Entre la crisis heredada, la pandémica y demorada renegociación de la deuda, las obras públicas no brillaron este año. Pero el ministro del área, Gabriel Katopodis, espera que en 2021 se recuperen y por eso está abocado a la redacción del proyecto de presupuesto de su ámbito. Agua potable, cloacas, autopistas e infraestructura de riego son sus prioridades. Los trenes, puertos, aeropuertos y viviendas no dependen de él sino de Mario Meoni y María Eugenia Bielsa, respectivamente.
Para empezar, Katopodis ha comenzado a desmontar el esquema de proyectos público-privados (PPP) para construir 3.500 kilómetros de autopistas y rutas seguras porque jamás consiguieron el financiamiento necesario y solo avanzaron con el 2% de las obras comprometidas, según el ministerio. El Ministerio de Obras Públicas intimó a las empresas concesionarias de los seis PPP a que cumplieran una condición del contrato que exige ampliar las garantías y presentar el cierre del ejercicio anual. Si lo incumplen, podrá rescindirles los contratos pero intentará hacerlo en el marco de un acuerdo. Las constructoras piden una extensión del plazo, pero el Gobierno alega que ya Mauricio Macri se los prorrogó en julio pasado.
Está por verse si la concesión de peajes y la explotación comercial de las seis rutas quedan en manos de la empresa estatal Corredores Viales, que en su momento creó el gobierno de Mauricio Macri para quedarse con una concesión de Cristóbal López y que ahora tiene cinco caminos del interior cuyos contratos vencieron en la administración de Alberto Fernández. Otra opción es que se licite la concesión, cuyos ingresos irían para el mantenimiento.
En cambio, las obras para convertir esos 3.500 kilómetros en autopistas y rutas seguras requerirá seguro de otra licitación. Se descarta insistir con los PPP porque, según el Gobierno, el 60% de los fondos era para las obras y el 40% para cubrir el costo financiero. Se buscará financiamiento del Tesoro, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), de organismos multilaterales como los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo (BID), de las propias constructoras que ofrecen créditos como las chinas y las mexicanas o de nuevas herramientas para captar ahorro del sector privado. También está por definirse el esquema para financiar el mantenimiento de la red vial de 40.000 kilómetros existentes.
El Gobierno también ha lanzado un plan llamado La Argentina Hace por el que se asignará una obra pública a cada uno de los 2.300 municipios del país. Por ahora se lanzaron en 700. Se trata de obras pequeñas, de pavimentación, cordón cuneta, agua potable y cloacas. Dicen que quieren evitar discrecionalidad como en el gobierno de Macri, cuando provincias como Formosa, Santa Cruz, La Pampa o Tucumán apenas recibieron proyectos. Claro que en el kirchnerismo también hubo discrecionalidad en el reparto. Pero ahora sostienen que distribuirán el dinero según la cantidad de habitantes de cada municipio, que será el que decidirá qué hacer, el que licitará y el que ejecutará.
Por lo pronto, para 2020 el Ministerio de Obras Públicas tiene 270 proyectos previstos. Aseguran que la mayoría está en marcha, salvo en provincias con restricciones por la cuarentena como Chaco y Río Negro.
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