Siempre se enseñó que la inflación era como la marea: cuando esta bajara, quedarían a la vista otros problemas que el vértigo de la carrera de precios dejaba de lado. La profecía parecería estar cumpliéndose cada vez más a medida que el IPC se va desacelerando desde la cima de diciembre (25,5%), enero (20,6%), es decir un promedio de 23% mensual y 1.100% proyectado anual. Probablemente agosto pueda haber descendido otro escalón por debajo del 4% mensual y ya no parece descabellado que este año pueda alcanzarse la ansiada convergencia con la devaluación programada (2% mensual) y la tasa de interés. Sin embargo, las presiones se multiplican y reaparecen nuevos desafíos: menos recaudación tributaria y más demanda de recuperación de gasto público.
La fila
En la visión de la consultora Eco Go, la prioridad del Gobierno precisamente es hacer converger lo más rápido posible al 2% una tasa de inflación que se sostiene en el 4% mensual desde mayo. “Este número volvería a repetirse en agosto según nuestro relevamiento de precios minoristas”, agrega. Los números avalan esta proyección: C&T Asesores Económicos le da 3,8% y para la medición de PriceStats de Alberto Cavallo, 3% para agosto. “Este nivel es levemente superior al de julio, cuando fue del 2,8%, pero la tendencia se mantiene relativamente estable”, subraya.
El apego a lograr la inflación casi “civilizada”, un objetivo enunciado por todos los gobiernos precedentes pero muy pocas veces puesta como prioridad efectiva, produjo inmediatamente dos efectos en el plano económico. El primer es que el “déficit cero” tuvo que transformarse en superávit ya que el pago de servicios de la deuda (el gasto financiero) se anunció que iba a ser honrada, con las lógicas renegociaciones, pero siempre voluntarias. La segunda es que este compromiso asumido restringió el margen de maniobra de la política económica, por lo que el nivel de actividad, la caída en los ingresos y por lo tanto la recaudación impositiva, también se profundizaron.
Recién entre junio y julio, por ejemplo, el nivel de actividad económica en algunos sectores fue superior a la baja en otros por lo que se espera que la recuperación ya sea una realidad. Pero es el inicio y lo que queda por resolver, tanto en este plano como en el poder adquisitivo de asalariados y jubilados, la caída a recuperar no se alcanza con pocos meses de buena marcha de las variables clave. Y allí está, quizás el talón de Aquiles del programa vigente, aun con una proyección optimista: ¿es sustentable un ajuste generalizado en el gasto al mismo tiempo que se proponen rebajas tributarias y hasta eliminación de impuestos?
Para Camilo Tiscornia, socio de C&T Asesores Económicos, mientras el Gobierno mantenga a raya el equilibrio fiscal “eso mismo es un factor importantísimo para contener la emisión monetaria, que es la clave del asunto; pero el gran problema es cuando no hay superávit fiscal y las restricciones monetarias no necesariamente son creíbles”.
Fojas cero
Es claro que una de las urgencias que atraviesa la economía argentina ya no es el de evitar la hiperinflación sino de dar sustentabilidad a una desaceleración de precios. Y para esto, el combo elegido por el Gobierno es el de, casi simultáneamente, reducir el gasto público nacional y la presión impositiva. Según cálculos de Marcelo Capello, director del Área Fiscal del IERAL, si resto del año se repitiera la estacionalidad del gasto nacional y provincial, “en 2024 el gasto público consolidado de tres niveles de gobierno terminará en torno a 32% del PBI, similar al del año 2007 ó 1998”. Y recuerda que el mismo llegó a ser de 47% del PBI en 2015-2016, habiendo subido nada menos que 20 puntos entre 2004 y 2016. Retrotraer ese porcentaje a una cifra aún menor (cerca al 25%), alineada con lo que muestran los países de la región hoy parece imposible pero la utopía corre por el lado de un crecimiento de la economía que, sin bajar más el gasto nominal, lo vaya reduciendo por aumento del ingreso. Una apuesta tan esperanzada como voluntarista.
Por el lado del gasto, la presión a nivel nacional viene de los factores que explicaron, de alguna manera, el crecimiento desmesurado (o al menos sin financiamiento adecuado) durante dos décadas: el déficit previsional, las transferencias discrecionales de fondos a las provincias (donde más creció el empleo público) y los subsidios a los servicios públicos (energía y transporte). Por eso la resistencia, veto mediante, a la reforma en el ajuste jubilatorio que el Congreso insistirá y que insumiría un salto de 1,2% del PBI anual. Pero también la tirantez en la relación con las provincias, incluso las “aliadas” por cuestiones de fondos y el ruido que hace el camino crítico de la racionalización de subsidios al transporte y energía, con un plan de privatizaciones, aún en veremos.
A nivel gasto administrativo nacional, desde diciembre de 2023 hubo una reducción de 30.936 puestos de trabajo, lo que significa una baja de 9,1% de la dotación base consolidada de aquel mes.
La caja
Esta presión por gastar más (a veces para recuperar el deterioro del ingreso desde los picos de 2017, según el caso) se topa con otra promesa electoral de más lento cumplimiento: bajar la presión impositiva. Esto incluye la eliminación de tributos, la restauración con racionalidad del impuesto a las Ganancias y la adecuación del de Bienes Personales en el marco de un blanqueo que pretende matar dos pájaros de un tiro: ampliar a futuro la base impositiva y oxigenar en algo la oferta de dólares.
Pero el inconveniente es que este propósito choca con el efecto devastador que la recesión tuvo sobre la recaudación tributaria. Nadin Argañaraz, presidente de IARAF, destaca que en el acumulado del año habría disminuido un 8% interanual real y al excluir los tributos vinculados a comercio exterior, descendería un 14% en términos reales. Además, en términos de variación interanual real en estos ocho meses, los tributos con mayor caída habrían sido Bienes Personales (61%), Internos coparticipados (20%) y Seguridad Social (15,6%), mientras que los de mayor aumento habrían sido el impuesto PAIS (175%) y derechos de exportación (43%). Justo el PAIS entró en septiembre en fase remisión (con la rebaja en vigencia) y desaparecerá a fin de año, según la normativa. Argañaraz apunta a que, por primera vez en el año, la recaudación mensual real del impuesto PAIS no creció en términos interanuales que pareciera estar motivada por una postergación de importaciones de bienes a la espera de la rebaja de la alícuota anunciada por el gobierno. ¡No hay magia!
La apuesta parece una suerte de “Plan Llegar” hasta una economía con nuevos bríos. Si bien hay cierto consenso entre los economistas que el esquema es posible de mantener en el mediano plazo, surgen dudas de su sostenibilidad si no se avanza en desregulaciones para aumentar la productividad.
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