En 2012, Alberto Fernández como abogado de los Eskenazi en YPF criticó el “manoseo” al que recurrió el gobierno de Cristina Kirchner para estatizar el 51% de la petrolera en manos de Repsol, aunque no se opuso a la nacionalización en sí. Ocho años después sorprendió cuando como presidente y sin avisarles a los dueños de Vicentín (las familias Vicentín, Nardelli y Padoan), anunció este 8 de junio la estatización de la séptima empresa que más factura del país y la sexta que más granos, aceites y harinas exporta, y que entró en convocatoria de acreedores antes de la pandemia, en el final del gobierno de Mauricio Macri. Precisamente, a fines de 2019, la empresa de aquellas familias aportantes de Cambiemos había recibido millonarios préstamos del Banco Nación pese a las recomendaciones internas de la entidad que los prohibían por su delicada situación financiera.
En enero pasado, uno de los directores del Nación, Claudio Lozano, había presentado un duro informe sobre esos créditos del principal acreedor de Vicentín y había recomendado su estatización. Entonces le preguntaron a Fernández por la posible expropiación y respondió sin descartarlo: “Tengo claro que es una firma muy importante, fuente de empleo de mucha gente”. En total son 1.300 trabajadores. En febrero, el fiscal Gerardo Pollicita imputó al ex presidente del Nación Javier González Fraga y a dos directivos de Vicentín, Oscar Padoan y Gustavo Nardelli, por el financiamiento.
El 2 de junio, Fernández se reunió con grandes empresarios argentinos y les aclaró que estaba en contra de la idea de la diputada Fernanda Vallejos de que el Estado se quedara con acciones de las empresas a las que les subsidia el pago de salarios con el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). Aunque el planteo de Vallejos no tiene que ver con la nacionalización de Vicentín, varios de esos hombres de negocios quedaron “sorprendidos” y con la opinión de que la compañía estaba administrada en forma “pésima”, convenía que fuera vendida a los grupos privados que la pretendían y la solución estatal “provoca incertidumbre” en todo el ámbito empresarial.
“Nadie seriamente puede pensar que nosotros tenemos como política quedarnos con las empresas privadas”, reaccionó Fernández al día siguiente de la expropiación en Radio Con Vos. Negó que Cristina Kirchner fuera la mentora de la medida, más allá de que la senadora cristina Anabel Fernández Sagasti ha sido reconocida por él como la impulsora del proyecto. Respondía así a los opositores que ya aventaban el fantasma de Venezuela. Una alta fuente de la Casa Rosada agregaba que se descartan otras estatizaciones, que a Vicentín la nacionalizan porque “estaba quebrada y sin operar” y, en este último sentido la diferenció de otras firmas con complicaciones financieras prepandemia como SanCor y OCA.
El ex ministro de Agricultura y ex presidente de la Sociedad Rural Luis Miguel Etchevehere lo define así: “Es Venezuela y así terminaron”. Un empresario del sector aceitero lo ve con preocupación: “Es meter un elefante en un bazar”. En cambio, el vocal de la Unión Industrial (UIA) y empresario papelero José Urtubey lo desestimaba: “No veo una ola estatizadora. Vicentín venía con una caída fuerte, con el Banco Nación y los productores como principales acreedores, siendo una empresa clave para la exportación argentina, sin paralelismos con las compañías que reciben el ATP, pero esto va a generar ruido en el empresariado”. Otro industrial del área de alimentos se muestra crítico pero aclara: “No sé si es Venezuela, dicen que es un caso testigo”.
En el oficialismo lo analizan así. Sostienen que siempre la oposición tiene la palabra Venezuela en la punta de la lengua, incluso cuando se declaró la cuarentena y algunos se quejaron del supuesto recorte de las libertades individuales. Pero alegan que nunca el kirchnerismo fue como Hugo Chávez en cuanto a nacionalizaciones generalizadas. Es cierto que estatizó el Correo, Aguas Argentinas (devenida AySA), Aerolíneas, las AFJP, YPF y Ciccone, pero argumentan que tanto Néstor como Cristina Kirchner adoptaron expropiaciones emblemáticas pero puntuales. “Nunca quisieron estatizar Clarín o Techint, pese a las que peleas que tuvieron”, aclaran. “Ni nacionalizaron tanto como Chávez, ni pagaron grandes indemnizaciones como él ni las gestionaron mal hasta hacerlas fundir”, discriminan, mientras tiran en privado munición gruesa que nunca explicitarían contra el ex presidente venezolano.
“En 2008 se estatizaron las AFJP porque eran una estafa, eran ineficaces y estabas en plena crisis mundial”, recuerdan. “Ahora lo de Vicentín tampoco sucede en cualquier momento, es una empresa en situación extremadamente crítica, mal gestionada, con oscuridades no solo por los créditos de Macri sino por cómo se manejaba el concurso en Santa Fe. Es clave para la liquidación de divisas porque no solo los productores retienen granos, también las cerealeras, y esto ocurre justo en este momento de tensión por el dólar. No sé si es relevante para el mercado interno de alimentos, pero no tiene nada que ver con el ATP”, continúan.
Destacan que Fernández puso al frente de la intervención a Vicentín a un economista elogiado en la cadena agroindustrial como Gabriel Delgado y que haya insertado a la empresa en la estructura profesional de YPF, una firma que cotiza en la bolsa de Nueva York. Frente a los temores de las aceiteras privadas de que la nueva competidora estatal distorsione el mercado, recuerdan que la petrolera nacional convive con las demás con las mismas reglas de juego.
“Alberto puede estatizar o privatizar, es un pragmático”, concluyen. Alegan que la nacionalización de Vicentín fue razonable y que se enmarca en el medio de medidas pro mercado: está buscando salir del default y reestructurar la deuda aun modificando las posiciones más principistas que al comienzo tenía el ministro de Economía, Martín Guzmán; está dialogando en buenos términos con el FMI y en la política internacional está tejiendo buenas relaciones con los grandes líderes de Occidente.
En el empresariado, sin embargo, dudan. El dueño de una alimentaria comenta: “Es raro que ellos quieran marcar la cancha del sector con Vicentín. Extrañó la rapidez y la sorpresa de la medida. Hemos tenido la experiencia de empresas estatales y no han sido eficientes”. Esto último también esgrime Etchevehere, que responde cuando se le pone el buen ejemplo de la gestión de YPF: “Pero hoy hay juicios por miles de millones de dólares en Estados Unidos. Son aventuras empresariales que todos los argentinos pagamos”. Se preguntó si los productores que son acreedores podrán recuperar lo que se les debe y advirtió contra la posibilidad de que “se pongan precios políticos en el sector”, aunque su ex compañero de la Mesa de Enlace y ex presidente de Federación Agraria Eduardo Buzzi apoyó la medida. Etchevehere recordó que en la campaña electoral, el canciller Felipe Solá y el dirigente social Juan Grabois se habían manifestado a favor de recrear la Junta Nacional de Granos. “¿Quién va a invertir en la Argentina si hay un expropiador potencial?”, se preguntó. Claro que esa pregunta también se formulaba cuando Cristina Kirchner expropió YPF y al año siguiente llegó la inversión de Chevron… La codicia puede más. A veces. Pero algunos empresarios responden que YPF ya había sido estatal y, en cambio, Vicentín era una compañía familiar, por lo que su nacionalización infunde temor entre ellos.
Habrá que ver cómo el Estado devuelve los US$ 1.300 millones que la aceitera debe a los acreedores. Al frente de ellos están el Nación, aunque entre los principales también figuran la Corporación Financiera Internacional (brazo del Banco Mundial para prestar al sector privado), el banco de desarrollo holandés FMO y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).
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