El péndulo va y viene con temas económicos que generan preocupación. Probablemente la palabra “cepo” acapara ese espacio hasta que las últimas dos semanas, el interés pareció ceder frente a otro ‘trend topic’ que cada tanto aparece, pero esta vez mezclado con la pulseada política: la situación de los jubilados. Sin embargo, el “cepo” aparecerá nuevamente en escena mostrando que ambos dilemas en el plano económico son inseparables.
Los datos. Aprovechando la abrumadora mayoría legislativa frente a un tema tan candente, la oposición (desde la férrea hasta la amigable) consiguió votar el proyecto para cerrar el desfasaje de los haberes jubilatorios con el aumento del IPC, otorgando un 7,2% pero además proponía una actualización adicional sobre el aumento del índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) por sobre la inflación del año. La discusión posterior alcanzó inusitada intensidad al anunciar el propio Presidente que vetaría esa ley si se sancionara de esta manera. El argumento oficial es que una norma así consagrada alteraría el equilibrio fiscal y no sería sustentable el futuro. Para sus impulsores es una reparación justa y que evita una ola de juicios en un futuro por la estructura jurídica de los bonos con que cada mes se va compensando el atraso en la actualización.
Detrás de las razones políticas (desnudar la fragilidad parlamentaria del oficialismo puro) hay otra que una y otra vez asoma en el escenario económico argentino: la quiebra del sistema jubilatorio argentino, que cada año agrega distorsiones y se dilata en su reforma estructural. Pero, además, porque es el principal rubro de gasto en el presupuesto: consume entre el 50% y el 55% de lo ejecutado cada año, una triste paradoja: se gasta mucho y se recibe muy poco.
La sucesiva incorporación de jubilados acogidas a los sistemas de moratoria, sobre todo, hicieron que casi las dos terceras partes del total de jubilados provengan de dicho régimen y también que la diferencia entre el haber promedio del sistema nacional y el mínimo se haya reducido a menos del 21% contra 54% de 2018. Por otra parte, el gasto total del sistema jubilatorio (incluidos los regímenes provinciales y especiales) llegó a insumir 11,9% del PBI en 2020, para luego ir decayendo y quedar, en la actualidad, estacionado en 8,3% y de 6,2% si consideramos sólo el sistema integrado nacional. Es decir, según cálculos del especialista Julián Folgar, economista Banco Mundial y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA tras el boom 2005-2017, el gasto previsional vino cayendo sostenidamente. “A mediados de 2024, acumula una baja del 3,5% del PBI contra 2017. Pero de ese ajuste, casi 2,8% PBI ya se había materializado a fines de 2023”, destaca. Para el economista, la reciente caída del gasto previsional no fue por reformas, sino por crisis reiteradas (tras duplicar las prestaciones comparadas con las ofrecidas en 2005). “Es urgente darle un sendero sostenible y equitativo a este tema, más aún ante la acelerada caída de la tasa de natalidad q estamos viendo”, fundamenta.
Opiniones cruzadas. La dialéctica acerca de la oportunidad y la dinámica de esta modificación cruzó las grietas habituales de la política. Por ejemplo, el exviceministro de Economía durante la gestión de Sergio Massa, Gabriel Rubinstein sostuvo que se debe cumplir la ley de Administración Financiera 25.146, que dice que cualquier iniciativa presupuestaria que implica aumento de gastos no contemplados en el presupuesto, debe estar junto con la financiación correspondiente. “Si se quiere aumentar a los jubilados, que pueden tener toda la razón del mundo, deben presentar una propuesta, por ejemplo, de aumentar impuestos y con las cifras correspondientes porque ese gasto jubilatorio es 1,2% del PBI todos los años”, señala.
Otros en cambio que difieren de la postura “fiscalista” del oficialismo son el exasesor de Javier Milei-candidato, Carlos Rodríguez y el presidente de IDESA, Jorge Colina. “El mayor impacto en el aumento de gasto que tiene el proyecto es el incremento del 7,2% para todas las jubilaciones, a fin de que el aumento otorgado en enero que fue del 12% termine siendo del 20,6% que fue la inflación de ese mes”, explica. Pero va un paso más y sugiere darle otra entidad jurídica al bono discrecional (actualmente, de $70.000) que el Gobierno viene dando para amortiguar el descalce inflacionario. “Hoy se está dando indiscriminadamente a todo el mundo, cuando en realidad habría que focalizarlo en la gente que solamente vive de un haber mínimo y de esta manera tendría otra dimensión fiscal”, agrega.
Estructural. Además de las urgencias de caja por solucionar esta demanda de los jubilados, el sistema en su conjunto tiene una serie de anomalías que nunca fueron tratadas de corregir o, lo que es peor, se acentuaron con medidas que resultaron contra producentes a lo largo del tiempo. Sobre todos tres aspectos que lo volvieron una pesadilla: el estancamiento del empleo formal (desde hace 15 años crece el cuentapropismo y la informalidad, pero no el trabajo asalariado), el envejecimiento paulatino pero constante de la población (aumenta la esperanza de vida y caen lo nacimientos) y la generosidad de muchos regímenes especiales que continúan con parámetros implementados cuando la estructura social era otra. El 82% móvil con relación a los haberes en actividad combinado con un piso bajo de años de aportes y la caída de la base asalariada transformó a los regímenes especiales en un foco de rojo permanente para el Tesoro que tiene que salir a socorrerlos cada mes. Esto es más grave en los sistemas provinciales que reúnen servicios profesionales esenciales (salud, justicia, seguridad y educación).
Folgar estima que cayeron los ingresos previsionales aproximadamente 2,5% del PBI entre 2017 y 2024 versus una caída del gasto de 3,5% del PBI en mismo periodo, con un déficit primario del Tesoro que estuvo en el rango del 2,7% del PBI entre 2021 y 2021. Esta caída debe leerse como fruto de la pérdida de los salarios reales que son los que siguen financiando mayormente el sistema, pero también, incluso, de los recursos tributarios que, en épocas de recesión, también decaen.
“El proyecto del Congreso no soluciona la cuestión de fondo, hay que revisar los parámetros del sistema y no entiendo por qué se difiere cuando ya hay mucho consenso en torno a cuáles son dichos parámetros y en qué sentido corregirlos… es pura desidia parlamentaria el no abordar una reforma integral”, añade Colina.
Lo que sigue. Más allá de estas discusiones, el tema quedó planteado más por las restricciones que por la necesidad de recomponer los ingresos de un sector que se transforma, con cada crisis, en la gran variable de ajuste a través del impuesto inflacionario. La furibunda reacción del Gobierno no guarda relación, según Colina, porque “piensa con la cabeza en caliente ya que lo votado le convalida su fórmula de movilidad que es la fórmula del ajuste por inflación a través de una ley que es mucho mejor que un DNU. Sería incuestionable judicialmente hablando”, remata.
Una batalla épica para intentar recuperar el 30% perdido desde 2017 pero sobre todo para encontrar una fórmula de evitar convertirse, una y otra vez, en los contribuyentes a una fiesta ajena. Una solución que se solapa con la necesidad de la reforma integral de un sistema, que, como todo cambio a largo plazo, no tiene beneficiarios presentes. El tiempo corre inexorable: la demografía argentina se va pareciendo cada vez más a los países de bajo crecimiento poblacional. Cualquier alteración del status quo implicará necesariamente gastar y recaudar más o alterar la proyección de prestaciones que no se podrían sostener con facilidad en el tiempo. Pero como todo tiene que ver con todo, esta inevitable expansión fiscal impactará en la ecuación macroeconómica que tiene, además, dos limitantes poderosas: la decisión de no acelerar la tasa de inflación en retroceso y la escasez de reservas que obliga a perpetuarse en un cepo interminable, que también limita el crecimiento y, con ello, el empleo.
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