Hablar de los impuestos en Argentina, sin hacer referencia al gasto público global sería tan incompleto como olvidarse de involucrar en la ecuación en permanente análisis a otros dos factores: el endeudamiento y la emisión monetaria. Un cóctel explosivo que en la última década condenó al país al estancamiento, una inflación indomable, un endeudamiento real creciente y un rasgo en el que no parece haber grieta: el aumento de la presión impositiva.
Los pactos. Hasta 2017 en que la recaudación tributaria de parte de las provincias tocó un techo histórico y llegó al 5,4% del PBI, las provincias fueron concentrando el cobro de impuestos en el más distorsivo de todos: Ingresos Brutos. Llegó a representar casi el 80% en promedio de toda lo que se juntaba cada año (un 4% del PBI) y sobre el cual apuntan todos los economistas sin distinción de escuelas. Pero como la necesidad manda, los gobernadores optaron por hacer oídos sordos a las advertencias sobre ineficiencia general, castigo al comercio formal y aliento a la marginalidad. Pero, sobre todo, porque la generalización del IVA nació para absorber el de II.BB.
El denominado Pacto Fiscal de 2017 justamente apuntaba a convenir con los gobernadores la baja paulatina de estos impuestos y un camino de responsabilidad fiscal que se cortó por el cambio de administración en 2019 y luego por la pandemia, que derritió todas las fuentes de financiamiento que se apalancaban en el consumo.
La invitación del presidente Alberto Fernández a los mandatarios provinciales para autofinanciarse, sólo cuatro años más tarde del intento más serio por bajar la presión fiscal local (de 5,4% al 4,8% medido en términos de PBI), terminará en una suba de alícuotas en los impuestos que ya se están cobrando y en instarlos a adoptar algunas genialidades fiscales, como el que grava la transmisión gratuita de bienes (por herencia, donación o legado).
Las razones para esta luz verde a los recaudadores tienen una explicación en la necesidad de cerrar la brecha fiscal lo antes posible, habida cuenta de las planillas que ya circulan en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y que debería concluir con un programa auditable y consistente en el cual, el agujero negro del rojo fiscal es clave.
Las cuentas. Si bien 2021 termina con un déficit fiscal menor a lo previsto en el presupuesto de este año (4,5%) lo cierto es que se logró en forma irregular: un primer semestre con sobrecumplimiento y ajuste (sobre jubilaciones y gasto salarial, en general), con las elecciones a la vista se desanduvo ese camino. Hubo mayor actividad, más consumo, pero también un empujón a los precios que, aún controlados, terminarán el año arriba del 50% anual. El ancla de un tipo de cambio “oficial” que subió menos de la mitad que el IPC determinó que las reservas internacionales del Banco Central se proyecten a casi cero para marzo, cuando llegue la hora de la verdad: el primer pago al FMI sin plata.
Sin embargo, la visión simplista que para eliminar de cuajo el déficit hay que echar a los ñoquis de cualquier signo político no se ajusta con la realidad. El principal ítem en el presupuesto es el destinado a jubilaciones y pensiones, que se lleva entre el 55% y el 58% del total según el año. Según un estudio de IDESA, el gasto en personal representa el 9% del gasto público nacional y no llega al 12% que se destina a subsidiar el precio de la luz, gas y transporte representa ni, mucho menos, al 19% para pagar intereses por parte del Banco Central y el Tesoro.
Pero otro rubro a tener en cuenta son las transferencias discrecionales a las provincias, que es una forma de alinear voluntades que valen más en un Congreso sin mayorías absolutas o por simple alineamiento político. En este enjambre de ecuaciones, surge una necesidad imperiosa de recortar, pero detrás de cada gasto hay intereses, gente, localidades. Repetir lo hecho en 2021 en el que una mayor inflación licuó parcialmente las jubilaciones y las remuneraciones del sector público no es sustentable en el largo plazo. Jorge Colina, Presidente de IDESA afirma que, si bien este año hubo crecimiento, al estar la economía frenada (recién en 2022 podría alcanzar el nivel de 2019), “levantar los impuestos significa profundizar el estancamiento, justamente lo que este Gobierno critica a las recetas recesivas del FMI”.
El rechazo al Presupuesto dejó la pelota picando para que el oficialismo exhibiera la necesidad de votar leyes impositivas que estaban incluidas en dicho proyecto. Pero también aprovechó para empezar a tocar las alícuotas del impuesto sobre Bienes Personales, que endureció la carga fiscal sobre los que más pagaban, aun los que no habían declarado bienes en el exterior. El equilibrio entre subir los impuestos al patrimonio (como este caso) y reconocer la actualización del piso para que no lo paguen los que de ninguna manera son ricos, se parece más a un juego dialéctico que a un resultado fiscal concreto. La otra herramienta a mano fue la instancia a las provincias para que copien a la de Buenos Aires que hace una década tiene un impuesto a la transmisión gratuita de bienes.
Herencias. Para el tributarista César Litvin, el gravamen es muy difícil de argumentar y aún más complicado de eludir la multiplicidad de imposición que deriva muchas veces en los tribunales. Como la base imponible son activos que ya vienen pagando Bienes Personales estaría pagando nuevamente; y una triple si es un bien registrable (por el inmobiliario, patente o registro de embarcaciones, por ejemplo) o hasta una cuádruple si el bien en cuestión está radicado en el exterior y por eso tiene una sobretasa. “Lo que viene es un camino de más esfuerzo y sacrificio fiscal. Porque en todo caso, los que ganaron son los que no deberían haber pagado este impuesto, al que llegaban sólo por efecto de la inflación”. A su juicio, los grandes perdedores son los que consumen más y por esa razón “se desmotivan y piensan en hacer negocios en otra parte: el incremento para ellos está cercar del 50%”, señala (suben de 1,25% a 1,50% y hasta 1,75%)
Sin embargo, a pesar del atractivo de la “igualdad de oportunidades”, el impuesto “a la herencia” sólo recauda en la provincia de Buenos Aires el 0,2% de la totalidad de sus recursos tributarios. Marcelo Capello, Economista Jefe del IERAL estima que “es probable que en otras provincias que lo implementen pase lo mismo y sería uno de esos casos en que saldría más caro el collar que el perro: se ahuyentarían inversiones y contribuyentes, para recaudar muy poco”. Capello le da un enfoque más general, recordando que “en Argentina ya existe un impuesto al patrimonio (Bienes Personales), que en 2022 aumentará sus alícuotas, que en 2021 se aplicó un tributo especial a las grandes fortunas y se agrega ahora la intención que las provincias creen sus propios impuestos a las herencias”, sintetiza. Y subraya que el país es uno de los tres que tienen este tipo de impuestos, junto con Uruguay y Colombia, si bien lo hacen con pisos más elevados y alícuotas menores.
Es que este impulso fiscalista no se desacopla de la tendencia señalada al principio: tratar de financiar un gasto que fue siempre creciente y que sólo encontró respiro en los años de vacas gordas: cuando los precios de los commodities guiñaban al viejo hábito de gastar de más. Una buena cosecha nos vino salvando… casi siempre.
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