La omnipresencia del FMI en el debate sobre el diseño de la política económica tuvo durante esta semana un nuevo capítulo. Los términos del acuerdo alcanzado y cuya letra chica surge de los puntos principales, pasan por el destino específico de los fondos aportados por el organismo internacional: el saneamiento de las reservas del Banco Central, erosionadas por su gigantesca cartera de “Letras intransferibles”. Es decir, no podría utilizarse directamente para enjuagar una eventual reaparición del rojo de la Tesorería que fue el motor del vaciamiento patrimonial del BCRA.
Bajo presión. La obsesión por cerrar un acuerdo con el FMI obedece a la aritmética: mientras con un riesgo país arriba de los 700 puntos (o sea 7% más que lo que paga el Tesoro de los Estados Unidos por sus bonos a mediano plazo), acceder al portafolio del Fondo implica bajar casi 5 puntos lo que cobraría el mercado privado, a regañadientes. La incógnita gira acerca del monto por el que finalmente se reprogramarían vencimientos para alivianar la carga en forma de “fondos frescos” o alargamiento de plazos, se destinará a cambiar el signo de las reservas internacionales del Central (desde hace tres años en rojo) y de la “letra chica” de un próximo acuerdo, pero oscilaría entre US$10.000 millones y US$20.000 millones.
En definitiva, este auxilio agrega una restricción adicional a una economía que, en pocas semanas encontró varias piedras en su camino de recuperación: el súbito enrarecimiento del comercio internacional por la patada en el tablero de Trump en su guerra de aranceles; la probable desaceleración del crecimiento global para este año, la erosión de la figura presidencial por errores no forzados y la batalla contra el reloj por encontrar los fondos suficientes para no descontrolar el dólar y llegar con la percepción de un clima “normalizado” a las elecciones de octubre.
Precisamente, la discusión acerca del eventual “retraso” del tipo de cambio o al menos la pérdida de competitividad de la producción genera, sobre todo, expectativas de devaluación que traen incertidumbre y que presiona sobre la brecha cambiaria. Recordemos que el tipo de cambio oficial sigue controlado y el cepo es una promesa electoral (de 20223) que resta cumplir. El economista Osvaldo Giordano, presidente del IERAL, sostiene en el último trabajo de la entidad que fruto de un cúmulo de malas decisiones que se vienen tomando desde hace décadas, “se han ido agregando factores que conspiran contra la competitividad de la producción nacional, lo que complejiza las discusiones sobre cuál es el tipo de cambio de equilibrio”. A su juicio, un planteo más conducente es asumir que modificando el entorno que condiciona el desenvolvimiento de la actividad económica hay una gran oportunidad para aumentar la competitividad. Por ejemplo, “eliminar impuestos distorsivos, mejorar la infraestructura, aumentar el capital humano, actualizar la legislación laboral, fortalecer las instituciones y reducir la burocracia son pasos esenciales para aliviar la carga sobre la producción nacional”, subraya.
En ascenso. Según datos del Ministerio de Economía analizados por el IARAF, la recaudación tributaria nacional habría aumentado un 8,5% interanual real en el primer bimestre del año. Pero si se excluyen los tributos vinculados a comercio exterior, la suba sería de 21% en términos reales. Los tributos con mayor caída (sin tener en cuenta la desaparición del impuesto PAIS) fueron Bienes Personales (-38,2%), derechos de exportación (-35%) y derechos de importación (-1,5%). Los tributos que aumentaron fueron el que grava los combustibles (+255%), Ganancias (+40%) y Seguridad Social (36%) y más lejos, el IVA (+ 4%). Sin impuesto PAIS, la recaudación tributaria nacional creció un 12% real en febrero respecto al mismo periodo del año anterior y al excluir la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, la variación real interanual sería positiva por 21,6%.
Distorsiones. Los problemas en la estructura tributaria emergen cuando la recaudación baja, pero en realidad la oportunidad de realizar cambios de fondo surge cuando esta aumenta, aunque sea por el rebote luego de una crisis, como ocurre actualmente. Para el tributarista César Litvin, director del estudio Lisicki Litvin & Abelovich (LlyA), es importante tener en cuenta que debe ser un camino que tienda a mejorar la competitividad y a la simplificación del sistema tributario, describiendo sus problemas con realismo. “Es necesario analizar los tributos que actualmente aplican a nivel nacional, provincial y municipal, identificar y detenerse en los impuestos más distorsivos que ‘boicotean’ la competitividad, elaborar propuestas concretas y asumir nuevos desafíos para eliminar esos tributos y simplificar el sistema tributario”, sentencia.
Por ejemplo, durante 2024 hubo 154 tributos en todo el país, de los cuales 45 eran nacionales; 25 provinciales y 84 municipales. Pero sólo 10 de ellos recaudaban el 92% del total. El IVA encabezaba el ranking de recaudación con el 27% del total, seguido por las contribuciones y aportes sociales, con el 17%. Es decir, 44% está en cabeza de los consumidores y trabajadores en forma directa. Sin embargo, Litvin señala nada menos que un 7,4% se lo llevan los tributos que se consideran, distorsivos: Ingresos Brutos (que acumula el 80% de la recaudación provincial), derechos de exportación, tasa de Higiene (municipal) y el que grava los débitos y créditos bancarios.
Federalismo cuestionado. Otra cuestión que atenta contra la equidad y responsabilidad fiscal es la precariedad del régimen de coparticipación federal de impuestos: una deuda institucional impaga desde 1996 y cuya principal afectada es la Provincia de Buenos Aires. Según estimaciones de IDESA sobre datos del Ministerio de Economía, aporta aproximadamente el 33% de los recursos que forman la masa coparticipable, de la cual la Nación se apropia del 43% y el conjunto de las provincias del restante 57%. Pero la Provincia de Buenos Aires recibe sólo el 13% de dicha masa
Estos datos muestran que recibe por la coparticipación apenas 1 de cada 3 pesos que aporta a la masa coparticipable y es una de las principales explicaciones para la paradoja de que la provincia más rica de la Argentina sea dependiente de las ayudas de la Nación con transferencias discrecionales. “Los malos incentivos que genera la coparticipación son extensivos a todas las provincias. Por eso, la prioridad es establecer un régimen superador. En lugar de colocar todos los impuestos nacionales en la bolsa de la masa coparticipable, se debería unificar el IVA con Ingresos Brutos y tasas municipales en un único impuesto a las ventas que debería asignarse al territorio donde el impuesto se generó” concluye su presidente, Jorge Colina.
Transparencia. Finalmente, otra cuestión conectada con la estructura tributaria es la poca visibilidad de los diferentes impuestos que gravan, sobre todo el consumo. Matías Olivero, presidente de Lógica, una entidad sin fines de lucro que procura la transparencia impositiva para facilitar el conocimiento de los consumidores. Por eso, ven con buenos ojos la disposición nacional para que se discriminen los cargos tributarios en los impuestos nacionales de IVA, internos, a los combustibles, desde el primero de enero para los grandes comercios y desde el primero de abril, para los demás comercios. “Como impulsores de este régimen, le mandamos una carta a los 24 gobernadores para que contesten la pregunta de si se van a adherir al régimen o no y ya adhirieron las cinco primeras: Entre Ríos, Misiones, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, y Chubut”, señala Olivero. Igualmente, estos son compromisos y la decisión depende de la legislatura o de un decreto provincia, ya que no se trata de crear un nuevo impuesto sino cambiar la forma de informar al consumidor.
Muchas oportunidades de mejora a la vista para, finalmente, poder cumplir con la promesa de aliviar la carga impositiva y recaudar más… siempre que la “macro” ayude, claro.
por Tristán Rodríguez Loredo
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