El debate parlamentario acerca del Presupuesto 2023 sirvió para concentrar la discusión que se vino acelerando a medida que la inflación iba subiendo de escalones (estacionada en la franja que va del 6% al 7,5% mensual durante el último semestre). Precisamente esta aceleración del nivel de precios puso en evidencia las dificultades del Estado nacional para poder atender un gasto público que fue subiendo constantemente en las últimas dos décadas.
Las fuentes de financiamiento del gasto habitualmente utilizadas: aumentar los impuestos (creando nuevos o aumentando alícuotas de los existentes), endeudarse o acudir a más emisión monetaria; ya fueron exprimidas al máximo. La presión impositiva está cerca del máximo del 32% de 2015 (sumado el nacional y provincial), medido por el IARAF. Pero sumado a las tasas municipales y al efecto tributario de una inflación de tres dígitos, le da la razón a quienes creen que no hay espacio para seguir aumentándola sin antes realizar una profunda reestructuración.
Algo similar ocurre con la emisión monetaria: la situación extraordinaria durante los primeros meses de la pandemia, en que todos los países financiaron su déficit por la inactividad impuesta, camufló que se había podido hallar la fórmula de la felicidad para cualquier ministro de Economía: imprimir billetes y repartir plata sin graves consecuencias inflacionarias. Fin del cuento: desde fin de 2020, en Argentina la correlación volvió al número histórico: casi 1 y en todo el mundo, el alza del IPC es el problema más urgente. No hay alquimia posible, tampoco, por este flanco.
La deuda fue, ocasionalmente, el otro formato de financiar gastos sin freno. De hecho, durante el primer trimestre de este año, según datos oficiales, sólo la deuda bruta de la Administración Central llegó a US$378.500 millones (casi 80% del PBI).
La poda. El recurso que queda, quizás el más genuino, pero el que más demora en ponerse en marcha, es el de operar directamente sobre el mismo gasto: bajarlo. Pero una cosa es decirlo o hasta convertirlo en una consigna política, y otra es hacerlo con realismo y eficacia.
El economista Orlando Ferreres, director del O.J. Ferreres & Asociados, estima que desde la salida de la convertibilidad el gasto, medido en términos de PBI, subió al menos 10 o 12 puntos. “El gasto público viene creciendo desde que se consiguieron superávits gemelos (fiscal y comercial) gracias a una gran devaluación y la licuación del gasto público. Luego se tomó otro camino y el gasto empezó a crecer más que la recaudación y llegamos, 15 años más tarde a más del 42% del PBI para el total consolidado”, analiza. Para bajarlo en el corto plazo, advierte que la única alternativa es ir hacia un tipo de cambio realista porque no es sostenible una brecha del 100% que no alienta exportaciones, que es lo que se precisa para romper con la escasez de dólares y volver a crecer.
Para la economista y profesora de la UCEMA Diana Mondino “hay datos duros que evidencian que casi se duplicó en el consolidado y los impuestos fueron aumentando a la par. El déficit es por gastar más que lo que crecen los impuestos, deuda genera por la que hay que pagar intereses con lo cual cada año se va agravando”, sostiene. Pero da una pista en esta discusión: no es si se puede bajar el gasto sino cómo bajarlo. “Después de la reestructuración de deuda no hay financiamiento a bajo costo y se recurre a la emisión. Si el gasto no se reduce será muy difícil evitar una espiral inflacionaria y dónde sí hay mucho por hacer en energía y las empresas públicas”, sentencia. Observa que con elevada presión impositiva es difícil que se reanime la actividad económica y, además, es complicado reducir impuestos porque no aumenta la producción inmediatamente y sí elevará el déficit en el corto plazo.
Por su parte, Ariel Barraud, director del Instituto de investigaciones económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, indica que más allá del COVID, siguen los problemas tienen que ver con el déficit fiscal y su financiamiento que, enfatiza, genera luego otros problemas “como la inflación, la falta de crecimiento y apertura al comercio del país (por los elevados y anti productivos tributos) y el castigo vía riesgo país por el alto endeudamiento, todo consecuencia de gastar más de lo fiscalmente posible durante muchos años”.
Federal. Jorge Colina, economista de IDESA y coautor del libro “Una vacuna contra la decadencia” en que se realiza una serie de propuestas concretas para atacar el problema y relanzar la economía argentina hacia un sendero de crecimiento sostenible, para cerrar la brecha fiscal de unos 6 puntos del PBI, la forma no es con el lápiz rojo tachando partidas sino hacer un severo reordenamiento del Estado. “Básicamente las provincias y los municipios se tienen que hacer cargo de recaudar sus propios impuestos (por ejemplo, los que gravan el consumo: eliminar Ingresos Brutos a cambio de obtener la totalidad del IVA) y se hagan cargo de todas las funciones básicas: asistencia social, educación, salud pública y seguridad”, argumenta. La Nación debería concentrarse en las funciones interprovinciales: infraestructura de transporte nacional, relaciones exteriores, defensa, justicia federal, seguridad social y universidades.
El cómo. Si en lugar de pensar en cirugía mayor inmediata se focaliza en cortes selectivos y un plazo más largo, Sebastián Menescaldi, director asociado de la consultora Eco Go adhiere a esa idea y afirma que dónde hay realmente “tela para cortar” es en los subsidios sociales y económicos. En el primer caso afecta a sectores más vulnerables y en otros a la clase media elevando el costo de su canasta de bienes. Sin embargo, la inflación ya va haciendo parte de este trabajo sucio. “Las prestaciones sociales ya están licuándose por la inflación porque se aceleró”, aclara. ¿Dónde se puede cortar? Da un ejemplo, jubilaciones de privilegio: 6,4 millones de beneficiarios insumen 6% del PBI, otros 836 mil reciben 1,8% del PBI y 330 mil un 0,8% PIB. “Aunque sea plantearlo de acá en adelante, pero es importante empezar a transitar este camino”. Sólo una muestra del sinfín de inequidades y suma de capas geológicas de “derechos adquiridos” que el fin de ciclo obliga a replantear con racionalidad, antes que otra gran crisis lo haga de manera abrupta e incontrolable.
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