Viernes 23 de abril, 2021

ECONOMíA | 01-03-2021 15:58

Alberto Fernández: anuncios económicos y la obsesión por el dólar

El proyecto de ley para pesificar las tarifas de los servicios públicos amenaza con convertirse en una discusión de alta intensidad. El fantasma de la caja negra del Estado.

En el discurso de la apertura de las sesiones del Congreso, como es habitual, el contenido económico no faltó. Sobre todo, en el contexto de la recesión pandémica de 2020 (10% de caída del PBI) luego de dos años de penurias. Demasiado para pasar desapercibido en un discurso legislativo en el inicio de un año electoral.

El Gobierno se quiere mostrar activo frente a una crisis imposible de esconder por lo que los principales problemas estuvieron presentes en las palabras de Alberto Fernández. La inflación, la deuda externa, el retraso salarial, las exportaciones, las tarifas de los servicios públicos y, por supuesto, las ayudas de emergencia a que obligó la pandemia y su proyección. El esfuerzo económico para dar respuesta a desocupados y trabajadores informales (los 9 millones de personas que cobraron el IFE en algún momento) y a las empresas, mediante el programa ATP (expresó que el 70% de los empleadores habían sido aliviados con estas medidas). Un enfoque de contención y auxilio que no está excluido de un plan económico que se pidió más de una vez desde el 10 de diciembre de 2019 pero que hoy tampoco apareció.

Un plan no es un conjunto de medidas por más coordinadas que estén presentadas. Son grandes orientaciones de las que el Gobierno siempre rehuyó, primero porque no había terminado de renegociar lo que consideraba era la causa y el efecto de buena parte de los males económicos, la deuda. Con la pare privada reconvenida, todavía falta cerrar los nuevos plazos (porque quita no habrá) con los organismos internacionales liderados por el FMI, del cual Argentina es su primer acreedor individual. Aquí salieron dos verdades que Alberto Fernández dice va a cumplir puntillosamente: que no habrá un ajuste para pagarla y que de ahora en más tomar un crédito externo requerirá de la aprobación del Congreso. De paso, avisó que está convencido que la gestión de la administración Macri con el FMI fue al menos negligente cuando no fraudulenta. Nuevamente, como pasó con el dólar futuro, es probable que una medida de política económica terminará en los Tribunales. ¿Estará dinamitando este consenso político la posibilidad del acceso al crédito externo? Si fuera así, sólo quedarán dos caminos para financiar el gasto que, al menos por lo que se juzgó hoy, no será menor sino al menos igual. O se subirán los impuestos o se continuará emitiendo. Un dilema difícil de resolver en el corto plazo y sobre todo con las restricciones de un año impar, con elecciones a la vista.

También la obra pública tiene un sabor especial en los anuncios de un año electoral. Sobre todo, cuando es pura ganancia para el sector o la región que lo recibe y todavía el Tesoro no tomó nota de la erogación. Además, como ocurrió otras oportunidades, prometer no es ejecutar y en todo caso, lo que se compromete tampoco tiene impacto presupuestario en este año. Así ocurrió con el plan para construcción de viviendas, o las obras ferroviarias enumeradas en el discurso o las mil obras en las 24 provincias o las del plan Argentina Hace que involucra a 2.300 municipios. Como corresponde, se describió el impacto global y sobre todo el trabajo generado por las iniciativas.

Sin embargo, en lo que hace a erogaciones del Estado, la estrella de los anuncios no fue un desembolso sino el tratamiento de un proyecto de ley que enviará próximamente del Poder Ejecutivo Nacional para darle un cierre a un factor aún en deuda desde hace 19 años: la forma de actualización de las tarifas de los servicios públicos. Fernández habló de la “desdolarización” de las tarifas, porque quienes las pagan tienen sus ingresos pesificados. Lógica pura, salvo que los costos de las empresas que abastecen la demanda en buena parte están dolarizados, especialmente en dos rubros: los insumos energéticos y las grandes obras de infraestructura. Con el barril de petróleo con precios recuperados y la economía global en franca recuperación, no es aventurado proyectar precios de la energía en ascenso y por lo tanto una brecha creciente entre los costos y los precios a los que el Gobierno espera llegar. Una diferencia que podría derivar en varios escenarios: una renegociación sinuosa con las actuales prestadoras internacionales e incluso podría derivar, como ocurrió con el caso de Edenor, con traspaso del control accionario hacia empresarios “expertos en mercados regulados”. Y si fueran amigos de la casa, tanto mejor para entenderse. La otra alternativa es que se degrade la calidad o se mantenga con esfuerzo del Tesoro: con más subsidio. No faltarán las voces que reclamen que si hay que subsidiar a un privado por un servicio que no es bueno y que igual cuesta dinero para el usuario, convendría estatizarlo y listo. Sólo que el Estado, aun suponiendo que pueda tener una mejor gestión, necesitarán capitalizarlas por lo que no se hará en una transición y lo que exigirán procesos modernos y la competencia internacional por prestaciones de proveedores. Más plata con menos crédito.

Los conflictos llevados a jurisdicción del CIADI (el tribunal arbitral que resuelve diferencias en temas de protección de inversiones) volverán a estar activos en el caso argentino. Un enrarecimiento del clima de negocios que pueda hacer naufragar las buenas intenciones de divorciar las tarifas de la cotización del dólar.

Aproximadamente un tercio del crecimiento del gasto público de los últimos 15 años se debió a los subsidios que todo el complejo de servicios públicos y transporte demandó para no trasladar a la tarifa los costos crecientes en pesos. Los otros dos tercios fueron el rojo del sistema previsional y las transferencias a las provincias. En un caso y en otro el panorama no sólo no mejorará, sino que podría profundizarse, si nos atenemos a los anuncios de hoy o la memoria de lo actuado el año pasado.

En definitiva, una pirueta anunciada pero difícil de concretar que además coincidirá en el tiempo con la urgencia por cerrar el flanco de un eventual acuerdo con los acreedores internacionales y este agujero negro no será fácil de digerir en la mesa de negociaciones. El tratamiento legislativo y las exigencias de los “técnicos” del FMI podrían quitarle el ímpetu inicial a este planteo y quedar en una fórmula indexatoria tan compleja como carente de épica.

También te puede interesar

Galería de imágenes

En esta Nota

Tristán Rodríguez Loredo

Tristán Rodríguez Loredo

Comentarios