Inflación latente: dura de bajar

La carta ganadora para la política económica del Gobierno es, desde el final del último verano, era la brutal desaceleración de la inflación, que sólo en el cuatrimestre noviembre-febrero había acumulado 93% (621% anualizado). El descenso del rito del IPC quedó registrado con el 11% de marzo, el 8,8% de abril y el aterrizaje al 4,2% de mayo. Un frenazo que pareció anunciar que luego de un respiro volvería a caer para cumplir con las expectativas oficiales de alcanzar la convergencia de las tres variables que en el corto plazo miran los agentes económicos en el tablero de la política económica: el IPC, la tasa de interés y, cuando no, el ritmo de las devaluaciones programadas, que debía coincidir con el número mágico: 2% mensual.

Las razones. Esta vez, la magra cosecha de la política económica para perforar el piso del 4% mensual (que proyectaría un 60% anualizado) presentó algunas diferencias notables entre los diferentes rubros, mostrando una dispersión en función de los diferentes “focos” del alza de precios. Por ejemplo, mientras los bienes subían 3,2%, los servicios lo hacían a casi el doble: 6,5%. Y los estacionales sólo 1,5%, casi la cuarta parte que los servicios regulados (5,9%). Para la economista María Castiglioni, directora de la consultora C&T la trayectoria de los precios relativos ocupa un rol protagónico en la explicación del número final. “Los últimos datos de inflación marcaron un incremento sobre todo en lo que tiene que ver con servicios, no solo servicios públicos, que son los regulados, sino también otros servicios, por ejemplo, educación en el interior, ajustes del transporte, algunos rubros de servicios de la salud”, detalla. Además de algo de aceleración en algunos alimentos, a su juicio, la conclusión es que, en cuatro meses, después de haber bajado muy rápido, quedó en torno al 4%, sigue habiendo ajustes de tarifas y precios que estaban atrasados. “Porque la clave es que las expectativas de inflación se vayan acomodando, pero también, obviamente, las cuestiones que hacen a lo monetario, que es lo que en definitiva explica la inflación, y que me parece que todavía estamos ‘pagando’ el costo del proceso que hubo entre mayo y agosto pasado cuando la brecha volvió a aumentar y en el proceso de saneamiento del balance de Banco Central, hubo pesos que quedaron en la economía más de lo deseable”, concluyó.

Por esa razón, apunta a que la reciente tendencia bajista de los tipos de cambio financieros que implica un avance en el cierre de la brecha ayudaría a acompañar un proceso bajista. También, la paulatina normalización del comercio exterior, evidenciada por la diminución del impuesto PAIS y su vencimiento para fin de año, quitarían presión a los precios importados, que vienen subiendo menos que el dólar oficial.

Rojo eterno. Siguiendo la explicación que abraza el equipo económico que atribuye al desequilibrio fiscal la razón última por la que los precios terminan subiendo a través de la polea monetaria, el esfuerzo de este año apunto en ese sentido con resultados visibles pero heterogéneos. Según cálculos que realizó un reciente trabajo del IERAL, el gasto público bajó a niveles “noventistas” luego de estos meses de torniquete fiscal. Para su economista jefe Marcelo Capello, este año estará en torno al 32% del PBI, casi 12 puntos menos que el año electoral de 2023, 15% menos que el pico alcanzado en 2016 (47%) pero también por debajo del promedio 1996-2024 (37,5%). Pero la tarea puede ser todavía más complicada si se considera que lo rubricado en el Pacto de Mayo ponía al 25% como referencia del gasto público consolidado para alinearse con los países de la región y funcional a una senda de desarrollo.

Mientras tanto, en el corto plazo, según los técnicos del IERAL, el paquete fiscal que acompañó a la Ley Bases aporta 0,32% del PIB extra para el superávit en los últimos meses del año. “Con dichos supuestos, el año 2024 podría terminar con un superávit financiero equivalente a 0,6% del PIB, contra un déficit del 6% observado en 2023 (mejora en el resultado fiscal de 6,6 puntos del PIB)”, destacan.

El otro punto en consideración es el monitoreo del nivel de actividad. La caída en general parece haberse detenido en junio, si bien presenta comportamientos dispares según las áreas y sectores considerados. El último índice de producción industrial difundido por el INDEC arrojó una variación mensual del 6,9% en julio, confirmando que dicho índice cayó 6,1% comparado con noviembre de 2023 y 5,4% en el interanual. Una recuperación que resultó más larga que la esperada pero que va encontrando la luz al final del túnel.

Esto podría ser una buena noticia, además, desde el punto de vista fiscal, porque el derrumbe de la recaudación fue notable y sólo pudo ser compensado con un sobre ajuste del recorte en el gasto. Según lo estima el economista Esteban Domecq de la consultora Invecq, la recaudación tributaria mostró signos de deterioro en agosto, con una caída real del 14,3% interanual, principalmente por mala performance del impuesto PAIS (-7,5% en términos reales), debido a la postergación de importaciones por la reducción de la alícuota en septiembre. Pero, en cambio los impuestos ligados a la actividad -contribuciones patronales, créditos y débitos, e IVA DGI- mostraron una notable mejora: si bien siguieron en terreno negativo, cayeron 3,8% promedio versus -8,5% en julio.

Este dato también se verifica en las remuneraciones. Alfredo Romano, titular de Romano Group, subraya que la remuneración SIPA creció 4% mensual, en términos reales, en junio 2024, siendo el tercer mes consecutivo de suba y se encuentra -2,3% comparado con noviembre de 2023; la masa salarial privada aumentó 3,8% en el mismo mes y se encuentra -4,4% contra ese mes previo al tsunami inflacionario.

Por lo tanto, un rebote (tardío y lento, pero previsible) de la actividad económica y una lógica recuperación salarial (dispar e insuficiente pero encaminada en esa senda) agregará, seguramente, presiones en la demanda de bienes y servicios, castigada durante el último año.

Lo que viene. Quizás el último conejo que el Gobierno empuja para sacar con impacto en el corto plazo es el blanqueo. El régimen de incentivo de grandes inversiones (RIGI), en cambio, impactará según la maduración del gasto en el mediano plazo y en forma localizada. Estimaciones de analistas privados apuntan a US$30.000 millones exteriorizados y que pasarían al sistema bancario, aunque la recaudación para el Gobierno no pasaría del 10% de esa cifra. Ya durante este año, el crédito al sector privado, en parte gracias a la menor absorción de fondos del Tesoro, creció más de 32%. Sin embargo, la letra chica del día después del primer vencimiento (30 de septiembre) podría inspirar a la utilización de los dólares bancarizados para comprar bienes, adelantando así la idea motorizada, por ejemplo, por el exministro Domingo Cavallo de marchar aceleradamente hacia la unificación cambiaria y la competencia de monedas. Otra zanahoria para que el programa económico pueda mirar con más optimismo un futuro incierto.