Alberto Fernández rechaza la presión del FMI de ajustar el índice de actualización de las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares y universal por hijo.
Economistas como Marina Dal Poggetto, del estudio Eco Go, advierte que el año próximo las prestaciones de la Seguridad Social, que representan más de la mitad del presupuesto nacional, aumentarían, según ese coeficiente, alrededor del 55%, muy por encima de una inflación deseable del 40%, con lo que se desmadrarían las cuentas públicas.
Pero el presidente electo considera que el ahorro debe venir por otro lado. Calcula que el 80% de las jubilaciones y pensiones están por debajo de los 200 dólares y, por tanto, no se les puede quitar más de lo que ya les ha sacado el gobierno de Mauricio Macri. Y que circunscribir el recorte al 20% que gana más de 200 dólares tampoco reportará demasiados logros en el resultado fiscal.
En el equipo de Fernández sostienen que debe salirse de lo que llaman "lógica binaria" de que el ajuste sea pagado por los "pobres", es decir, los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, o por los "ricos", o sea, por quienes adhirieron al blanqueo de capitales de 2016/2017. Por eso descartan la idea de un impuestazo adicional a los blanqueadores.
En cambio, apuestan por la suba de retenciones y por el combate de la evasión tributaria, sin ahogar al sector productivo. También planean promover un fuerte blanqueo laboral. Quieren reducir el pago de la deuda, pero se preguntan: "¿Dónde quiere el FMI que ajustemos?".
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