¿Quién está detrás de los 61 silobolsas rotos este año? Esa es la pregunta que atraviesa por estos días las conversaciones entre los productores agropecuarios, los gobiernos nacional y de las provincias de la pampa húmeda, la oposición y la Justicia. A esos 61 ataques se suman, además, dos asesinatos, incendios de campos, robos de cosecha, agroquímicos, maquinaria y ganado y usurpación de tierras, según denunció por su cuenta una de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Es evidente que mezclar todos los delitos rurales como si tuvieran el mismo origen resulta un error.
El vicepresidente de CRA, Gabriel de Raedemaeker, reconoce que sobre los autores “no se sabe absolutamente nada, no hay indicios, ni sospechas, ni culpables, hasta ahora solo hay mensajes de algún sector del oficialismo antagónico a la producción”. De Raedemaeker mezcla ejemplos que tienen poco que ver entre sí: Hebe de Bonafini, que en enero de 2019 sí llamó a “quemar los campos”; el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, que en mayo pasado se refirió de forma exagerada a un problema real cuando dijo que “se fumiga la cara de los niños en las escuelas rurales”; al canciller Felipe Solá, porque en campaña llamó a recrear la Junta Nacional de Granos; o al dirigente social Juan Grabois, que al mismo tiempo abogaba por la reforma agraria.
De momento solo ha sido detenido un ex militante del Movimiento Evita, Gonzalo Guzmán, en la localidad bonaerense de Gonzales Chaves (448 kilómetros al sur de la Capital Federal). El Evita repudió la agresión.
“Quien recoge esos mensajes puede verse tentado a ataques al productor, porque lo ve detrás del acopio de granos, del salto del tipo de cambio”, expone el vicepresidente de CRA, que el 26 de mayo sufrió la quema de 25 hectáreas en su campo en Oliva, Córdoba. “A lo mejor aparece gente que no tiene que ver. Lo que está claro es que tiene haber una logística atrás, gente que conoce los caminos para hacer acciones sin ser visto, que elude los controles policiales que hay al entrar y salir de los pueblos por la pandemia. Son ataques que suelen ocurrir de noche. Cortar un silobolsa de 60 u 80 metros de punta a punta no se hace rápido. No son travesuras aisladas. Esto puede perjudicar o favorecer a cualquiera de los dos lados de la grieta, pero seguro perjudica al productor y al país. Antes siempre aparecía un sospechoso por un ajuste de cuentas comercial, de un trabajador, un transportista o un familiar, ahora nada”, concluye De Raedemaeker, que reconoce que aumentaron los patrullajes en Córdoba, la provincia gobernada por Juan Schiaretti.
En la Sociedad Rural Argentina reconocen que desde el conflicto del campo de 2008 no había tantas roturas de silobolsas y que después de esa fecha solían tener que ver con internas en la Unión de Trabajadores Rurales (Uatre) en el sur de Santa Fe o conflictos con camioneros. “No vemos un comando organizado a nivel nacional, pero sí gente que es más papista que el Papa que actúa de manera aislada a partir de tipos que instigan por los medios electrónicos”, conjeturan.
El presidente del partido ultraliberal Mejorar, Yamil Santoro, ex funcionario de Cambiemos, y otra militante de la misma fuerza, Jorgelina Ferreyra, denunciaron por supuesta instigación a cometer delitos al periodista de medios populares y militante peronista Ezequiel Guazzora. “Ahí estaban especulando los oligarcas con el precio del dólar. Porque ahí estaban los silobolsas… qué lindo sería que alguien vaya con una navajita nomás, eh, y se los abra. Para que no especulen más, hijos de puta, porque son soretes”, escribió Guazzora en redes sociales. “Mi frase fue seguramente desafortunada, pero no convoqué a cortar silabolsas”, se excusó el periodista ante NOTICIAS.
También legisladores de Juntos por el Cambio han radicado una denuncia penal federal, dado que ocurrieron ataques en varias provincias, sobre todo Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe: “No se trata de la comisión de delitos aislados sino de una forma sistemática de atentar contra un sector por cuestiones políticas e ideológicas”. La firmaron los diputados nacionales Pablo Torello, Héctor “Toti” Flores, Paula Olivetto, Mariana Zuvic y Marcela Campagnoli, entre otros, junto con legisladores bonaerenses como Luciano Bugallo. Contabilizaron 36 ataques, sobre todo rotura de silobolsas pero también incendios. Citan a Guazzora; a un funcionario de Villa María, Córdoba, llamado Martín Quinteros por proclamar en redes “trinchetas ya”, con el supuesto apoyo del intendente de esa ciudad, Martín Gill, y a Grabois, aunque en este caso solo por señalar que “se profundiza una ofensiva desestabilizadora contra el Gobierno impulsada por los fondos de inversión y los zares del agronegocio”. Gill, que está de licencia en Villa María porque asumió como secretario de Obras Públicas nacional, descartó semejante acusación y destacó la amistad con los productores de su zona.
Entre los 36 ataques denunciados por Juntos por el Cambio, hay 11 registrados en Santa Fe. Pero solo dos figuran en la lista de 15 denuncias efectivamente radicadas que contabilizó esta provincia gobernada por Omar Perotti. A su vez, de esos 15, solo en tres casos hay sospechas de la causa: discusiones entre los damnificados y la Uatre, una cooperativa y unos cazadores. El ministro de Seguridad santafesino, Marcelo Saín, opinó que el supuesto de un complot político detrás de los ataques constituye un “verso de Clarín”, pero prometió que encarcelará a los responsables, aunque sean de sus partidarios. Lo mismo comparte su par provincial de Producción, Daniel Costamagna, que se reivindica como hombre que vive en el campo y que rechaza las “confrontaciones”.
Una postura más prudente ha adoptado Matías de Velazco, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), integrante de CRA: “No veo a Alberto Fernández mandando a cortar silobolsas, pero en los pueblos hay gente cargada de ideología y resentimiento. Nuestra preocupación es que vaya a haber violencia porque de los dos lados hay gente exacerbada. Es importante que el Ejecutivo dé un mensaje que tranquilice a su gente para bajar la belicosidad. Lo hablé con (el ministro de Agricultura de la Nación, Luis) Basterra, con (Axel) Kicillof y con el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense (Javier Rodríguez) y ellos están totalmente de acuerdo”. De Velazco admite que se incrementaron los patrullajes en Buenos Aires, cuyo gobierno aclara que “por ahora la política no es el eje dominante de los ataques”.
En las otras entidades de la Mesa de Enlace, Federación Agraria y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), descartan que exista una coordinación nacional de las agresiones, pero sospechan que por la gran cantidad de casos no se trata solo de rencillas pueblerinas sino sobre todo de cuestiones políticas.
Basterra y los ministros de Seguridad, Sabina Frederic, recibieron el 2 de julio a la Mesa de Enlace, repudiaron los ataques y prometieron coordinar acciones con las provincias. Basterra desestimó, no obstante, “intencionalidad política”. Frederic admitió que los ataques subieron en junio pasado 40% respecto del mismo mes del año anterior. En sus huestes descartan una organización política de los ataques: “Si hubiese casos, son una parte ínfima. La mayoría son peleas locales, sindicales o entre productores. Incluso hubo un caso de jabalíes que rompieron la bolsa. Si hubiese algún kirchnerista metido, ahora ya lo repudió el Presidente, la ministra y (Sergio) Massa con su proyecto de ley para agravar las penas a estos ataques”.
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