ECONOMíA | 22-02-2020 08:00

La encrucijada económica de Alberto Fernández

La necesidad de achicar el déficit fiscal, pero evitando que se profundice la recesión.

Un trabajo publicado por el Banco Mundial en 2008 analizó 13 procesos de rápido crecimiento económico durante al menos 25 años entre 1950 y 2005. Afirma que, más allá de sus diferencias, tuvieron rasgos comunes: a) gobiernos eficaces, creíbles y que priorizaron el crecimiento; b) estabilidad macroeconómica: inflación moderada y finanzas públicas sustentables; c) integración estratégica a la economía mundial: absorbieron conocimientos del exterior para aumentar su productividad y usaron la demanda mundial para vender su producción; d) movilidad de recursos productivos hacia regiones y sectores dinámicos, a partir de señales de mercados, complementadas muchas veces por políticas estatales de desarrollo; e) altas tasas de ahorro e inversión: para crecer se necesita invertir, pero no se crece en forma sostenida si la inversión depende del ahorro externo.

En algunos casos hubo circunstancias internacionales o locales que favorecieron el rápido crecimiento, pero este no hubiera existido sin acción estatal coherente y eficiente. Las mejoras en infraestructura, salud, educación e investigación fueron clave para aumentar la productividad, y al mismo tiempo incluyeron en el progreso económico a grandes masas de población, logrando así apoyo político para la estrategia de crecimiento.
 

Historia repetida. Nuestro país no tuvo estas bases en las últimas décadas. En particular, careció de estabilidad macroeconómica, imprescindible para que las familias y empresas planifiquen su vida y sus negocios. En 1980-1990 nuestro PBI por habitante cayó 23%; en 1991-1998 trepó 41%; en 1999-2002 bajó 22%; en 2003-2011 subió 58% y en 2012-2019 bajó 11%. Hace 40 años nuestro PBI era 0,8% del producto mundial; ahora es 0,5%. Mientras la mayor parte de los países creció en forma relativamente estable, la Argentina vivió una montaña rusa.
 

La secuencia típica ha sido: 1) crecimiento del déficit fiscal y abaratamiento del dólar, inducido por políticas gubernamentales; 2) aumento inicial de la actividad económica, impulsada por estas políticas; 3) freno a la actividad: una vez que se comienza a visualizar que las políticas no son sustentables, se desalientan las decisiones de largo plazo; 4) crisis de falta de divisas; 5) devaluación, ajustes de precios relativos, aceleración de la inflación y caídas del salario real, del consumo y de la producción.
 

Si el déficit fiscal se financia con deuda, como nuestro mercado de capitales es pequeño, se suele tomar en el exterior: ingresan dólares para gastar pesos. Esto presiona a la baja al tipo de cambio real, abarata las importaciones y disminuye la competitividad de las exportaciones, conduciendo al déficit comercial. Y cuando el dólar está barato, se sabe que en algún momento aumentará; por eso, mientras el sector público vende dólares, el sector privado los compra. Pero el sector público los tiene que devolver, mientras los privados no siempre los retornan al sistema económico.
 

Si el déficit fiscal se financia con emisión monetaria, nuestra moneda tiende a perder valor, y entonces se busca refugio en monedas “duras”. La inflación alta y variable ha inducido a muchos a ahorrar en dólares, alimentando la llamada “fuga de capitales”, que es parte del déficit externo.
 

Ni CFK ni Macri priorizaron los equilibrios macroeconómicos. En 2012-2015 hubo restricciones a la compra de dólares. No fue una solución estructural al déficit externo: las reservas internacionales se derrumbaron. Macri financió el déficit con deuda externa, agravando el problema con mayores intereses por pagar. En 2018-19, la falta de financiamiento privado llevó a devaluación y recesión; el déficit se redujo por la acción de los mercados, no por decisión del gobierno.
 

En lo fiscal, CFK asumió en 2007 con superávit y se fue en 2015 con déficit equivalente a 5% del PBI, la mayor parte financiado con emisión monetaria. Macri aumentó el déficit en 2016-17 y, como lo financió mayormente con deuda, el peso de los intereses aumentó fuertemente. En los últimos dos años se redujo el gasto (en buena medida por aceleración de la inflación), pero la caída en los ingresos le puso un piso al déficit nacional del orden del 4% del PBI; si se suma el déficit cuasifiscal del Banco Central, será seguramente mayor que el de 2015.
 

El plan. El actual Presidente y su ministro de Economía parecen más conscientes del problema. Alberto Fernández reivindica su gestión como jefe de Gabinete en 2003-2007, único período presidencial con superávit fiscal y externo en las últimas décadas.
Martín Guzmán se mostró en su momento a favor de un tipo de cambio real “competitivo, estable y múltiple” (como el que hubo en 2003-2007), combinado con políticas industriales que contemplen ventajas comparativas dinámicas y con desarrollo de infraestructura, educación e investigación. Y criticó la política económica 2011-2015, que puso excesivo énfasis en la demanda.
 

La coyuntura actual es desafiante: es necesario achicar el déficit fiscal, pero también evitar que el consumo privado se siga reduciendo, para que no se profundice la recesión.
 

El Gobierno tuvo en cuenta estos objetivos al decidir aumentos de impuestos que recaen principalmente sobre sectores de ingresos medio-altos o altos, y mayores pagos a jubilados y pensionados de haberes mínimos y perceptores de AUH.
 

Si, como es de esperar, los “ganadores” gastan en bienes y servicios nacionales una proporción mayor de su ingreso que los “perdedores”, el consumo puede aumentar, aunque el ingreso disponible total (luego de pagar los impuestos) disminuya. Pero todavía el camino no está para nada firme. Las medidas para reducir el déficit fiscal no parecen suficientes por sí solas para lograr estabilidad. Si el gasto público no aumenta en términos reales y se logra una reactivación que en poco tiempo recupere el nivel de producción de fines de 2017, el déficit fiscal se reduciría más, permitiendo mayor optimismo. Pero sin esa reactivación, serían necesarias más medidas de aumento de ingresos y/o reducción de gastos, con las complicaciones que ello supone.
 

Revertir el déficit externo representa un desafío aún mayor. Desde las elecciones hubo superávit (las reservas internacionales aumentaron sin tomar deuda externa), pero parece precario porque: a) está sostenido por restricciones cambiarias, cuya efectividad tiende a ser mayor al principio, pero se debilita cuando los privados le “encuentran la vuelta”; b) el superávit comercial fue consecuencia de la recesión. Si se reactiva la demanda interna, aumentarán las importaciones, afectando negativamente el saldo externo; c) hay tendencia al retraso cambiario, que resta competitividad a los bienes nacionales.
 

Desde mediados de agosto el dólar oficial está casi inmóvil, pese a una inflación mayor a 20%. Según la serie de tipo de cambio real multilateral del BCRA, el dólar de mediados de enero es 23% más bajo que el que hubo, en promedio, cuando Alberto Fernández era jefe de Gabinete. Y el dólar “razonable”, de $ 60 en agosto, equivaldría a $76 hoy, en línea con el dólar Blue que se negociaba al cierre de esta edición a $77,50 para la venta.
 

En el corto plazo, el Gobierno parece priorizar la reactivación de la demanda, que requiere que la inflación no se acelere. Entonces, se buscó inmovilizar al dólar oficial y las tarifas, para que “anclen” al conjunto de los precios, mientras la economía se “enciende” y se acomoda.
 

El riesgo es que el corto plazo no termine nunca, el dólar se siga abaratando, el Gobierno se enamore de sus ventajas, y sigamos empantanados en los déficits fiscal y externo.
 

José Alfredo Giménez cantaba “Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores”. ¿Seguiremos cantando lo mismo?

 * Economista y profesor
de las universidades Nacional y
Católica de La Plata. 

por Francisco Eggers*

Galería de imágenes

En esta Nota

Comentarios

Espacio Publicitario

Espacio Publicitario