Mientras el intercambio comercial global transita aceleradamente hacia su transformación digital, lo que se conoce como “economía del conocimiento” se encuentra en una coyuntura singular. Por un lado, una tendencia favorable para el ADN empresario argentino y la capacidad de insertarse de lleno en esta corriente. Pero también buena parte de esa “mano de obra calificada” aprovecha los huecos que ofrecen las distintas plataformas para trabajar directamente para clientes del exterior, cobrar sus servicios en dólares puestos en cuentas offshore, sin ningún rastro para la AFIP. El Gobierno anunció un régimen especial pero las dificultades corren la suerte de otras exportaciones en un mercado con escasez aguda de divisas. Las empresas que comenzaron a pagar entre el 20% y el 30% de los salarios en dólares billete, lo hacen con aportes de capital (de filiales del exterior) y no por ganancias en pesos producidas por su operación.
Pero a diferencia de los que formulan lineamientos de política económica, los actores del sector se adaptan con el ritmo propio de quienes interactuan en un mercado que hace de la velocidad una virtud. Marcelo Elizondo, director de DNI Consultores, dice que el tema se enmarca en una tendencia mucho más integral. “Hay ciudades que extienden una visa para que la gente trabaje desde allí para terceros países”, acota. Si en el mundo hay 3.000 millones de trabajadores, casi 1.500 millones lo hacen conectados a internet. “Debemos replantearnos qué significa, en realidad, trabajar para otros países, porque la interacción es cada vez más frecuente”, agrega.
Por su parte, Luis Galeazzi, director ejecutivo Argencon, que agrupa a las empresas más importantes que exportan “economía del conocimiento” se refirió a la iniciativa del oficialismo para crear el “monotributo tech” por el cual los autónomos que prestan servicios al exterior pueden facturar en blanco, sin tributar impuesto a las Ganancias y recibiendo los pagos directamente en sus cuentas en dólares, hasta US$30.000 anuales. “Sencillamente es una forma de crear acceso a dólares libres para el prestador del servicio, pero no es una solución, sólo un parche”, sentencia.
“El mercado laboral es uno solo: no se puede sectorizar entre freelancers y contratados por empresas porque es muy abierto, con un flujo constante entre uno y otro”, agrega. La posición oficial de la entidad es que se plantea una asimetría para las empresas que no tienen acceso a otra cosa que el mercado oficial. “La real creación del valor no está en el trabajo individual, sino en empresas modernas y organizadas que potencial el conocimiento colectivo”, explica Galeazzi. En esta visión se objeta que el Estado promueva finalizar la relación laboral con una empresa y se instale por su cuenta.
Se estima que hay 480.000 empleados en dicho sector, de las cuales 150.000 están en compañías informáticas. En Argencon estiman que en los últimos años estuvieron saliendo 100.000 empleos que se fueron al segmento “offshore”.
En eso, el aspecto impositivo también pesa, además de aprovechar la brecha cambiaria. El tributarista César Litvin cree que el que ya está en el circuito informal le costará pasarse al formal. “Es otra nueva distorsión por lo impositivo y generará una violación de igualdad ante la ley ya que si se factura el monto previsto para otra actividad lo pasan automáticamente del monotributo al régimen general. Además, cuando sea aprobada la ley deberá reglamentarse y ya vimos la demora usual (meses y hasta años) por lo que percibo una jugada de marketing más que una medida efectiva”, concluye. Su preocupación radica en que no existe un plazo para su reglamentación, lapso durante el cual se pueden limitar los beneficios.
Cuesta arriba. “Supongo que el monotributo tech es una buena idea para resolver un problema, pero sin tener en cuenta las consecuencias mediatas”, explica Gustavo Guaragna, CEO de Snoop Consulting, una típica PYME de este segmento con 23 años de vigencia, que ocupa a 70 personas en forma directa. Las razones por las que el empresario cree que existen perjuicios son, principalmente, cuatro y afectan no sólo a las compañías establecidas, sino al fisco, al sector y al propio interesado. Para estas últimas, si bien ve con buenos ojos formalizar un ingreso más alto, se derriba la última defensa que protegía al trabajo formal dentro de una empresa. “Lo que se promueve es una legislación que beneficio a los que están en el pico de la pirámide de ingresos asimilando las características puntuales para los picos de trabajo a algo permanente”, detalla.
Afirma que, en los últimos años, la industria del software pasó a ser un sector estratégico con 99% de formalidad, investigación y desarrollo volcados a toda la sociedad y formando nuevos trabajadores especializados a un sistema que precariza el empleo. “Por la pandemia y por la brecha, la diáspora tecnológica no pasó por Ezeiza sino por las plataformas”, ironiza. En cuanto al impacto en las empresas, afirma que las pone en situación desigual: hay costos contingentes que no los afrontan las contratantes del exterior, agravado por una cuestión aspiracional por hacerse de dólares, que no ocurre en el mercado de Brasil o Chile, por ejemplo. Para la sociedad también cree que es negativo porque al cortar la parte superior de la pirámide laboral, se eliminan a los que permiten replicar trabajo en equipo típico del sector”, aclara. Y finalmente, afecta al propio Estado, porque no agregará dólares automáticamente, sino que probablemente se atesorarán o venderán en el mercado informal, algo muy difícil de auditar, contrastando con la etapa anterior cuando sí era factible el control sobre pocas y grandes empresas. “En definitiva -concluye- se está primarizando la exportación argentina”, enfatiza, cambiando un coyuntural aprovechamiento de la brecha cambiaria por la construcción de un sistema que desalienta la sostenibilidad de un entorno que agrega valor e internaliza el talento tecnológico”.
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