El loop permanente en el que vive la economía argentina alcanza niveles insospechados. No me refiero en este caso a los ciclos de la ilusión y el desencanto. Tampoco a las crisis cambiarias, seguidas de aceleración inflacionaria y luego apreciación hasta la siguiente crisis. Ni siquiera a los miniciclos de crecimiento en los años impares electorales seguidos de años de caída del producto en los años pares no electorales. Esta vez me refiero a los errores no forzados.
Entre 2007 y 2015 el país vivió prácticamente sin estadísticas públicas. La intervención del Indec en el dato de inflación poco a poco fue afectando al resto de las estadísticas, como los índices de pobreza y la tasa de crecimiento. Pero no sólo eso. También fue el primer gran desincentivo a ahorrar en pesos que derivó en niveles inflacionarios mucho más elevados.
La reestructuración de la deuda en 2005 fue exitosa, no sólo por el elevado porcentaje de aceptación, sino también porque pasamos a tener el mismo riesgo país que el promedio de Latinoamérica. Así, en 2006 contábamos con una economía en pleno crecimiento, con superávit gemelos (fiscal y de cuenta corriente), acumulación de reservas, acceso a los mercados financieros internacionales, salarios recuperando los máximos de la convertibilidad, pobreza cayendo e inflación en ascenso pero todavía en niveles muy manejables. Nada podía malir sal.
Pero a alguien se le ocurrió que era una buena idea mentir con los datos de inflación para ahorrarnos buena parte de los intereses de la deuda reestructurada. No cualquier interés: los intereses de quienes apostaron por los bonos en pesos, que se ajustaban por inflación. Así, la intervención del Indec de 2007 fue un default selectivo de la deuda pública, en particular de aquella en moneda local.
Los incentivos al ahorro en moneda extranjera fueron claros: la formación de activos externos netos (FAE) —el nombre técnico de la fuga de capitales o del ahorro de los argentinos en el colchón— pasó de USD 2000 millones por año hasta 2006, a USD 16.000 millones por año a partir de 2007. La economía fue incapaz de financiar semejante cantidad de dólares y, en 2011, justo después de haber arrasado en las elecciones, Cristina cometió un nuevo error al poner el cepo, en lugar de sanear el Indec y hacer algunos retoques menores al plan macroeconómico. Nunca volvimos a tener el nivel de ingreso por habitante de 2011…
La historia posterior es conocida: gana Macri en 2015, saca el cepo, nos endeuda hasta el caracú (FMI incluido), vuelve al cepo, gana Alberto, pandemia, aceleración inflacionaria, Milei. Pero algo que parecía que habíamos aprendido es que con las estadísticas oficiales no se jode, que es mejor reconocer una inflación del 25% mensual antes que mentir nuevamente.
Hasta el lunes pasado. Todo comenzó con la noticia de la renuncia de Marco Lavagna, único funcionario de alto rango que venía del gobierno anterior, lo que fue toda una señal de que con las estadísticas no se jodía. Luego vinieron las desafortunadas declaraciones de Caputo y Adorni. El primero dijo que, a pesar de que el Indec y el BCRA habían anunciado el cambio en la canasta para enero, la modificación se haría cuando el proceso de desinflación estuviera consolidado. El segundo esgrimió un argumento menos entendible aún: si se actualizaba la canasta ahora y después la inflación bajaba, se iba a decir que la baja había sido producto de la actualización y no de la estrategia desinflacionaria. En ambos casos, los funcionarios afirmaron que la decisión había sido del Presidente. ¿Y la autonomía del Indec? Bien, gracias.
Sabemos dónde empiezan los costos de una medida como esta: nunca sabemos dónde terminan. Eso pasó en 2007 y por eso es tan importante salir con fuerza a resistir esta medida. El daño puede ser enorme.
Por lo pronto, afecta seriamente la credibilidad del Indec, introduciendo suspicacias en el trunco proceso de desinflación. También visibiliza que, si el cambio se hubiera hecho dos años atrás, todos los ingresos y activos que se actualizan por inflación hoy serían alrededor de 18% mayores.
Incluso echa por tierra una mejora que está planteada en la propuesta de reforma laboral que se está discutiendo en el Congreso en este preciso momento. El artículo 54 establece el criterio de actualización de indemnizaciones por despido como IPC + 3% anual. Esto se hace para unificar los diversos criterios utilizados por la justicia, los cuales provocan imprevisibilidad y litigiosidad. Ahora bien, con un IPC puesto en duda, la justicia tiene nuevamente argumentos para usar su propio criterio. Eso no beneficia ni a empresas ni a trabajadores: sólo a quienes se benefician de la industria del juicio.
En resumen, el daño inicial ya está hecho. Ojalá la reacción sea lo suficientemente fuerte como para que el Gobierno decida hacer el cambio de canasta pronto y pasemos de página. Caso contrario, la tentación de cualquier gobierno a tropezar con la misma piedra va a existir siempre y habremos deteriorado nuevamente a una de las instituciones fundamentales para el desarrollo de un país. Lo sucedido con las estadísticas oficiales entre 2007 y 2015 fue una tragedia. Que en esta ocasión el INDEC no termine siendo una farsa.
*Guido Zack es director de Economía de Fundar.
por Guido Zack
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