La polarización no solo enfrenta al kirchnerismo y al antikirchnerismo, ni es nueva en la política argentina. Ni es privativa de este país. Tampoco se ciñe a la política. Se extiende a lo económico y a lo social. También a la cadena agroindustrial: en los últimos tiempos vuelve a ponerse en evidencia entre la industria procesadora de granos, que ha pactado la reciente rebaja de retenciones con el gobierno de Alberto Fernández, y los productores agropecuarios, que aún mantienen su recelo con los K. Los primeros lideran el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que se fundó en julio pasado y reúne a más de 50 entidades de la cadena sectorial, y los segundos son la Mesa de Enlace, con tres de sus cuatro patas metidas también en la nueva institución pero cada vez más a disgusto.
El CAA supone un intento de agrupar a todos los disímiles y comunes intereses que van del campo a las aceiteras y exportadoras de granos, los molinos de trigo y las demás industrias de alimentos, pasando por los proveedores. Tuvo su antecedente en el Foro de la Cadena Agroindustrial, que nació en 2006 como medio para llevar propuestas al entonces gobierno de Néstor Kirchner en tiempos de una relación fría pero no de enfrentamiento como la iniciada dos años después con Cristina Kirchner. Aquel foro siguió existiendo hasta 2011, cuando la reelección de CFK sepultó sus ambiciones. En la Mesa de Enlace observan que el kirchnerismo los dividió al sostener su política de retenciones diferenciadas para la producción primaria y la industrial, lo que constituye un incentivo al procesamiento de granos y el agregado de valor.
En 2015, con la victoria de Mauricio Macri, solo quedaron las retenciones a la soja y sin diferenciales entre el poroto, el aceite y la harina. Fueron tiempos de beneplático para la Mesa de Enlace, pero también para el resto de la cadena. En 2019, con el triunfo del Frente de Todos, comenzó otra vez la inquietud entre unos y otros. Mientras Vicentin recibía polémicos préstamos del Banco Nación, su entonces CEO y a la vez presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Alberto Padoan, organizó una reunión en noviembre pasado con entidades de toda la cadena con la idea de crear una Unión Agroindustrial Argentina para contrabalancear el peso de la Unión Industrial Argentina (UIA).
En paralelo con la decadencia de Vicentin, el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins, organizó un chat de WhatsApp de todo el sector y en julio nació el Consejo. La Sociedad Rural Argentina, que preside Daniel Pelegrina, fue la única integrante de la Mesa de Enlace que se autoexcluyó porque consideraba que no estaba clara su propuesta ni su gobernanza, es decir, qué poder de decisión iba a tener cada uno de sus miembros. En cambio, se sumaron Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro).
El Consejo hizo un debut rutilante el 30 de julio juntándose nada más y nada menos que con la vicepresidenta, en un claro mensaje contra la grieta. Pero a esa reunión, como a la del 4 de agosto con el jefe de Estado, no fueron los líderes de la Mesa de Enlace sino otros integrantes de la agrupación. Con Cristina Kirchner estuvieron Martins; el presidente de la Cámara de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Roberto Domenech, que siempre había mantenido una buena relación con el kirchnerismo; y el jefe de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras, que había sido empleado público entre 1998 y 2009, los últimos cinco años como agregado agrícola ante la Unión Europea. Idígoras ahora fue quien negoció con el Gobierno la rebaja temporaria de las retenciones al poroto de soja y la reimplantación permanente del diferencial para sus subproductos. Es que la industria aceitera puede proveerle los dólares a un gobierno necesitado de ellos a cambio de rebajas tributarias.
Y es que así comenzó la historia del Consejo: fueron a ver a Cristina Kirchner como presidenta del Senado y factor político clave para impulsar un proyecto de ley que otorgue beneficios a toda la cadena con la promesa de elevar las alicaídas exportaciones argentinas. Solo después de verla tuvieron su encuentro con Fernández, el canciller Felipe Solá, el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco. Asistieron Martins, Idígoras, Domenech, la presidenta de la Federación Olivícola Argentina, Patricia Calderón, y el coordinador de Mesa de las Carnes, Dardo Chiesa, ex líder de CRA. Dos días después se juntaron con diputados de Juntos por el Cambio, incluido otro ex presidente de CRA, Ricardo Buryaile. Mientras ahora negocian bajas de retenciones a carnes y lácteos, sigue macerándose un proyecto de ley junto a Gabriel Delgado, ex interventor de la frustrada estatización de Vicentin.
Pero así como las aceiteras le prometieron al Gobierno que la disminución de derechos de exportación le proveerá dólares en tiempos de tensión cambiaria, la Mesa de Enlace vaticinó que no y rechazó el descuento. “El productor prefiere los granos a tener pesos, el problema está en la desconfianza”, opinó Pelegrina, de la Rural, sobre lo guardado en silobolsas. “Hay que ver si por fin compensan las retenciones a los pequeños y medianos productores, que no van a convertir los granos en pesos salvo que tengan inversiones previstas”, observó el presidente de Federación Agraria, Carlos Achetoni, que advirtió sobre la falta de disponibilidad de repuestos y alambres por la incertidumbre cambiaria de productos que dependen del dólar.
Puertas adentro de FAA y CRA discutió en estos días si esas entidades debían permanecer o no en el Consejo Agroindustrial. Hay voces que reclaman la salida, como el ex presidente de CRA Rubén Ferrero. El diputado Buryaile ya no está más en CRA, pero recomienda que siga dentro del Consejo: “No me parece mal lo que está haciendo el Consejo. Hay que seguir ahí dentro. Los lugares que no se ocupan los ocupan otros. Pero no solo hay que estar sino que hay que ir a Buenos Aires a participar de las reuniones del Consejo con el Gobierno”. Este 14 de octubre está prevista una nueva audiencia. Veremos si viajan los mendocinos Achetoni y Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, o el entrerriano Jorge Chemes, su colega de CRA.
“No los une el amor sino el espanto”, se refiere la politóloga e investigadora del Conicet Carla Poth a la buena relación del Consejo Agroindustrial y el Gobierno. “Estos sectores tienen un objetivo final, el negocio, y emprendieron una estrategia con un gobierno que no deja de ser una instancia para hacer negocios en mejores o peores términos. Ante un frente que ganó en primera vuelta, no podían salir con los botines de punta. Puertas adentro, el Consejo tiene el policía bueno y el malo, frente a un Gobierno que necesita dólares”, describe Poth.
En el otro campo, el de la agricultura familiar, no el de la exportación, hay críticas a un gobierno al que en general apoyan. En la Unión de Trabadores de la Tierra (UTT), el dirigente Agustín Sánchez advierte: “Entendemos la grave situación de la Argentina, que necesitamos dólares, pero el paquete de medidas responde a este sector concentrado y no hay una política destinada a este sector que genera empleo y alimento, conteniendo precios”.
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