Durante los casi cinco años de altísima inflación (con tasas de entre 36% y 211% anual en el período entre 2019 y 2023), muchas variables se fueron desmadrando, pero una quedó aparentemente resguardada: la desocupación. Según la última cifra que diera a conocer el INDEC, la tasa de desempleo abierto arrojó 5,7%, una de las más bajas de las últimas décadas. Por lo tanto, no era un aspecto de discusión entre economistas ni una variable sensible al momento de plantar las bases de la política económica futura. El único problema era que había un “equilibrio parcial”: podía haber baja desocupación y el mercado laboral ofrecía muchos flancos débiles al mismo tiempo. La gran pregunta que surge es, una vez puesto en marcha un programa de contención inflacionaria y sinceramiento de variables, cómo impactará en lo que se salvó de la inundación: el nivel de ocupación.
Los cambios. “El principal factor causal del deterioro social y, particularmente, de la alta y creciente incidencia de la pobreza es la insuficiente generación de empleos de calidad. Se trata de un fenómeno de larga data que se intensificó en la última década”. La frase, contundente, pertenece al último informe del IERAL que, en su serie de documentos del Programa de Asesoramiento Legislativo (PAL). En este caso, es sobre cambios en las normas laborales que intentan conciliar la creación de empleo y sin un descalabro en la contratación de trabajo por los ajustes que el sector productivo.
Como en un juego de Jenga, la economía argentina se fue transformando, a fuerza de regulaciones, cepos y controles de precios, en un gran desafío para cualquier hacedor de política económica: cualquier pieza que se toque traería el riesgo de una reacción en cadena que termine derrumbando la torre.
Hay un dato que es incontrastable y que ayuda a matizar el éxito de los sucesivos gobiernos en materia de empleo. Desde que el crecimiento entrara en una zona de estancamiento (2011) el empleo formal privado (se supone que debería ser el más productivo y el que, por ello, paga mejores salarios), permaneció casi inalterable. En 2011 había 6,5 millones de asalariados de esta modalidad y en 2023 habían subido a 6,8 millones, menos que el crecimiento de la población (5% contra 10% en esa década). O sea que proporcionalmente esta modalidad de empleo (31% del total de 20 millones que es la población económicamente activa -PEA-) perdió posiciones frente a la gran ganadora de este movimiento: la informalidad y cuentapropismo (52% del total el año pasado), que creció de 8,7 millones a 10,4 millones de ocupados (+19,5%). En cambio, los estatales (en los tres niveles -17%-) treparon de 2,8 millones a 3,5 millones (25%), lo que constituyen la mayor tasa de crecimiento de las tres modalidades.
¿Es sostenible esta tendencia? Allí se dividen las aguas. Para una parte del oráculo de economistas, se debe incentivar el empleo más productivo ya que genera mejores condiciones de trabajo con mayor efecto multiplicador. Pero allí entran a jugar las regulaciones que hoy pesan sobre el mercado laboral y que, a juicio de esta visión, oficiaron de lastre en su crecimiento: judicialización de contratos, períodos de prueba, capacidad de negociación colectiva a nivel empresa y habilitar la posibilidad de convenir otras formas de indemnización. Los salarios reales privados formales cayeron 12 puntos desde noviembre de 2023 pero a partir de febrero comenzaron una lenta recuperación, debido a la desaceleración de la inflación y la actualización de las paritarias. Sin esa herramienta que permite, aunque con retraso, seguir de cerca al alza de precios, los que llevan la peor parte son los estatales y, sobre todo, los informales.
Desiguales. En el primer caso, los empleados del sector público tienen que enfrentar una severa restricción presupuestaria de su “empleador”, en todos sus niveles. El apretón monetario para dejar de financiar el agujero negro del rojo del Tesoro, por ejemplo, significó que en las estimaciones de Nadin Argañaraz, presidente del IARAF, los pasivos monetarios del BCRA se redujeron un 35% real interanual; la base monetaria cayó 38% real y los pasivos remunerados un 34% real. En cuanto a las provincias, el flujo de fondos nacionales también se precipitó: las no automáticas giradas en el primer cuatrimestre del año se redujeron un 84% real. “Todas las jurisdicciones tuvieron caída. Las menores se observaron en CABA (-10,4%), Santa Cruz (-51,3%), y Chubut (-61,8%); en el otro extremo, 10 jurisdicciones tuvieron caídas reales iguales o superiores al 95%”, subraya el economista.
De todos modos, además de la dificultad de establecer acuerdos para actualizar ingresos, la brusca caída de ingresos se montó en la ola de recortes de puestos de trabajo que el Estado Nacional lleva adelante. Si bien el plantel estatal no constituye el principal núcleo laboral, en algunas jurisdicciones tienen bajo su responsabilidad servicios esenciales y además con un poder de coacción importante.
En el caso de los informales, su suerte está atada a los vaivenes de la actividad económica. Según la última medición del INDEC, el índice de producción industrial cayó en marzo pasado 21,2% interanual. La construcción también acusó una baja importante y la pregunta es si marzo representó el piso a partir del cual el rebote comenzará a observarse o todavía hay que esperar. El impacto de estos datos se da sobre todo en los sectores que no tienen un paraguas institucional (convenios de trabajo) para amortiguar estas tormentas económicas. “El mal funcionamiento del mercado de trabajo es la consecuencia de varios factores. Ciertamente uno muy importante es el estancamiento en la producción. Con el producto bruto interno (PBI) prácticamente constante a lo largo de toda la década es previsible que no se generen empleos de calidad. Pero hay que considerar que el inadecuado diseño de las reglas laborales es una de las causas que desalienta la inversión y la producción”, concluye el texto del PAL.
Para el economista de IDESA Jorge Colina, las transformaciones imprescindibles en el orden económico e institucional deben ser abordadas de manera simultánea. “Dentro de ellas, una muy importante para la recuperación del empleo y que suscita muchas resistencias es la reforma laboral. La pregunta que cabe hacerse es si están dadas las condiciones para abordar una discusión seria, desapasionada y conducente hacia la modernización de las instituciones laborales”, propone. Es una pregunta con respuesta inducida, sobre todo por la historia reciente de las políticas evasivas y cortoplacistas que se eligieron sobre la materia. Colina sostiene que, como menos de un tercio de los trabajadores están amparados por la legislación laboral del sector privado, no solo es urgente actualizar la legislación laboral, sino que también debería haber menos resistencias a hacerlo. “Las inercias y el conservadurismo generalmente se amparan en la irrenunciabilidad de las conquistas logradas con el tiempo y que gozan los asalariados registrados actuales”, apunta.
El espejo vecino. El IERAL propone mirar de cerca un caso de éxito en la modernización sin ruptura del mercado laboral que fue Brasil, cuando a partir de 2017 introdujo importantes cambios sobre sus instituciones laborales. Dichas transformaciones fueron en la dirección de valorizar las negociaciones individuales y colectivas, desalentar la litigiosidad; adaptar los contratos al Siglo XXI; contemplar situaciones de empleo volátil y de jornadas discontinuas; flexibilizar salarios nominales de jerárquicos y de trabajadores calificados. “En esencia, colocar incentivos para dirimir diferencias dentro de la empresa y no en la Justicia”, concluye.
Desde ese entonces, se generaron 3,75 millones de nuevos puestos de trabajo privados formales, contra sólo 68 mil en Argentina. Pero, sobre todo, fue acompañado de dinámicas productivas muy diferentes que derivaron en la gran ventaja que el PBI de Brasil tomó sobre el argentino: 18% más entre 2017 y este año. Un juego de suma positiva en la cual las instituciones laborares también recibe el rebote de los incentivos a invertir y producir.
por Tristán Rodríguez Loredo
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