Para la historia argentina, el hecho de empezar el año sin un presupuesto aprobado significa dos cosas: que la crisis cambió las prioridades y la discusión de un programa explícito pareció una nimiedad (como en 2002) o que luego de algún tiempo en que la aprobación fuera un trámite legislativo, existe otro formato para la discusión que no fue atendido por el propio Gobierno. Lo que se coronó el viernes como una aparente derrota política en la Cámara de Diputados, se puede etiquetar en este segundo grupo.
Para el economista Federico Vacalebre, es muy importante tener una hoja de ruta. “Carecer de ella le da al sistema una inestabilidad mayor porque exhibe la fragilidad de ni siquiera poder acordar un programa, aun considerando que no sería cumplido totalmente”, argumenta. Cree que condiciona una negociación que ya viene muy trabada y queda pendiente la incógnita de cómo se podrán corregir en 2022 los desequilibrios de 2020 y 2021: si el ajuste vendrá dentro o fuera del acuerdo con el Fondo.
Un nuevo escenario. En el medio de la discusión quedó flotando la urgencia por cerrar una etapa, casi una ofrenda hacia el acreedor principal del Estado Nacional: el Fondo Monetario Internacional. Al día siguiente de la “derrota”, el Presidente y Martín Guzmán tuvieron un zoom con su directora para darle la mala nueva, desnudando un secreto a voces: nada de lo que acuerde el ministro de Economía refleja la voluntad de toda la coalición gobernante. Claro que se renovaron votos por transitar un camino de mutuo provecho, pero el retraso aceleró aún más la velocidad con que se acercan el plazo para el primer pago para el cual no existen reservas disponibles (marzo de 2022, por unos US$ 3.000 millones de los casi US$ 19.000 millones en todo el año).
Pero en este punto, hay una novedad. “Pero en la relación con el FMI, que es el tema excluyente, obliga al Gobierno a explicitar su programa, asumiendo que nunca se va a poder pagar los dólares que vencen el año próximo y no tiene más que asumir sus compromisos, en materia fiscal, tasa de interés, tipo de cambio y tarifas”, explica el economista Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos. Esta nueva obligación, es lo que altera el humor y la praxis del equipo económico, conocedor de su debilidad política.
El dólar, otra vez. El otro elemento desconcertante en la proyección que realizó Economía y obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto es el valor del dólar. Aun asumiendo que la inflación pueda llegar a ser la del 33% indicada, la suba del 28% para todo el año, pero partiendo de una base endeble: 100% de brecha
Tiscornia descree de la validez del presupuesto bochado porque sencillamente le parece que ningún técnico en Washington avalaría ese dato ni el de un dólar proyectado a $130 para fin de año, que implicaría un retraso aún mayor del tipo de cambio “oficial”, sin reservas ni alicientes para defenderlo.
El Excel manda. En el centro de las críticas del presupuesto fallido, está la inflación proyectada para 2022: 33%, cuando la de este año terminará un poco arriba de los 50 puntos, pero con la gran ayuda del abanico de controles de precios, congelamiento de tarifas, dólar comercial que se retrasó 50% por debajo del IPC anual y una tasa de interés que fue siempre negativa. El sinceramiento de estos precios, más por obligación en un acuerdo o por agotamiento del mecanismo restrictivo que por convicción, empujaría el promedio de precios por encima de lo que prevé el presupuesto. De hecho, la última encuesta REM, que centraliza el Banco Central (responden las 41 consultoras más activas de plaza), ya proyecta una inflación del 51% para 2022. No pocos analistas, como Esteban Domecq (director de Invecq Consultora Económica) creen que estas estimaciones corren por detrás la dinámica inflacionaria que, además de los reacomodamientos de precios relativos, una vez más será la que cierre la brecha entre las demandas y los recursos.
Tampoco los sindicatos asumen la validez de esta cifra “mágica”. Ya en épocas del “dibujo patriótico” del INDEC intervenido de la mano de Guillermo Moreno, Hugo Moyano repetía que la única inflación que miden su poder adquisitivo era “la del supermercado”. Fin de la discusión. El método se sofisticó y ahora los grandes gremios incluyen cláusulas gatillo y reapertura de paritarias que les impiden quedar retrasados mucho tiempo. Por eso no discuten esta ilusión y si se incorpora, como el año pasado en algunos convenios firmados con gremios “amigos”, hay letra chica y plazos para la revisión.
Cuentas en rojo. En su último informe, la IERAL advierte que la incertidumbre y también abre muchos interrogantes en algunos números vitales para el tablero de control macroeconómico. “La subestimación de la inflación puede permitirle al Gobierno alcanzar un déficit menor al presupuestado (con cierta licuación de gasto), o usar discrecionalmente el exceso de recaudación y terminar con un déficit igual o mayor al presupuestado”, explica. Es decir, la clave está en conocer cuál será el grado de “ajuste” en el gasto por encima o no de la inflación proyectada que, seguramente, para septiembre ya quedará obsoleta. Así, el déficit primario (sin contar intereses de la deuda) podría ser de 1,4 % del PBI en lugar del 3,3 % proyectado si la inflación en 2022 similar a la de 2021 (52%), recaudación tributaria alineada con esa cifra, con el gasto en jubilaciones y AUH siguiendo a la inflación, pero aplicando para el resto del gasto primario la pauta del 33 %. En el Excel, cierra. Habrá que ver qué hay detrás de cada número.
La forma en que se tratará el principal gasto del Presupuesto Nacional (55% del total) que es el sistema previsional y de asignaciones, no es menor por el impacto del financiamiento del rojo continuo de sus cuentas. En el proyecto, hay un aumento del 39% con respecto a este año, lo que daría un incremento real del 4%.... siempre y cuando la inflación termine siendo del 33%. Pero, por ejemplo, la consultora Invecq estima que con la inflación proyectada terminará en una poda del gasto del 11% real.
También es relevante para el delicado equilibrio financiero, habida cuenta que lo que sigue creciendo como una bola de nieve es el stock de Pases y Leliqs, títulos con que el Banco Central intenta contener el tsunami de pesos con que se financió la caída de actividad y recaudación de la pandemia. En términos de PBI se calcula que hoy están arriba del 9% e Invecq lo proyecta, según el Presupuesto, en 12,4% del PBI para el mes de agosto. La combinación de déficit fiscal continuo y la carencia de otras fuentes de financiamiento explican este aumento. Y también el impacto de tener que sincerar una tasa de interés que desaliente la demanda de dólares, siempre escasos, en una economía que convive con una inflación del 3% mensual.
En una secuencia de más largo plazo, el economista Fernando Marull, socio de FMyA, trazó una correlación inquietante: desde el año 2004, cuando comenzaron a flexibilizarse las prestaciones y a abrir las puertas para las moratorias, el crecimiento del stock de dichos instrumentos financieros fue creciendo a medida que aumentaba el gasto previsional, sólo disminuido el último año por la poda en el poder adquisitivo de las prestaciones. Para 2022 proyecta un 7,9% de gasto previsional y casi 10% del stock de Pases + Leliqs. Un ajuste que, como le gusta recordar al ministro Guzmán, no es sostenible en el tiempo.
Final. Con tantas ventanas abiertas, la resolución del “problema” presupuestario probablemente correrá por un carril y las decisiones por otro. Con ingresos extraordinarios caídos a fin de diciembre, el Gobierno podrá reintroducirlos puntualmente como proyectos de ley ad hoc (la suba establecida hace dos años en las retenciones o Bienes Personales, por ejemplo). Pero también tendrá las manos libres para transferir partidas y hacer “su” política sin rendir cuentas mientras va cerrando “algo” con el Fondo Monetario Internacional.
Diana Mondino, profesora de la UCEMA, tiene un punto de vista diferente. Sostiene que, como hay déficit aún sin pagar intereses, es inviable que eso continúe ya que no hay financiación posible.
A su criterio, era obvio que muchos diputados no podían firmar un presupuesto que aumenta gastos y muestra un gran déficit. “Paradójicamente, esto le da más libertad al Gobierno que recibirá mayores ingresos y sólo tiene las restricciones en el gasto del año anterior. Como ciudadana lamento que se agreguen cada vez más gastos sin establecer prioridades ni prestar atención a la inflación que, inexorablemente vendrá por financiar gran parte con emisión”, concluye. Una hipótesis que no suena descabellada en un país donde la anormalidad económica reina hace tiempo.
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