“El salario no es ganancia”, fue el slogan repetido una y otra vez en 2017 durante la última discusión más o menos profunda sobre un impuesto que nació como producto de la emergencia económica, en 1932, y nunca fue removido. Lo argumentaba el actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, entonces un aliado táctico del Gobierno y lo apoyaba Hugo Moyano y buena parte del sindicalismo. Es que, para muchos gremios, la eximición del impuesto a las Ganancias era más importante que las cláusulas de actualización en las paritarias.
Técnicamente hablando, la discusión se hubiera saldado con un simple cambio de nombre: en la mayoría de los países con fuerte tradición impositiva lo que se gravan son los “ingresos” o la “renta”, sin distinción si es fruto del trabajo en relación de dependencia, del ejercicio autónomo de una profesión o de la percepción de alquileres.
Como principio tributario, casi todos los sistemas adhirieron al de la progresividad (o al menos neutralidad) impositiva: paga proporcionalmente más quién gana más. Pero la discusión viene cuando se quiere establecer un piso, a partir del cual se comienza a aplicar la escala impositiva. Aun cuando esta fuera uniforme (todos pagan el mismo porcentaje en relación a sus ingresos), imponer un mínimo deja fuera a quienes, se supone ganan menos de la indispensable o para los que la administración del impuesto resultaría difícil y más cara.
El piso. Establecer ese mínimo no imponible es la primera discusión relevante. Por ejemplo, según un informe de IDESA, tomando como parámetros los 36 países de la OCDE, el 70% de ellos no tiene ningún piso impositivo y un 25% sí pone un escalón inicial, que en este caso es del 23% del sueldo promedio en la economía. Solo el 5% restante tiene un piso relevante en relación al sueldo promedio vigente: Suecia y Chile, con el 106% y 80% del salario promedio del país. En el caso argentino, es de 90% en la actualidad y una proporción aún mayor en el caso que sea ley la propuesta de subir a $150.000 (quedaría en 180%).
La tendencia a universalizar la base tributaria de este gravamen es la de concientizar a la ciudadanía que, así como se comparte el uso de los bienes públicos, también debe compartirse su costo. Y para evitar que se caiga en la irresponsabilidad fiscal (el gasto no asociado al cobro del impuesto) se busca que muchos paguen pocos para afianzar con alícuotas más elevadas para los altos ingresos. Justamente, el sistema tributario argentino acentuó algunas falencias que arrastra desde hace muchos años que desnudan su impotencia por no poder lograr la eficacia en la recaudación. Por eso, muchas veces se privilegiaron impuestos que son distorsivos desde lo productivo e inequitativos desde lo social, pero que aseguran ingresos. El Impuesto al Valor Agregado (IVA), creado en 1973 y generalizado a partir de 1992 para erradicar otros tributos en cascada (como el de Ventas o el provincial de Ingresos Brutos) es el que encabeza la lista, con un 7,5% del PBI anual. En total, nueve impuestos aseguran el 90% del total de la recaudación y el resto, el 10% restante. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) los calcula en más de 160 entre los tres niveles antes de los creados en la emergencia de la pandemia.
La escala para aplicar ganancias
El otro inconveniente es la aplicación de las diversas escalas, con los saltos que se van marcando en determinados montos a partir del cual la alícuota crece. El valor único para las empresas inscriptas en el régimen ordinario es del 35% sobre las utilidades y para las personas arranca en 5% y termina en 35% en el último tramo.
Para las empresas el tema más problemático no es el impuesto a las Ganancias sino el contexto económico al que se enfrentan. En su encuesta anual sobre el impacto del sistema impositivo que KPMG Argentina consulta a los gerentes financieros de sus clientes. Este año fue respondida por 70 directivos y especialistas impositivos de empresas medianas y grandes de todo el país y arrojó que el impuesto con más incidencia para los empresarios en la formación de los costos y precios es el de Ingresos Brutos. El año pasado este tributo fue el más votado (50 % de los encuestados) y en 2020 subió al 66 % del total y 98% de los que contestaron no creen que la actual situación de suspensión del consenso fiscal se retrotraiga. Por otro lado, el 52% afirma que tuvo que desinvertir debido al marco fiscal argentino durante 2020 y 87 % asegura que en 2021 aumentará la presión fiscal.
Para las personas físicas hay una serie de rubros que se van descontando para determinar la “ganancia imponible” y que son sumas fijas. La clave de esta reforma no es tanto subir o no un piso sino en la no actualización automática que puede sacar de la base de contribuyentes hoy, pero reingresarlos más adelante. Para la Patricia Faraoni, Socia de FDX Contadores, lo que distorsionó todo fue la inflación: hubo 7.280% desde enero de 2002 a enero pasado. “Lo que están queriendo hacer es un parche porque en principio no está prevista la actualización de todas las escalas”, comenta. A su juicio, el aumento de las deducciones personales es razonable, pero debería ser aplicada a todas las rentas del trabajo personal, en relación de dependencia o por cuenta propia. “Y también deben actualizar las escalas del impuesto, sino estamos en el mismo problema de siempre, los impuestos son confiscatorios y la no se va a solucionar el tema de la evasión”, agrega.
El impuesto a las personas físicas y empresas representaba hasta 2020 en Argentina algo más del 5% del PBI, dos puntos menos que Uruguay, la mitad que en Estados Unidos y Alemania y bastante lejos del 15% que muestra Australia. La diferencia entre la capacidad de recaudación entre uno y otro sistema radica en la universalización de la base (quienes pagan) y en la focalización del esfuerzo recaudatorio en una menor cantidad de impuestos, mejor seguimiento y menor evasión estructural.
Promedios de ganancias
Incluso comparando con otros sistemas impositivos, la presión impositiva promedio argentina no es la más grave. El último dato disponible por las estadísticas de la OCDE señala que con casi 29% del PBI de recaudación tributaria, Argentina está casi 5 puntos debajo del promedio. Pero esta medición fue realizada en años de déficit fiscal, por lo que luego se incrementó para financiarlo y se agregaron los impuestos de emergencia durante la pandemia. La otra cuestión es que con el IPC creciendo al 40% anual, se calcula que hay que agregar otros tres puntos en concepto se “impuesto inflacionario”. Por último, está el factor de la distribución de la presión impositiva: un valor medio dice poco sino se acompaña con medidas de dispersión. Hay impuestos en los que algunos pagan mucho y otros nada; muchos pagan algo creyendo que no pagan nada y otros pagan menos de lo que creen reciben en provisión de bienes públicos.
Muchas asignaturas pendientes que no se solucionarán subiendo sólo un parámetro en el rompecabezas de transferencia de ingresos en que se convirtió la economía argentina. Proponer la discusión en un año impar, un mal indicio con pronóstico incierto.
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