El ministro de Economía, Martín Guzmán, detallará en su próxima comparencia en el Congreso, entre el 12 y 17 de febrero, las metas fiscales y comerciales de la Argentina a mediano plazo, es decir, el ahorro público y el balance de exportaciones e importaciones necesarios para recuperar la economía y a la vez generar los pesos y dólares para pagar la deuda. A partir de esos objetivos, se podrá inferir cómo quiere reestructurar el cronograma de vencimientos del pasivo tanto en manos de los bonistas como del FMI, aunque aún restará por dilucidar cómo se afectará a cada uno de ellos. Recién en la tercera semana de febrero comenzará el intercambio oficial de visiones con los acreedores privados y en la segunda semana de marzo se definirá la oferta de canje de deuda.
El Gobierno prevé tratar del mismo modo a los tenedores de títulos emitidos con leyes argentina y extranjera, pese a que son los segundos los más duros porque pueden recurrir a tribunales de Nueva York o Londres. Pero el ministro considera que el desarrollo del país necesita un mercado de capitales locales robusto y por eso no lo quiere castigar más que a los inversores en el exterior. Con bonos de legislación argentina hay tanto bonistas nacionales como fondos extranjeros.
Casi al mismo tiempo que la visita al Congreso, entre el 12 y 14 de febrero Guzmán recibirá la misión del Fondo Monetario Internacional, del que espera que elabore una evaluación sobre la sostenibilidad de la deuda. En 2015, cuando Ucrania reestructuró sus títulos públicos, recibió la bendición del FMI a la propuesta de quita que les impuso a los bonistas porque la consideró ajustada a su capacidad de pago y eso facilitó un canje de deuda exitoso.
En las metas fiscales y en la oferta a los bonistas estará implícita la reestructuración del cronograma de la devolución del préstamo récord que el FMI le dio a la Argentina de Mauricio Macri en 2018 y 2019. Los vencimientos con el Fondo se concentran sobre todo en 2022 y 2023. El Gobierno prevé patearlos para más adelante, pero esa negociación en sí, que implicará un nuevo acuerdo con el FMI distinto de los que firmó Macri en 2018, comenzará más adelante. Aún está por definirse si se tratará de otro pacto stand by, que puede posponer los pagos por tres años pero solo exige metas fiscales, o uno de facilidades extendidas, que puede postergar los vencimientos por diez años aunque a cambio demanda también reformas estructurales como la laboral.
De momento, lo que Guzmán pretende del organismo es que defina la sostenibilidad de la deuda. Más allá de que haya fallado en sus cálculos cuando aprobó el rescate a la Argentina de Macri, constituye una voz independiente del Gobierno y de los acreedores que terciaría en la inminente negociación.
El ministro está preocupado por estos días porque ha visto cómo ciertos acreedores han instalado en los medios de comunicación que su postura es agresiva, sobre todo después de su exposición el pasado lunes ante bonistas y banqueros en Nueva York y tras su negativa a rescatar la deuda de la provincia de Buenos Aires. El jefe del Palacio de Hacienda, que viene de investigar durante años las deudas de los países en la Universidad de Columbia (Nueva York), considera que su oferta no será hostil ni tampoco amigable sino que buscará ser sostenible. Quiere pagar lo necesario para que la economía se recupere. Recuerda a sus interlocutores que las renegociaciones de deudas de países emergentes desde los 70 no han resuelto hasta ahora el problema de la sostenibilidad y por eso admite que la discusión que quiere dar resulta inédita en la historia. Quizá por eso es difícil de entender para los acreedores.
En el ministerio sostienen que agresivo hubiese sido declarar el default el 10 de diciembre, pero el Gobierno optó por seguir pagando los intereses de la deuda con reservas del Banco Central mientras se negocia con los bonistas. El apuro radica en que en mayo hay vencimientos de capital de deuda local, mientras que en octubre son los de legislación extranjera.
A diferencia de la reestructuración de 2005, esta vez las tenencias de la deuda no están tan atomizadas, aunque tampoco están concentradas en pocas manos. Hay muchos inversores institucionales con bonos argentinos, pero ya no plomeros norteamericanos ni odontólogos italianos, como hace 15 años.
El cronograma oficial establece que los acreedores tendrán dos semanas, las últimas de marzo, para expresar su aceptación o rechazo de la oferta final. En 2005 el plazo para entrar al canje fue de dos meses. Pero esta vez hay más apuro para evitar el default, que entonces estaba declarado desde 2001. Además, el trueque sería más fácil porque no se trata de ofrecer nuevos bonos en reemplazo de otros impagos sino de modificar cláusulas contractuales de los existentes.
A diferencia de 2005, ahora si hay mayorías extraordinarias que aprueban el canje, aquellos que lo rechacen quedarán obligados a aceptarlo y no podrán litigar, como hicieron los fondos buitre en Nueva York por los bonos defaulteados en 2001. Es por el efecto de las cláusulas de acción colectivas que se comenzaron a agregar a los títulos públicos de todos los países a partir de la experiencia argentina. Los bonos emitidos en 2005 y en la reapertura del canje en 2010, los Par y los Discount, pueden reestructurarse si se consigue el consenso del 75% del capital adeudado y además del 66% de cada una de las series de bonos en cuestión. Como esos porcentajes demostraron ser insuficientes para evitar buitres en la crisis de deuda griega de 2012, las abultadas emisiones de bonos de Macri al menos incluyeron una cláusula más favorable que permite la reestructuración en dos casos: con un 75% de aprobación total o con un 66% global sumado a un 50% de cada título. Aún está por definirse si los bonos de 2005 y 2010 se incluirán en la nueva poda: quizás se los excluye con el argumento de que sus tenedores ya han sufrido una en su momento. Además requieren mayorías más exigentes para canjearse.
En el Palacio de Hacienda alegan que el gobierno de Axel Kicillof tampoco está en una postura agresiva, como creen muchos en los mercados, sino que busca dar sostenibilidad a la deuda heredada de María Eugenia Vidal. Como tenía el vencimiento de capital del bono BP 21 en enero, previo a la reestructuración de la deuda nacional y la consiguiente definición de cuántos fondos la administración de Alberto Fernández podría enviar a la bonaerense, ambos gobiernos coordinaron la propuesta a los acreedores para postergar el pago hasta mayo.
“El aplazo es lo más prolijo y ordenado, y es una muestra de buena fe”, opinan en las huestes de Guzmán. “Ahora tocará ver si también existe buena fe de los bonistas. Si aceptan, será positivo porque ordena el proceso. Si rechazan, estos bonistas, que no son todos, estarán mostrando que quieren un proceso desordenado y será una señal para la Nación”, agregan. Mañana vence el plazo para aceptar la postergación del vencimiento.
Guzmán recuerda en reuniones privadas que Macri dejó una deuda externa insostenible e imposible de pagar en el cronograma fijado. También señala que ningún país paga los vencimientos de capital sino que los refinancia, pero para la Argentina eso resulta imposible porque ha quedado fuera de los mercados, con un riesgo país de 2.035 puntos básicos. Apunta que la experiencia demuestra que los intentos de bajar rápido los déficits fiscales, como procuró Macri, resultaron inconsistentes y los ajustes en recesiones las profundizaron. Por eso, apunta a un sendero de mediano plazo. Frente a los que lo critican por emprender otro ajuste, el ministro se defiende argumentando que los aumentos de impuestos y los recortes de gastos a determinados sectores permiten financiar la expansión de la demanda de otros.
En el ministerio defienden que existe un plan económico, aunque no se publique en un power point. Ese programa contempla distintos escenarios y cada medida que se adopta, según el joven equipo económico de Guzmán. No se lo difundirá en la web de la cartera, como piden ciertos analistas, porque consideran que se trata de una hoja de ruta variable mes a mes en la actual coyuntura crítica. Dentro de ese plan está la política de endeudamiento en pesos, que viene consiguiendo menores tasas de interés que el final del gobierno de Macri. También la coordinación con el Banco Central. Es que Guzmán no es solo un estudioso de la deuda sino un macroeconomista. Claro que a la teoría, en la que fallaron otros académicos como Federico Sturzenegger, habrá que sumarle la praxis en un país con una política y una economía complejas como la Argentina.
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