Con el supercepo, el Gobierno solo aspira a frenar el drenaje de reservas del Banco Central. Descarta que pueda engrosarlas. Tampoco está desesperado por hacerlo. Desestima reforzarlas pidiéndole fondos frescos al FMI en la negociación que comenzó en agosto pasado y se extenderá hasta febrero, según calculó el ministro de Economía, Martín Guzmán. Su idea radica en postergar los vencimientos de 2022 y 2023 del préstamo récord que el Fondo le dio al gobierno de Mauricio Macri, pero no endeudarse más.
En el Ejecutivo se hacen los distraídos cuando se les comentan las reuniones que las entidades rurales y las aceiteras y exportadoras de granos vienen manteniendo con el jefe del Central, Miguel Pesce, los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Agricultura, Luis Basterra, y el equipo de Guzmán para negociar una rebaja temporaria de retenciones, de octubre a diciembre, para alentar que los productores liquiden la cosecha de más que tienen guardada en los silobolsas y los centros de acopio. Para esta altura del año, lo razonable sería que tuviesen 20 millones de toneladas sin vender y que aceleren su liquidación en noviembre para el pago de alquileres e insumos para la siembra de soja y maíz, que se cosechan desde abril. Pero tienen retenidos 26 millones. El campo argumenta que si bajaran las retenciones del 33% al 29% en octubre para luego subir al 30% en noviembre, al 31% en diciembre y otra vez al 33% en enero, podrían liquidarse 12 millones de toneladas y conseguirse casi US$ 5.000 millones, dada la revalorización que ha experimentado la soja. Los negociadores agrícolas reconocen que casi todos los funcionarios se mostraron interesados, dada su preocupación por las reservas, menos Guzmán.
Analistas privados consideran difícil que el supercepo aguante hasta que ingresen los dólares de la cosecha de soja y maíz en abril, más allá de lo que entre por la de trigo en diciembre. Y por eso esperan que el Central busque otras fuentes.
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