Lo que pareció el recurso repetido de casi todos los gobiernos desde la gran crisis de 1989 de pronto se transformó en una pieza clave en la praxis de la política económica de este año: el blanqueo de capitales. Casi siempre, las iniciativas por reincorporar capitales que habían salido del sistema tenían una finalidad sobre todo fiscal: cobrar un peaje de ingreso y de paso ampliar la base tributaria. En esta ocasión, se agregó un aliciente adicional para que el Gobierno impulsara el proyecto echando mano a todo su arsenal de instrumentos persuasivos: se podría parecer a un salvavidas cambiario y oficiar de puente hacia un mejor 2025.
Subterráneos. Las causas por las que la economía argentina fue generando la evasión y elusión tributaria como un deporte nacional podrían apuntarse a dos factores: la fuerte presión tributaria sobre los contribuyentes en una deformada pirámide impositiva y la inflación estructural, que fue distorsionando los parámetros y elevando de hecho la recaudación real.
Los cálculos arrojan un 40% de actividad económica bajo la superficie, pero eso es un promedio y hay mucha diversidad según el sector y la dimensión del negocio. Allí donde hay pocos oferentes y de gran escala, el control es más fácil y la evasión tiende a cero: por ejemplo, en la telefonía celular, en los combustibles o en el mercado automotor. Casualmente, allí la caza en el zoológico tributario se ensaña con estas actividades y por eso tienen una presión impositiva más alta que el promedio e incluso en los más altos niveles en la comparación mundial.
Si consideramos que un 45% de la población económicamente activa realiza tareas en la informalidad (desde el trabajador en negro hasta el falso contratado), la construcción de una economía subterránea también generó un circuito financiero paralelo y la inflación fue derivándolo hacia la tenencia de moneda extranjera, en lo segmentos minoristas y en activos financieros más sofisticados, también en el exterior (fondos de inversión, bonos del Tesoro de los Estados Unidos o acciones), para lo más líquido. Un cálculo reciente de la consultora 1816 estima que el total de los activos financieros de argentinos fuera del sistema local es de US$401.000 millones. Dinero ahorrado en su momento pero que, al revés de lo que enseñan los manuales básicos de Economía, no se introducen en circuito local a través de los préstamos bancarios, por ejemplo, discontinuando así al círculo virtuoso del ahorro e inversión. Sólo en los clásicos billetes (generalmente dólares) “bajo el colchón” la misma consultora lo estima en US$200.000 millones.
Antecedentes. El espejo anterior fue el más exitoso (incluso uno de los más relevantes a nivel mundial) que realizara la administración Macri en 2016 y en el que se exteriorizaron activos por US$116.700 millones. Esa cifra parecería hoy ser inalcanzable por varias razones. Para el reconocido tributarista César Litvin se espera que la cifra final que se consiga oscilará entre los US$20.000 millones y US$30.000 millones, pero hay sectores del Gobierno que apuestan a que podrían obtenerse US$50.000 millones en activos exteriorizados. “Hay que tener en cuenta que algunos contribuyentes se mudaron fiscalmente a Uruguay u otros destinos más amables con los impuestos patrimoniales durante la última gestión de gobierno y que todavía queda el recuerdo de la suba de alícuotas para los que habían ingresado en el blanqueo de Macri”, sostiene. La declaración de la emergencia económica en diciembre de 2019 y la pandemia, luego, fue la ocasión para aumentar las alícuotas de bienes personales, llegando hasta 2,25% del total en el caso de bienes declarados del exterior, lo que disparó la judicialización de la cuestión por considerar que esas tasas eran confiscatorias. La sospecha de una “emboscada fiscal” una vez exteriorizados los bienes es un temor que la nueva normativa trató de corregir con la posibilidad de poder pagar hasta cinco años de bienes personales con alícuota reducida.
Litvin destaca cuatro razones que fortalecieron la invitación de esta vez: la alícuota del 0,45% anual que considera “muy baja”; que se paga sobre los activos de 2023 por lo que los nominados en moneda extranjera están valorizados a $805 por dólar; los incrementos patrimoniales de los años subsiguientes ya no pagarán hasta el sexto período y recién entonces y hasta 2038 pagarán sobre una tasa de 0,25%. Y finalmente, recuerda que este año entró en vigor por primera vez el intercambio automático desde Estados Unidos a la Argentina de las cuentas a nombres de titulares argentinos en aquel país con los datos del año pasado. El primer reporte llegará precisamente el mes que viene, con lo cual también empuja a poner las cuentas en orden.
La vara muy alta. Las previsiones de cuánto será, finalmente, lo obtenido por esta nueva edición del blanqueo coinciden en que un monto que esté cerca de los US$30.000 millones será un éxito. Para el director Asociado de Eco Go Sebastián Menescaldi, incluso puede inferirse de las estimaciones que realizar el propio FMI como un probable ingreso fiscal extraordinario, considerando una recaudación promedio de 5% sobre lo declarado a lo que hay que sumarle el pago anticipado de Bienes Personales. Con todo, estima que en términos de depósitos contantes y sonantes estaría en una horquilla de entre US$3.000 millones y US$4.000 millones.
El impacto del blanqueo cae justo en un semestre castigado por la escasez de divisas que, esta vez, no se debe al azar climático como en la campaña pasada sino a una estricta tendencia bajista del mercado internacional de commodities, especialmente el de la soja y al azote de la plaga de la “chicharrita” en el maíz. Estacionalmente, la segunda parte del año es la que se gastan los dólares acumulados en la primera parte. Las liquidaciones de los exportadores no sufrieron alteraciones con los años anteriores, salvo el de la sequía. Romano Group señala que la balanza comercial de julio fue superavitaria en US$1.575 millones, con la exportación creciendo 19,2% interanual y la importación cayendo 16,5%, siendo el octavo mes consecutivo de balanza comercial positiva. Pero los problemas comienzan cuando se enfrentan dos pesadillas para el Banco Central: los reclamos por normalizar las importaciones y los servicios de deuda, ambos responsables del drenaje de divisas y la imposibilidad de cumplir con las promesas de aumentarlas.
Precisamente en su último informe semanal Eco Go insiste en la dependencia del cepo como una característica dominante de la política económica de Javier Milei, a pesar de su proclamado destierro en el corto plazo. ¿Cuándo vence esta promesa?
“Con atraso cambiario (la inflación sigue duplicando al ritmo de la devaluación) y dólar blend …el agujero de dólares de la economía el próximo año se ubica en US$20.000 millones, de los cuales US$9.713 millones responden al sector público nacional y los Bopreales que emitió el BCRA”, detalla.
Por si acaso, Ricardo Arriazu, uno de lo gurús económicos con mayor predicamento entre sus colegas y que mira con simpatía los intentos por darle otra racionalidad a la economía argentina, fue contundente acerca de esta tensión cambiaria: “el ancla cambiaria es la clave del programa y es sobre lo que todo el mundo se queja. Si muevo ese 2% (mensual), todo sube y entrás en la calesita de precios relativos. Es duro, pero no hay una alternativa. El plan tiene que ser consistente; si no, vuela por el aire”, advirtió. Un baño de realismo en medio de pesimismos y utopías.
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