, el flamante jefe de asesores de Presidencia de la Nación y exCEO de Syngenta, el proveedor de tecnología agrícola de capitales chinos tocó un cable electrificado. Propuso crear un nuevo impuesto para solventar el eterno rojo fiscal hasta que la economía pudiera volver a crecer. Un razonamiento casi ortodoxo de alguien que no quiere aumentar el endeudamiento ni provocar inflación, pero que tiene dos cuestiones por analizar: si la economía soporta más presión impositiva y si el gasto es tan rígido para no ser variable de ajuste.
Radiografía. En la estructura tributaria argentina conviven sistemas impositivos diferentes superpuestos: el nacional, los provinciales y los municipales. Según las estadísticas del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) la presión fiscal efectiva durante 2022 fue de 23,8% medida en términos del PBI y considerando sólo impuestos nacionales. A esto habría que agregar los tributos provinciales y municipales (que suman entre 8 y 9 puntos adicionales) y el complejo efecto impositivo de la inflación. Los tributos nacionales que más recaudan son IVA, Ganancias, sobre el Comercio Exterior (aranceles aduaneros y retenciones), Combustibles y los aportes sobre la Seguridad Social, que van al sistema previsional. En cambio, de los impuestos provinciales, casi el 80% se distribuyen entre dos gravámenes: Ingresos Brutos (II.BB.), que grava las ventas por lo que el comerciante retiene directamente el monto correspondiente y el de Sellos, que se aplica sobre transacciones.
Desde fin de 2019, la cuestión impositiva intentó inscribirse en un marco de una política nominalmente progresista pero los números parecen no avalar ese esfuerzo. En estos tres años, recién en 2022 la recaudación total superó, según el IARAF sobre datos oficiales, a la de 2019 pero con una salvedad: el último año hubo un 0,26% adicional en concepto de anticipos de impuestos a las Ganancias, “por única vez”, etc. Pero la recaudación total, aún con una economía que logró recuperar la actividad económica, no movió la aguja.
¿Hay margen para subir impuestos o, en todo caso, para aumentar alícuotas? La pregunta, es la clave a la propuesta salvadora de un impuesto más. Nadin Argañaraz, director de IARAF explica que, a su criterio, no tiene una respuesta concreta. “Depende de contra qué se compara. ¿Contra un país similar o un escenario teórico? Un impuesto tiene un rendimiento marginal decreciente en materia de ingresos. Si se crea uno y su rendimiento marginal es nulo, no va a brindar recursos extras. Pero su rendimiento, en definitiva, depende de toda la estructura tributaria en conjunto”, aclara. Por ejemplo, en el trienio 2019-22 hubo impuestos que aumentaron su recaudación (Ganancias: +0,32% y Bienes Personales: 0,36%) pero que sólo reforzaron con anticipos e ingresos extras; mientras que dos impuestos compensaron con su baja el aumento de la presión: Combustibles líquidos (-0,23%) y Seguridad Social (-0,45%). El primero, seguramente por el gran frenazo de la movilidad en 2020 pero también por el atraso de su precio final; la segunda por la precarización del mercado laboral y también el agujero de la inactividad forzosa durante la pandemia.
Rompecabezas. Estas cifras ponen sobre la mesa la dificultad para aumentar la recaudación fiscal y no generar deuda o inflación y alinear con criterio de equidad la política económica. El foco está en la evasión fiscal alentada por una alícuota mayor y las falencias de la administración. Para el tributarista César Litvin, sumar otro gravamen a los 167 vigentes le parece “una locura”. “Desde que asumió este Gobierno, creó o aumentó alícuotas en 24 impuestos, pero la recaudación no subió, asimilando su comportamiento al tramo descendente de la curva de Laffer”, puntualiza. Dicha curva marca un punto a partir del cual todo lo que aumente una tasa de imposición, afectará negativamente al producido total. Litvin se refiere, por ejemplo, al caso de Ganancias, donde en lugar de ir hacia una tasa del 25% se revirtió lo comprometido y se hizo progresiva (entre 25% y 35%, según el caso) pero que, con la restricción a la distribución en efectivo, implica una presión efectiva del 39,5% sobre la utilidad final. “En otros países, las alícuotas son mayores, pero existe una menor presión impositiva al consumo o el patrimonio”, agrega y también pone bajo la lupa el efecto inflacionario sobre Ganancias a las personas físicas. “Los escalones son muy cortos y la inflación va distorsionando la capacidad impositiva para las personas: con 100% anual, las deducciones especiales y los mínimos no imponibles deberían actualizarse mensualmente”, advierte.
Federalismo a medias. Jorge Colina, economista de IDESA, señala que el apuro fiscal del Tesoro Nacional coincide con cajas provinciales superavitarias. “Los gobernadores no se volvieron grandes administradores, sino que licuaron gastos con la inflación, especialmente subieron los salarios públicos por debajo de la inflación. Es la forma más espuria de bajar el déficit fiscal, porque cuando baja la inflación, volverán a estar desequilibradas las cuentas”, aclara. Por eso, enfatiza que desde IDESA proponen que se elimine II.BB. y toda la recaudación del IVA se destine a cada provincia en la que se genera. “La situación fiscal sería neutral: el IVA recauda 7 puntos del PBI, de los cuales 4 van a las provincias y 3 a la Nación; Ganancias recauda 5 (3 para las provincias y 2 para Nación). Las provincias seguirían recibiendo 7 puntos del PBI y la Nación, 5. Claro que, como las provincias del sur generan mucho IVA y las del norte, poco, hay que diseñar un fondo de convergencia para darles tiempo a que se desarrollen y generen su propio IVA”, enumera.
Este tipo de propuestas destacan que antes que subir una alícuota o crear otro impuesto, conviene mirar más de cerca cómo se gestiona todo el sistema, que alienta la evasión generalizada y establece inequidades que a largo plazo atentan contra la actividad económica y la creación de empleo.
Administración. En la última Encuesta Anual de Impuestos 2022-23 elaborada por KPMG, 2023 las empresas creen que la presión impositiva aumentará este año. Fernando Quiroga Lafargue, socio de Impuestos y Legales de la empresa, dice que de las respuestas a empresas consultadas (grandes y medianas) surge la ansiedad, por la falta de previsibilidad en materia impositiva. Sobre todo, con el comportamiento de las administraciones tributarias provinciales en materia de aplicación de Ingresos Brutos, la contabilización de los saldos a favor y lo que consideran una falta de objetividad para hacer valer sus derechos ante los reclamos generados. “Como II.BB. es el impuesto más distorsivo cualquier reforma tributaria en serio debería abocarse a este gravamen”, explica. Llama la atención en el estudio que casi un 20% de los encuestados directamente prefieren no abrir actividades en determinadas provincias por las dificultades tributarias allí originadas. Muchas veces, las grandes reformas empiezan por lo más cercano.
Galería de imágenes
Comentarios